Organismos de derechos humanos marcharon contra la prisión domiciliaria que beneficia al ex comandante de Gendarmería Adolfo Kushidonchi.

Veintidós años de prisión por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar. Esa fue la condena que recibió en mayo pasado el ex gendarme por su responsabilidad en aquellos como director  de la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno, donde fue escrachado el sábado pasado.

Pablo Contreras, integrante de H.I.J.O.S Zona Oeste, declaró que “lo que hacemos en la marcha es visibilizar la cara y el nombre de Adolfo Kushidonchi para que los vecinos de Moreno sepan que vive un genocida entre ellos. Ya que la prisión domiciliaria es  violada y no hay forma de controlarla”.  Aparte de H.I.J.O.S de Zona Oeste, participaron del escrache integrantes de Moreno por la Memoria y otras  agrupaciones y organizaciones de derechos humanos. La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron  frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a  la Municipalidad de Moreno y terminaron el recorrido en la vereda de la casa  Kushidonchi, sobre la Avenida Bartolomé Mitre.

Micaela Corzo,  militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) expresó: “Estamos comunicando que a un genocida le dieron 22 años de condena y demostramos que tanto para los represores de ayer y hoy el Estado sigue garantizando impunidad dándoles la oportunidad de estar en prisión domiciliaria”.

La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a la Municipalidad de Moreno.

Kushidonchi fue localizado en Moreno en el año 2006, en la catedral local. El represor de Coronda realizaba diferentes tipos de actividades en la recepción y además era el encargado de abrir y cerrar las puertas del templo. En una de las reuniones sociales del lugar fue reconocido por un grupo de militantes,  entre los cuales se encontraban Luis Brunatti y Alfredo Moffatt, quienes comunicaron el hallazgo  al Director de Derechos Humanos del Municipio,  Miguel Fernández.

La información de la aparición del ex integrante de Gendarmería en Moreno  llegó en consecuencia a H.I.J.O.S de Santa Fe, en donde aquel había actuado al servicio de la última dictadura. Los miembros de esta agrupación realizaron las denuncias correspondientes con sus abogados, reiniciando el proceso judicial contra Kushidonchi que había comenzado en el año 1984 y había quedado estancado tras perderse su rastro. La lucha de H.I.J.O.S de Santa Fe y Zona Oeste prosiguió durante varios años: 60 personas relacionadas con las denuncias contra la represión ejercida por Kushidonchi testimoniaron, junto con alrededor de 20 familiares,  en audiencias sucesivas desde diciembre del 2017,  logrando la condena del represor en mayo pasado.

Kushidonchi goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno.

Sin embargo, a pesar de que fue acusado y condenado por tormento agravado a 36 personas y una muerte,  durante su mandato en Coronda, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, por problemas de salud. Rosa, una de las participantes del escrache, explica: “Nosotros como militantes que somos tenemos una postura activa frente a la lucha y frente al escrache en particular. Como ciudadanos necesitamos que todos los genocidas estén en la cárcel, es por ello que al no ser así, estamos decididos a escrachar a Kushidonchi y a seguir la lucha hasta que se realice justicia. Queremos cárcel común para todos los genocidas y como en esta situación no se ha tenido el accionar correcto frente al represor, hoy hay escrache”.

Augusto Saro, uno de los ex presos del penal de Coronda bajo la gestión de Kusidonchi, recuerda: “El régimen consistió en el aislamiento externo e interno, ellos  trataban  de evitar que tuviéramos  contacto con nuestros familiares e hijos, además no nos permitían tener ningún tipo de relación entre nosotros. Sacaban a compañeros  solo para ser llevados a los juzgados o a las cárceles y para ser torturados. Establecían  23 horas de encierro con una hora de recreo que por cualquier acción que lleváramos a cabo nos era sacada, lo cual implicaba prácticamente 24 horas de encierro”.  Y agrega: “La celda en la que estaba no tenía nada  más que un plato y el jarro  para comer. También existían  celdas de castigo donde éramos  aislados sin ningún motivo”.

Por su parte Francisco Ravas, secretario del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N°21  Doctor Ricardo Rojas, también participante en el escrache, expresa su postura: “Creemos que tenemos que mantener viva la lucha por la memoria, verdad y justicia, por los 30.000 compañeros desaparecidos. Por eso como estudiantes y futuros profesores queremos sostener estas banderas para construir un país mejor”.

 

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