Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.
Una pena de muerte sin juicio previo ejecutada por el propio querellante. Este es el accionar que avanza de la mano de las fuerzas policiales de seguridad de la Nación, según las organizaciones ocupadas y preocupadas por los Derechos Humanos de la Niñez que denunciaron ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU al Gobierno nacional por llevar a cabo un “brutal despliegue de represión estatal”. Así lo sostuvo Marcela Val, referente de la organización Che Pibe de Villa Fiorito, en una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso de la Nación, el viernes último, que contó con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Victoria Donda, diputada nacional y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
Las organizaciones denuncian frente al Comité de las Naciones Unidas “el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violando regulaciones fundamentales del estado del Derecho y la seguridad democrática, tales como el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, denunció Gabriela Tosoroni, delegada general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). El Código de Conducta que dictaminó la ONU sostiene: “El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños”.
Por su parte, Pérez Esquivel, en referencia a la denuncia dijo: “Esto que mandamos a Naciones Unidas es fundamental para poner en evidencia lo que está pasando con la infancia hoy, y por eso digo que si un gobierno no privilegia a los niños está dañando el presente y el futuro de nuestro pueblo”. Señaló al gobierno de Cambiemos como el hacedor de estas políticas de “exclusión” y agregó: “Esto no es un problema puntual, esto es un problema estructural y tenemos que apuntar a los cambios de estructura. Vemos un retroceso en la política de Derechos Humanos de la infancia muy preocupante frente a un gobierno que privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo, y lógicamente los más afectados y los más indefensos son los niños y niñas. Esto es preocupante porque una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y lamentablemente no es así”.
Durante el gobierno de Cambiemos, hubo más de un muerto por día debido al uso de las fuerzas del Estado, según datos de Gabriela Tosorini (SENNAF).
“Hay que insistir en que los Derechos Humanos son integrales, que Derechos Humanos y democracia son valores indivisibles. Si se pierden los Derechos Humanos, la democracia se debilita”, sentenció Pérez Esquivel, a lo que Victoria Donda agregó: “Tenemos que seguir peleando por una sociedad con más democracia y con más Derechos Humanos para todos, y eso también significa dejar de tener una Ministra de Seguridad que se pare ante las fuerzas de seguridad que tenemos en nuestro país y las incite a cometer delitos –en referencia a las declaraciones de Patricia Bullrich quien justificó el accionar de las Fuerzas-. Lo que hizo fue hacer apología del delito y todos estamos en riesgo, sobre todo aquellos niños y niñas que están en nuestros barrios, que están en la calle y a quienes deberíamos proteger”. Sobre este tema, Nora Cortiñas añadió: “La ministra de Seguridad convoca al delito, convoca a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país”.
Uno de los casos que detalla la denuncia presentada por este colectivo es el de Facundo Ferreyra, el niño de 12 años asesinado el 8 de marzo en Tucumán. Mariana Paterlini, directora institucional de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que patrocina a la familia del niño, explicó sobre el asesinato de Facundo: “Se trató de una ejecución extrajudicial, una muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado tenía con Facundo obligaciones reforzadas de protección. Las fuerzas de seguridad, como parte del sistema de protección integral de la niñez, debieron asumir con él un rol activo en la prevención de la violación de cualquiera de sus derechos, en particular con la protección de su vida”.
«Cuando la gorra crece, los derechos desaparecen», decía una de las pancartas que sostenía un grupo de jóvenes.
Pero el caso de Facundo lamentablemente no es el único, se han registrado más casos de asesinatos a menores por parte de la fuerza pública. Gabriela Tosorini (SENNAF) presentó los datos que dan cuenta de la situación de militarización de la vida ciudadana: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el 2017 dispuso 27.000 efectivos para un territorio de tres millones de habitantes, un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia, triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. En su primer año en las calles, la policía de la Ciudad mató a 24 personas en casos de gatillo fácil, dos por mes. Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017 reveló que en 721 días de gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas del Estado”, alrededor de una muerte diaria y agregó: “Estudios sociales han relevado que en 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio, es decir, de franco o retirados, un 66 por ciento del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”.
En el cierre de la presentación Nora Cortiñas dijo: “El abuso hacia los menores está en donde el Estado mira para otro lado, donde no se presta atención, donde no se escucha a los niños”. Bajo un anhelo efusivo hacia los presentes, pidió: “Debemos exigir que los niños sean escuchados. Porque los niños no son el futuro, son el hoy”.
