Al ritmo de “Mauricio Macri la puta que te pario” y al choque de las ya clásicas cacerolas, alrededor de las 20, en las esquinas de los principales barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano y también en provincias del interior se llevó a cabo el “ruidazo” contra el “tarifazo” y el ajuste. Los bocinazos, cánticos y carteles con expresiones como “Me sobra mes al final del sueldo” y “Macri para la mano” aparecieron en La Boca, Barracas, Boedo, Villa Crespo, Almagro, Moreno, Hurlingham, Loma de Zamora, Lanús, Varela, Parque Patricios, Ituzaingó, González Catán, Avellaneda, Caballito, Tigre, en la esquina de la Quinta Presidencial de Olivos, en el Obelisco, Santa Fe, San Juan y Misiones, entre otros puntos. A esta medida de protesta se sumaron los inquilinos quienes además de ser golpeados por el aumento de las tarifas de los servicios son asfixiados por la suba de los precios del alquiler. Los manifestantes exigieron frenar con el abuso por parte de las inmobiliarias y poder alquilar bajo mejores y más justas condiciones. La situación es acuciante, según un informe de la Federación  de Inquilinos Nacional (FIN) el 17 por ciento de los hogares de la Argentina accede a la vivienda a través del alquiler.

María Olmedo, asesora e integrante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados planteó que el principal reclamo de los inquilinos es que el precio de los alquileres son desmedidos, debido a que suben por encima no sólo de los salarios sino, también, de la inflación. “En la renovación, los alquileres están subiendo alrededor de un 30 y un 60 por ciento, anualmente en los contratos ya figuran aumentos semestrales de entre un 12 y un 15 por ciento”, dijo la asesora. Según un informe del portal inmobiliario ZonaProp, desde principio de año hasta abril los alquileres aumentaron un 7,7 por ciento en comparación con el 6,7 por ciento de inflación que midió el INDEC. “Actualmente están librados a la voluntad del mercado inmobiliario que los fija. Si se aprueba el proyecto de Ley de Alquileres los precios se actualizarían en función de un promedio entre inflación y salario”, agregó Olmedo. 

Según una encuesta realizada a nivel nacional por el FIN, el 87 por ciento de los inquilinos cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia. Esto se debe a que no poseen capacidad de ahorro ya que destinan un 41 por ciento de sus salarios en los pagos mensuales del alquiler sin contar expensas, tarifas de los servicios e impuestos inmobiliarios. 

Uno de los inquilinos que sufre los aumentos es Federico López, tiene 25 años, trabaja como empleado en una fábrica y comparte el alquiler hace un año con su pareja. “Lo más difícil fue acomodarnos económicamente. La tercer parte del sueldo se va en alquiler y un 40 por ciento en servicios”, dijo. López tuvo que recortar gastos como las salidas de los fines de semana. Está descontento con ciertas condiciones edilicias del departamento, cuyo mantenimiento debería correr por cuenta de los propietarios. “Hay goteras, problemas con el baño y la puerta del mismo”, agregó. Karen Sosa, también se encuentra asfixiada por la cuentas, ella es empleada doméstica y alquila junto a su pareja hace 8 años. El cincuenta por ciento del ingreso total familiar lo utilizan  en el alquiler y otros diez en servicios. Ambos cuentan con un sueldo mínimo y debido al “tarifazo” tuvieron que renunciar a muchas cosas, entre ellas, las salidas, tuvieron que acostumbrarse a comer siempre en la casa, comprar cada vez menos ropa y artículos que no son de primera necesidad. “No podés ahorrar, pensás dos veces antes de comprar algo. Limitamos los ingresos a las prioridades y si queda un resto, sí salimos o compramos comida afuera. En cuanto a lo cultural te limita mucho, si antes podías ir al cine o al teatro, ahora olvidate”, dijo decepcionada.

Olmedo planteó que las garantías, en tanto título de propiedad inmueble representan un gran problema para los inquilinos que no la poseen, y un gran negocio para quienes sí las tienen. Hay empresas que se dedican a vender garantías para poder acceder al alquiler de una viviendo como FINAER y Monclair, entre otras. El valor de estas garantías suele ser alto y a diferencia del depósito es un dinero que el inquilino no recupera nunca más. Según la asesora, esta traba al momento de alquilar se podría solucionar pidiendo otro tipo garantía como el recibo de sueldo o un monto más elevado de depósito.

Muchos de los inquilinos que no cuentan con garantía son extranjeros. “Las inmobiliarias les hacen contratos temporales, que en realidad son alquileres de vivienda encubiertos, por seis meses o máximo un año”, contó Olmedo. Por ley, los alquileres temporales son aquellos que se realizan por hasta tres meses, con fines turísticos, mientras que los inmuebles para ser habitados se alquilan por un mínimo de dos años: “Pagan comisiones, depósitos más grandes, a veces les cobran hasta casi el doble de alquiler, porque consideran que te les están haciendo un favor”, agregó. Ese es el caso de la colombiana Marilyn Herrera. Ella alquila hace tres años una habitación individual en Capital Federal, que comparte con más extranjeros. Cuando comenzó a alquilar en Buenos Aires no le hicieron ningún contrato, le pidieron un depósito para entrar a modo de garantía, además del alquiler. “No firmé nada, no me hicieron contrato, sólo de palabra. A los extranjeros por no tener garantía les cobran una locura de dinero para poder ingresar. Se sabe que el dinero lo arregla todo”, deslizó. Como tantos otros inquilinos su vivienda no está en las condiciones más óptimas, reclama a los propietarios el arreglo de puertas, vidrios y la mesada de la cocina, entre otras cosas.

Candelaria Gómez, no es extranjera, pero también tuvo problemas para alquilar por no contar con una garantía. Tiene 30 años, alquila de forma intermitente hace 10 años y hace cuatro que comparte los gastos con su pareja. Se aventuró a vivir sola a los 20 años, pero tuvo que volver a la casa de sus padres después de un par de años. “Recién me insertaba en el mercado laboral, estaba estudiando y no me alcanzaba lo que ganaba para vivir”, agregó. Cuando  empezó a alquilar el único bien de sus padres figuraba como bien familiar, como medida de protección contra un posible embargo. Por lo tanto, Gómez no podía usarlo como garantía. “Se me hizo cuesta arriba independizarme, hasta que conseguí una inmobiliaria que aceptó, en lugar de la garantía, que depositara más plata que lo que corresponde por ley”, contó. En la primera renovación le quisieron cobrar prácticamente lo mismo que cuando entró la primera vez. “Lo único que hicieron fue cambiar un par de fechas y datos en el Word del contrato y por eso me querían sacar un montón de plata. Además, la inmobiliaria quería averiguar mi garantía y que yo pagara por ese informe”, dijo indignada. A mí me renovaron hace poco el contrato y vino con un aumento del 40 por ciento, sumado al “tarifazo” de los servicios, estamos mucho más ajustados que hace un par de años. Sin embargo, su principal reclamo es contra el silencio que mantienen los propietarios e inmobiliarias cuando llega la época de renovación. “Es muy angustiante porque no me dicen si me van a renovar o no. Con respecto al precio, si uno los conoce y siempre te aumentan un 30 por ciento, uno lo puede prever más o menos. Pero que dos meses antes preguntes qué va a pasar y te digan que tienen que ver porque tal vez la dueña lo quiere vender o se lo quiere dar a la hija, es complicado. No te dan los tiempos para buscar otra cosa”, planteó Gómez, frustrada. 

El Proyecto de Ley busca extender el contrato de dos a tres años. “No hay inquilinos a los que le alquilen por más de dos años, sobre todo porque no hay previsión sobre cómo va a funcionar la economía en dos años ni siquiera en uno. Al regularizar los precios de acuerdo a cómo va la economía podés hacer plazos más largos de contrato”, reclamó Olmedo. Según la asesora esto les daría mayor estabilidad a las personas o familias que alquilan, porque cada dos años deben estar pendientes de la posibilidad de que no les renueven el contrato, viviendo con angustia, sin poder proyectar un futuro. “Lo peor que le puede pasar a una persona es que se tenga que ir de su hogar”, agregó Olmedo. Actualmente, no existe negociación de ningún tipo entre las partes, porque el propietario no está obligado. “Si se copa un mes antes te dice bueno vamos viendo, pero sino como suele pasar 15 días antes del fin del contrato te dice cuánto te va a aumentar y al inquilino no le queda otra que aceptar, porque no tiene tiempo de buscar otra casa”, contó Olmedo. Según la asesora el Proyecto de Ley propone que 60 días antes de la finalización del contrato el inquilino y el propietario tienen que sentarse a hablar del futuro del inmueble. 

Guido Collavini, es empleado en una gráfica, alquila un departamento en Caseros con su pareja hace 2 años y 9 meses. Como a muchos la mayor dificultad que se le presentó a la hora de dejar la casa de sus padres fue el pago del ingreso. “Actualmente no tengo un salario fijo, pero cuando lo tenía alrededor del 35 por ciento del sueldo se iba en alquiler y servicios. Para llegar bien a fin de mes debo privarme de gastos más que nada para ocio”. 

Actualmente el código civil exige un mes de depósito por cada año de contrato y es el inquilino el que debe actualizar el depósito conforme a la inflación. Según la asesora, el propietario hace circular ese dinero, es decir que lo revaloriza, por ejemplo a través de un plazo fijo. “Nosotros pedimos a través del Proyecto un mes de depósito por los tres años de alquiler y exigimos que el propietario lo devuelva actualizado,  en caso de no haber sido utilizado por deudas o arreglo de roturas causadas por el inquilino. Los inquilinos se verían beneficiados en tanto que deberían poner menos plata a la hora de ingresar”, planteó la integrante de la Asociación de Inquilinos.  

Según Olmedo, las cargas y contribuciones sobre la vivienda como el ABL y el impuesto inmobiliario son algo que debería pagar el propietario, pero por una “mala” interpretación del Código Civil lo termina costeando el inquilino. El Código Civil y Comercial dice en el artículo 1209 que “El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto pacto en contrario”. El Proyecto de Ley de Alquileres contempla esta cuestión y propone que estos costos queden a cargo de los dueños. Como así también las expensas extraordinarias destinadas a mejoras del inmueble, con el propósito de su revalorización.

Giselle Paola Verzino tiene 23 años y es Licenciado en Psicología de la UBA, alquila sola un departamento hace seis meses en el barrio de Flores. Alrededor del 30 por ciento de su sueldo lo destina a pagar el alquiler y otros 15 en servicios e impuestos. “Tengo que analizar lo que voy a comprar para comer y luego ver si puedo darme lujos como hacer un curso académico arancelado”, dijo Verzino. Ella reclama que la inmobiliaria la hace pagar por contrato cosas que le corresponden al dueño como el ABL y las comisiones de la propia inmobiliaria.

Otro de los reclamos más frecuentes según Olmedo es sobre el mantenimiento, porque las inmobiliarias o los propietarios no dan respuesta a arreglos fundamentales que necesitan las viviendas para ser funcionales. “Es un negocio en el que los dueños no quieren poner un sólo peso, quieren que el inquilino pinte, arreglé absolutamente todo, se rompe el calefón lo tenés que pagar vos”. Este es el caso de Luciano Álvarez, quien se tiene que hacer cargo de los arreglos y el mal funcionamiento de las cañerías o instalaciones eléctricas. Álvarez es docente, hace un año que vive solo y alquila. “Lo más difícil fue no tener un sólo mueble. Al no compartir los gastos con alguien más, una gran parte de mi sueldo era para pagar el alquiler y los servicios”, dijo. Según el docente debe cuidarse en ciertos gastos como comprar ropa nueva, salidas, viajar en remis y destinar ese dinero, en cambio, para las reparaciones generales del departamento. Olmedo, es inquilina, alquila por dueño directo hace ocho años junto a dos amigas, contó que ella también tiene problema con los arreglos de la casa y que el dueño ya no le atiende el teléfono. “Cuando empecé a alquilar tenía una buena relación con el propietario, pero después comencé a militar en la asociación, a conocer mis derechos y a hacerlos valer. Entonces la relación empeoró”, confesó. Gómez, también, ha tenido complicaciones con los arreglos de la vivienda. “Es una pelea constante, si tenés que pintar el baño te dicen te compro la pintura, pero pintá vos. Cuando ya pago todos los servicios, impuestos y el alquiler. Es como si fuera a un restaurante y además de pagar por la comida tuviera que mantenerle limpio el local”, dijo enojada.

Olmedo como representante de Inquilinos Agrupados pidió que el Proyecto de Ley de Alquileres se trate en Diputados, ya que cuenta con media sanción en el senado, pero desde 2016 se encuentra cajoneado. “Si este año no se trata va a caer y perder estado parlamentario. Ellos dicen que no lo sancionan porque quieren hacerle mejoras al proyecto. Yo creo que lo que buscan es dilatarlo, no quieren que haya regulación en el mercado de precios de los alquileres porque hay muchos intereses económicos en juego”, denunció la asesora.  Se refiere a la comisión de los legisladores del PRO, Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff -dueño de una empresa constructor – que realizó una serie de modificaciones al Proyecto, perjudicando los intereses de los inquilinos, beneficiando al mercado inmobiliario y provocando la caída del dictamen de la Ley de Alquileres, según Olmedo.

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