Referentes de los sectores más postergados del campo miran, a la distancia, el conflicto que marcó al kirchnerismo y explican la política agropecuaria de Cambiemos. La crisis de las economías regionales y los beneficios de los grandes terratenientes.

Se cumplen 10 años del lockout agropecuario que en marzo de 2008 llevó a cortar las rutas a productores y trabajadores rurales dando inicio a un conflicto entre organizaciones del sector empresario agro-ganadero y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La patronal, representada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina (FAA) se oponía a una medida tomada por el Ejecutivo, la Resolución N° 125/2008, que establecía un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo, el maíz y el girasol. ANCCOM dialogó con distintos referentes del “otro campo”, ese que no suele ser abordad por los grandes medios.

Libertad, la amiguita de Mafalda, de Quino, define el campo como “una cosa verde que queda lejos”. No es muy distinto a lo que gran parte de la opinión pública parecía entender en aquellos días de 2008, ya que el campo no está formado solo por grandes productores exportadores de granos, sino por una realidad mucho más compleja y heterogénea. “Eso de que el campo somos todos es una gran mentira”, dice Pedro Peretti, exdirector de la FAA y fundador de la Agrupación Grito de Alcorta. Y agrega: “Ese es el triunfo cultural de la oligarquía argentina que logró imponerlo. No es lo mismo Gabriel Batistuta, que tiene 126 mil hectáreas que Juan Chacarero que tiene cien y José Sin Tierra que no tiene nada”.

Para Peretti, que escribió el libro Chacareros, soja y gobernabilidad a raíz de este conflicto, hay otra victoria cultural de los sectores más favorecidos, que es la nula discusión acerca del latifundio. “La oligarquía terrateniente niega su propia existencia”, sostiene. “La Resolución 125 fue concebida con un error matemático y ponía a todos en la misma bolsa, entonces no había segmentación. Así los grandes productores aprovecharon para mimetizarse con los pequeños. Primero los usaron como fuerza de choque y luego para voltear a Cristina”, recuerda Peretti, que considera que la realidad agropecuaria actual no ha mejorado con el gobierno de Cambiemos. “La devaluación impactó en los costos de las economías regionales y la calidad de vida. Además, las tarifas de los servicios, las prepagas y demás aumentos hacen que estemos peor ahora que hace dos años”, concluye.

Verdurazo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de septiembre de 2016. Autora:Meza/ANCCOM

El economista Javier Rodríguez, ex secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, reconoce que la 125 cometía el error de no diferenciar a los productores por su tamaño. “Eso se intentó subsanar con las resoluciones 284 y 285, que incorporaban un mecanismo de devolución de retenciones a los pequeños productores, pero ya en medio del conflicto las entidades decían que el gobierno al final no les iba a devolver nada”.

Según Rodríguez, los grandes beneficiados por la rebaja y quita de retenciones anunciada el 17 de diciembre de 2015 por Mauricio Macri fueron los productores más grandes. “Primero, obtuvieron una gran ganancia en el stock que habían guardado durante un año sin vender. Eso solamente lo pueden hacer los grandes productores. Por otro lado, la devaluación que se implementó casi al mismo tiempo, engrosó aún más ese beneficio”. Mientras tanto, los productores más chicos vivieron otra realidad: “En 2016 experimentaron una mejora, pero ya en 2017 la inflación subió los costos y perdieron rentabilidad. Incluso los productores de soja, a los que por un lado les bajaron las retenciones, por el otro les subió el precio de las tarifas, el combustible, los fletes, y eso les dio un saldo negativo”, detalla. Otro tema que destaca el economista es la quita de retenciones en el maíz, que por un lado benefició a los productores a gran escala pero perjudicó a las producciones rurales que dependen de ese cereal como insumo. “El precio del maíz subió, entonces las producciones rurales como la lechería, la avicultura y la ganadería porcina entraron en crisis. En la que más impactó es en la lechería, que sufrió el cierre de 600 tambos en dos años”, concluye.

Manifestación de frutihorticolas. Plaza de Mayo, Buenos Aires. 24/08/16

El ingeniero agrónomo Guillermo Martini, referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), pone el foco en diferenciar la concentración productiva que existe en la pampa húmeda, donde el 70 por ciento de la producción pertenece a no más de seis mil empresas. “En el interior profundo es casi terminal la situación de algunas producciones”, se lamenta. “El grueso está ligado al consumo interno, que cayó mucho por el ajuste. En La Plata hay productores que ya no soportan el aumento de las tarifas, los fertilizantes, los fletes, los alquileres, y encima les abrieron las importaciones”. Y agrega que la fruticultura vive un momento similar. “En la Ruta 22, en Río Negro, el 30 por ciento de las chacras que antes estaban produciendo, están abandonadas. Otro indicador es que en la carrera de Agronomía de la Universidad del Comahue hay nueve inscriptos. ¡En una zona totalmente agrícola!”.

“Uno de los de la Mesa de Enlace, que hoy es ministro (nota del redactor: por Luis Etchevehere, el ministro de Agroindustria), es el responsable del saqueo de tierras y la destrucción del pueblo”, dice Deolinda Carrizo, secretaria de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). MOCASE, junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), representan a más de 500 mil familias en once provincias y reclama que ya no hay espacios de discusión entre su sector y el Estado nacional. “Hoy hay cero apoyo a las comunidades campesinas. Se subordina nuestro país a convenios con extranjeros. La quita de retenciones a la soja y a la minería son ejemplos de la destrucción del mercado interno. No hay políticas públicas para el sector y además cuando queremos defendernos hay represión”, denuncia Carrizo. Y agrega: “Hemos sido desoídos totalmente, no tenemos a donde denunciar, nuestra voz ya no existe”.

Verdurazo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de septiembre de 2016. Autora:Meza/ANCCOM

Carrizo pone como ejemplo el caso de la empresa Manaos, del empresario Orlando Canido. “En 2016 arremetió contra varias comunidades de Santiago del Estero y se apropió de tierras fiscales. Nos han quemado casas, nos han matado animales y desalojan a las familias con órdenes truchas. El juez Álvaro Mansilla les ha abierto la puerta desde lo judicial a todos estos atropellos de los empresarios”, asegura.

Ignacio Garzarón también forma parte del MNCI y da un panorama de la situación en Salta: “Aquí las comunidades wichis hacen un uso muy extensivo del monte, para buscar madera, cazar pescar, etcétera. Esa es su vida, su cultura. Cuando las fincas se fueron alambrando, porque los dueños las compraron u obtuvieron títulos de forma sospechosa, se complicó mucho su economía”. Compara la situación durante el gobierno del Frente para la Victoria con la realidad actual, y reconoce que antes los movimientos campesinos tenían un espacio, una voz que hoy ya no poseen. “Se vaciaron las políticas para el sector y se desmantelaron los organismos que nos daban un lugar. Nosotros somos campesinos e indígenas pero nuestro modelo de país no es el agroexportador. El problema es que hoy los grandes empresarios perciben que hay otro clima político y se sienten más cómodos, sea para hacer negocios o para mandarnos a reprimir. El mensaje que llega del gobierno a los que defendemos las tierras parece ser ‘basta de joda’. No te olvides que la pata sindical de la campaña de Macri fue el Momo Venegas, que nunca defendió al empleado rural sino al patrón. Esa es la señal para los empresarios, que hagan lo que quieran”.

Verdurazo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de septiembre de 2016. Autora:Meza/ANCCOM
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