Más allá del ruido que genera la Ciudad de Buenos Aires, cientos de trabajadores estatales también son despedidos en las provincias. INTI, SENASA y Ferrobaires, tres casos paradigmáticos.

El comienzo de 2018 fue más que negativo para muchos trabajadores de organismos públicos en Argentina, y no solamente para aquellos que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. De los 258 despidos en INTI, 50 corresponden a unidades de extensión en las provincias. En SENASA, en tanto, hay  130 despedidos a lo largo del país. A su vez, el cierre de Ferrobaires deja en estado de incertidumbre a 1.500 trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Tres casos que grafican la destrucción de puestos laborales a nivel estatal.

Desde hace 60 años, el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia (INTI) promueve el crecimiento industrial de diferentes ramas a lo largo del país. Los despidos afectan estructuralmente su trabajo. Juan Nicastro trabajaba en INTI desde 2008. Comenzó a cargo del Área de Comunicación en la región de Patagonia para luego ocuparse de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, hasta que a comienzos de año lo dejaron sin trabajo. En territorio cordobés, los despidos afectan principalmente las unidades de extensión de Cruz del Eje, Bell Ville y el Centro Aeronáutico Espacial.

Con respecto a la causa de los despidos, Nicastro cree que “esta es tan sólo la primera parte de una reforma del INTI”. La segunda parte de la reforma consistiría en la venta de activos para transferir los servicios del instituto: “Esto sería que las actividades de los laboratorios o controles de calidad del INTI pasen a ser llevado a cabo por empresas privadas, pero ¿quién garantiza que estos controles sean hechos con la misma rigurosidad?”, se pregunta.

Manifestación por los más de 250 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Mientras esta cuestión permanece sin respuesta, los despidos debilitan las tareas que deben hacer otros organismos estatales. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Mercedes García está cargo del Área de Prensa del organismo y trabaja en las plantas del Centro Regional Metropolitano desde hace 15 años. Su convivencia con el cuerpo técnico le permite vislumbrar el riesgo que los 130 despidos y la privatización de los servicios frigoríficos implican para el país: “Nosotros llevamos a cabo el control fitozoosanitario de todos los productos orgánicos que se mueven por el país y se exportan”, afirma.  Según García, “el personal de SENASA es de justo a pobre, porque los programas que se ejecutan para que no entren enfermedades sostienen el status sanitario del país. Si se exportan productos que transmiten una enfermedad, se cierran los mercados de exportación. Hoy en día el país exporta a más de 100 compradores, y costó mucho llegar a esta situación”.

Los despidos abarcan los centros regionales de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe (principalmente el norte de la región y la ciudad de Rosario), Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Tucumán, Río Negro y el área metropolitana de Buenos Aires. García señala: “Se trata de personas que brindan servicios hace más de 20 años al Estado, calificadas de manera positiva por sus superiores y con conductas excelentes”.

Aún continúan las tratativas con las autoridades para revisar los despidos. Diferente es lo que ocurre en el caso de Ferrobaires, que parece tener la suerte echada. El 22 de enero de 2018, el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el Decreto 1100 que establece que a partir del 15 de marzo el Estado provincial transferirá los servicios a la empresa nacional SOFSE.

Este pasaje de los dominios de la provincia a la Nación implica 1500 nuevos desempleados, de los cuales al menos 175 corresponden a las líneas de Bahía Blanca, Saldungaray, Pringles, Sierra de la Ventana, Necochea, Madariaga, Tandil y Mar del Plata.

Si bien desde la Unión Ferroviaria se lucha por transferir esos puestos a la Nación, el panorama es engorroso: la empresa apela a la posibilidad de retiros voluntarios a cambio de indemnizaciones que, según sostienen los empleados, no alcanzan para sostener una economía familiar.

Esta situación es crítica para José García, que lleva 29 años como ferroviario en Junín (donde habría más de 75 despidos) y 5 como Secretario General de la Unión Ferroviaria. “Es una forma de arriar a la gente y que se vaya por sus medios. No se quieren hacer cargo de la cantidad de gente que se queda sin trabajo. Nosotros solo queremos seguir trabajando”, se lamenta el trabajador. Lejos del centro político del país, la destrucción de puestos de trabajo en el Estado no se detiene.

 

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