La política comunicacional de Cambiemos transformó a Clarín en un gigante de las telecomunicaciones. El escaso lugar de las emisoras comunitarias, la crisis de los medios no oficialistas y el demorado nuevo proyecto de ley. Opinan los especialistas.

Después de los primeros dos años de gestión macrista, las transformaciones en en el campo de la comunicación se suman al cúmulo de medidas generales que evidencian su concepción de modelo estatal, su relación con las corporaciones empresariales y con los sectores más vulnerables. ¿El resultado? Una creciente concentración mediática que favorece a los grandes grupos económicos del sector audiovisual y de telecomunicaciones y que perjudica no solo al sector no comercial, sino también a las pequeñas y medianas empresas de comunicación.

Marcha “La Ley de Medios no se toca” en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Diciembre de 2015.

El año pasado finalizó con la firma de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que aprueban la compra de Cablevisión por parte de Telecom, una fusión que contiene una realidad innegable: el Grupo Clarín pasó a ser un gigante de las telecomunicaciones. Y aunque “las políticas de comunicación podrían mitigar estos procesos de intensificación de la concentración, lo que hacen es profundizarlo”, explicó María Soledad Segura, docente e investigadora de las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Con la consigna “convergencia tecnológica” el gobierno avala la fusión de empresas que históricamente fueron separadas por barreras regulatorias. Y con artilugios legales se saltean instancias parlamentarias para que la legislación entre en vigencia. Con el DNU 267/15, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se vio modificada y desmembrada en algunos artículos fundamentales. Por un lado destruyó la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA), así como también diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

En consecuencia, creó el ENACOM, un organismo que incluye en su directorio siete personas, de las cuales cinco son elegidas por el poder ejecutivo. Damián Loreti, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, abogado especializado en derecho a la información y uno de los principales impulsores de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aseguró que esta medida “va en contra tanto del procedimiento como del contenido que los estándares interamericanos de Derechos Humanos señalan sobre autoridades de aplicación”.

Por el otro lado, el DNU relajó las barreras de control de concentración a través de tres vías explícitas: “Primero, aumentó la cantidad medios que se puede tener. Segundo, sustrajo el cable a las reglas de los servicios de comunicación audiovisual, pensando que eso los hace convergentes. Tercero, prohibió a DirecTV hacer otra actividad que no sea la televisión satelital, y eso tenía como destino fortalecer a Cablevisión, al limitarle la competencia a DirecTV, cosa que corrigieron por presiones del gobierno norteamericano”, explicó Loreti.

En este sentido, Luis Lazzaro, periodista, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y ex coordinador del antiguo AFSCA, aseguró: “No hay nada que jurídicamente impida que esto sea resuelto desde un Congreso. Se trata de una situación claramente inconstitucional, de ningunear al Congreso argentino, de invocar pretextos que no tienen razón de ser ni de necesidad ni de urgencia”, refiriéndose a los DNU que dictó el Poder Ejecutivo desde fines de 2015 y a lo largo de su gestión.

Para María Soledad Segura, “esas medidas transitorias están reestructurando al mercado de manera muy profunda y esto va a tener implicancias muy difíciles de revertir, incluso con la mejor ley que podamos imaginar basada en el paradigma de derechos humanos”. Tal es así que la situación de los medios comunitarios, quienes tenían una expectativa de participación muy grande tras la sanción de la ley 26.522, se ve agravada. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostuvo que para el gobierno “los medios comunitarios son innecesarios porque no generan productividad de mercado”. No obstante, para ella, quien además trabaja como asesora de estrategias en gestión de políticas de medios de comunicación comunitarios y populares, “el impulso que se dio durante estos seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha dejado mejor parado al sector. De hecho, se han creado muchos medios y estos se han agrupado. Lo que tienen ahora es un ahogamiento económico”.

Allanamiento del AFSCA en diciembre de 2015.

Lo dicho anteriormente se evidencia con la suspensión de los llamados a concurso y de los pagos para el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA): “Están impagos FOMECA del 2015, están impagos la mayoría de los FOMECA 2016. El concurso de ese año se llamó recién en octubre. Y el concurso a los FOMECA 2017 se va a llamar recién en febrero del 2018 con lo cual ya tienen un retraso en los pagos y en la realización de los concursos muy importante”, confirmó Segura. Y como contrapartida -agrega- existen “emisoras sin fines de lucro, que están en situación de ilegalidad también producto de la inacción estatal, a las que se les realizó intimaciones y allanamientos”.

La promesa oficial de una nueva Ley de Convergencia Tecnológica que repararía los abusos cometidos por el exceso de DNU sigue en pie tras una tercera solicitud de prórroga por 180 días para dar a conocer el proyecto. Si bien el constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó el proyecto que la comisión destinada a tal fin había presentado en marzo de 2017, después de un año de trabajo, “todo parece indicar que al gobierno no le cerró y quedó cajoneado hasta este momento”, sostuvo María Soledad Segura. Sobre el contenido de ese primer borrador, Lazzaro concluyó: “No está mal encaminado porque retoma mucho de los principios de la ley 26522 y 27078, aunque se ve de nuevo que trata de preservar los intereses de Grupo Clarín y companía”. Desde otra perspectiva, Villamayor criticó que en el anteproyecto “el sector social no está representando”.

El año 2017 y los comienzos de 2018 mostraron cierres de medios como Agencia DyN; la revista El Gráfico; los diarios La Razón y La Mañana de Córdoba, entre otros, y miles de despidos en medios tanto públicos como privados, además de graves atrasos en el pago de salario como ocurre en Radio Del Plata o las crisis como la del Grupo Indalo. La responsabilidad de la política comunicacional de Cambiemos es evidente. Para Loreti “el panorama es más que sombrío y la responsabilidad es más que obvia”. El mal manejo de la pauta oficial sumado a una economía cada vez más recesiva parecen ser los detonantes de la situación de crisis que atraviesan no solo las pequeñas empresas, sino también algunos grandes grupos económicos: “Para algunos medios se aumentó más de un 500 por ciento la pauta y para otros ni siquiera se respeta el porcentaje mínimo que la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública dice que hay que cumplir. A esto se suma la cantidad de plata que el gobierno está poniendo en redes sociales y en medios digitales”, finalizó Loreti.

Damian Loreti en una charla por la Ley de Medios, clase de Derecho Constitucional a cargo de Andrés Gil Domínguez.
Movilización de los medios comunitarios frente al ENACOM en el edificio donde funcionaba el AFTIC.

Actualizado 24/01/2018

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