Por Mariela de la Hoz (Universidad Nacional de Moreno)
Fotografía: Sofía Solari Arena

Moreno tiene dentro de su territorio numerosas pequeñas y medianas empresas, golpeadas por la situación económica. Ante ese panorama, ANCCOM relevó el estado de situación de distintas pymes en el partido, en donde además se ha impulsado la Mesa Multisectorial para el Diálogo y el Desarrollo para intentar encontrar soluciones al actual panorama.

El subsecretario de Producción del Municipio de Moreno, Martín Arrizabalaga, explica que la ordenanza que establece la emergencia PyME tiene como espíritu traer alivio a los comerciantes y productores morenenses. Alcanza a todos aquellos que facturen hasta 48 millones de pesos anuales y se trata de una reducción en la tasa de seguridad e higiene de hasta un 50%. Las textiles, además, tuvieron una reducción en dicha tasa del 25% aun cuando superen los 48 millones de pesos en producción anual.

Bolsones de algodón se amontonan en la fábrica textil Scalter. No hay trabajadores a la vista.

La fábrica textil Scalter es una de las afectadas por la política económica actual.

En estas mesas estuvo presente el Obispado de Merlo-Moreno, representado por su vocero Mario Barbosa, quien fuera acompañado por el vicario general, padre Fabián Sáenz. Propusieron no quedarse solo con cubrir las necesidades básicas alimentarias, sino dar un paso extra en la conformación de diferentes estrategias que posibiliten paliar la grave situación. Barbosa expresó: “No podemos quedarnos con la demanda de alimentos, debemos adelantarnos en la articulación entre los sectores ya que de una u otra manera todos sufren la misma problemática”.

Caló hondo la frase de unidad que se escuchó en la mesa: “Unirse en épocas de grieta es un acto revolucionario”. Tanto que la Unión de Comerciantes y la Unión de Empresarios y Profesionales se hicieron eco de lo dicho. Esto dio lugar a la conformación de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales (UCEP).

Néstor Procopio, comerciante de Moreno, es el dueño desde hace más de 20 años de Lubricantes Moreno. Además, ocupa la Vicepresidencia de aquel organismo. “No echamos a nadie, uno ve venir esta situación y se va armando, esto lo vivimos muchas veces”, explica y agrega que sus empleados están fuertemente capacitados y no se justifica desemplearlos porque formar un nuevo trabajador es aún más costoso.  

La situación de los textiles es complicada. Gonzalo Robles, productor del rubro, dice: “No hay un mango en la calle, la gente no consume”. Explica que brinda un servicio de terminación de prendas, que cuenta con varios talleres autónomos a los que les lleva trabajo por turnos, y que los empleados que tenía hace un tiempo ya no los tiene.

Una de las máquinas de la fábrica Scalter está funcionando mientras un operario revisa su funcionamiento.

Desde el municipio de Moreno buscan aliviar la situación de las Pymes.

Uno de los abanderados de la lucha textil del Oeste es el economista Alejandro Robba, que define a la política económica actual como un plan sistemático de desindustrialización. “Esto es un industricidio”, sentencia. “Las políticas implementadas desde el 11 de diciembre del 2015 son un cóctel explosivo: devaluación, apertura indiscriminada de importaciones, tarifazos. Sofocan al industrial que no puede hacerle frente a la situación ni competir con Brasil o China”.

Arrizabalaga, en tanto, también habló de importaciones. “Se llevaron una línea de producción a Brasil”, cuenta, en referencia a una cosmética que con esa medida dejó sin trabajo a 70 personas.

El Concejal Martin Osorio, del FPV, hace referencia al artículo 8 de la ordenanza que establece la conformación de una Mesa Permanente de la Producción y el Comercio, con el objeto de fomentar el intercambio, la comunicación y el diálogo entre los actores del sector empresario local, así como con otros actores sociales y con autoridades del Municipio. “Esta es una mesa específica que atiende al entramado productivo”, señaló.

La Cooperativa Avícola de Moreno, en tanto, celebró en voz baja la medida. No puede hacerlo a viva voz ya que debe pagar 800.000 pesos de electricidad, y los cooperativistas esperaban resguardarse en un amparo judicial que frenara el aumento. Finalmente el juez falló en contra y ahora deben hacer frente a esa suma. Luis Figueroa, secretario de la comisión directiva, dice: “Esta pesadilla ya la vivimos en los 90, esperamos no despertarnos con el mismo final de entonces”. Con respecto a la ordenanza comenta: “Todo lo que sea para aliviar a los compañeros sirve, la tasa de higiene y seguridad es alta y esta quita es significativa, pero nuestra mayor opresión es la energía eléctrica. Somos más de cien familias que desde el 2001 ponemos el cuerpo y no lo vamos a quitar ahora”.

Actualizado 23/01/2018