El gobierno nacional anunció este mes la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta reforma, según indicó desde Mendoza el ministro del área, Jorge Lemus, tiene el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los 15 millones de argentinos que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Además, se propone una mayor eficiencia en la atención, turnos telefónicos e historias clínicas únicas digitalizadas. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de paradigma en la atención sanitaria y cuáles son las ventajas y los riesgos de su implementación?
En principio, hay que diferenciar los dos modelos de salud predominantes a nivel mundial. Uno, de origen británico, se denomina Beveridge y apuesta por la protección sanitaria universal y por un derecho irrestricto a la atención. Este modelo donde el Estado monopoliza la salud se aplica en países como España e Inglaterra. El modelo Bismarck, en cambio, tiene origen alemán y propone el pago de seguros con un grupo básico de prestaciones y servicios. Este régimen, que no ofrece protección universal, se utiliza en Suiza, en Alemania y, con algunas variantes, en Estados Unidos.
“En la Argentina tenemos una mezcla de todos los sistemas que existen en el mundo, pero desde 1946 siempre con el respaldo de un sistema público gratuito”, dice Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Y agrega: “Desde los noventa, el Banco Mundial y la OMS recomiendan aplicar en toda América un sistema de seguros privatizado, similar al de Estados Unidos, donde se da una canasta básica de prestaciones y se agregan servicios según la capacidad de pago de cada uno”. Con la CUS, cada paciente tendrá asegurada cierta cantidad de estudios, diagnósticos o medicamentos por mes. Si supera ese monto, deberá abonarlos, ya sea en un hospital o en un centro de salud privado.
En efecto, el informe “Invertir en salud” del Banco Mundial, firmado en 1993, propone: “Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros”.
El proyecto de la CUS, del que solo hay escrito un Decreto de Necesidad y Urgencia, (908/2016) parece ir por este camino, aunque no se han explicitado las pautas ni las metas. “El decreto se hizo para capturar los ocho mil millones de los trabajadores, del resto no dice nada”, describe Kreplak. Se refiere a la financiación inicial de la CUS que percibirá ese monto proveniente de los ahorros de las obras sociales sindicales.
Marcelo Peretta, secretario de Previsión y Salud de las 62 Organizaciones Peronistas, es más optimista: “Pienso que es muy positivo que aquellos que no tienen una cobertura empiecen a recibir la misma atención que se da en un privado: servicios de 0800, Internet, médico de cabecera, receta electrónica, no hacer más colas, y otras cosas que permitan prestigiar al paciente. Eso es un avance grandísimo”, se entusiasma. Sin embargo, Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos dice que la CUS parte de una falacia, que es la universalidad como novedad: “En nuestro país ya hay atención universal de la salud. Esto que quieren implementar es un seguro que va a limitar en prácticas, en acceso a medicamentos, es un recorte de derechos”.
En el mismo sentido se pronuncia Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP): “La CUS es un intento de estratificación de acuerdo a la capacidad de pago. Socava el concepto de salud como derecho, como igualdad. Hoy, mal que mal, la respuesta está dada por la necesidad y no por la capacidad de acceso. En muchos territorios el sistema público es el único efector y resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. La CGT la apoya porque hay un acuerdo político, un intercambio”.
Guillermo Pacagnini, médico y secretario general de CICOP, dice que el anuncio fue solo “pirotecnia electoral”, pero que aún no hay nada concreto. “Solamente repartieron 120 mil carnets de pobreza, que desde ya es indigno. Es una obra social para pobres donde en vez de presupuestar la oferta y mejorar los hospitales, van a subsidiar la demanda y el centro de salud va a facturar de acuerdo a lo que atiende. Esto ya se aplicó en Colombia y México y terminaron con una reducción del 60 por ciento del sistema de salud público y aumentando casi al doble el gasto de bolsillo de los pacientes”. Por otro lado, acuerda con Corsiglia en que la disminución presupuestaria que se viene observando en los últimos años es la antesala de la privatización, tal como se hizo con los servicios públicos en los años noventa.
Kreplak subraya que lo que busca el gobierno de Macri, detrás de la CUS, es la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud (AgNET), cuyo proyecto ya está en el Congreso. Esta agencia se ocupara de definir qué y cuántas prestaciones, servicios y medicamentos formarán parte de la canasta básica universal, y cuáles quedarán afuera, forzando al paciente a pagar y provocando una competencia entre centros públicos y privados. “La AgNET va a basarse en una lógica de costo-beneficio, y en el artículo tercero dice que lo que no resulte efectivo no se incluirá en el plan. Ahí tenemos escrito, por primera vez en la Argentina, que habrá un paquete mínimo de prestaciones de salud”. La AgNET, además, va a definir los alcances del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas, por lo cual éstas tienen especial interés en su creación para afrontar sus costos, ya que la inflación en salud que ha trepado a cerca del 100 por ciento mientras los salarios, y por ende el aporte, han sufrido un aumento sustancialmente menor.
Actualización 25/10/2017