Una película de terror

La nueva política oficial cinematográfica amenaza la diversidad de las producciones, además de incluir cierre de salas y despidos.

Personas de la comunidad audiovisual concentradas en la puerta del INCAA.
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Esta semana el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ministerio de Cultura de la Nación celebran La Semana del Cine Argentino con proyecciones de películas nacionales a precios populares. “Queremos lograr que todos los argentinos vean cine argentino”, anunció el Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Sin embargo, la contracara de este festejo es el momento crítico que atraviesa la producción cinematográfica nacional: despidos, ajuste, paralización de la producción, trabas administrativas, tercerización de créditos y cierre de salas. Los cineastas se declararon en estado de alerta, movilización y asamblea permanente contra el ajuste y la censura en el cine.

El jueves pasado la comunidad audiovisual se movilizó una vez más en defensa de esa industria argentina y en repudio a una medida que atenta contra la producción cinematográfica nacional, la Resolución 942/2017 del INCAA, que condiciona el acceso al Fondo de Fomento Cinematográfico, con cláusulas que dificultan la obtención de créditos y subsidios. La medida afectará, principalmente, a las producciones independientes que necesitan del apoyo del Fondo. De este modo, solo las grandes productoras podrán afrontar los gastos de una película, lo que generará una baja importante en la producción, una correlativa pérdida de puestos de trabajo y, para los espectadores, una posibilidad menguada de disfrutar de una producción diversa.

La multitudinaria marcha comenzó en las puertas del INCAA y finalizó en el Cine Gaumont con una asamblea en la Sala 1, la más grande de los espacios INCAA, pero que resultó muy chica frente a la cantidad de asistentes. El resultado fue la decisión de continuar con el plan de lucha para visibilizar el conflicto. Por eso, en el marco de La Semana del Cine Argentino, los trabajadores cinematográficos llevan adelante una campaña de difusión para explicar qué está pasando, qué reclaman y por qué.  

En abril había comenzado “una campaña mediática para ensuciar y destruir al cine nacional” afirma Lucía Ravanelli, delegada de la comisión interna ATE-INCAA. Y es que el 11 de ese mes, Eduardo Feinmann, en el programa Animales Sueltos, lanzó un informe sobre “la corrupción en el INCAA” que comprometía al por entonces presidente del Insituto, Alejando Cacetta. Avelluto decidió echarlo a él y al rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito. En el lugar de Cacetta se designó a Ralph Haiek, que hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente. En la ENERC no fue nombrado hasta el momento ningún rector, por lo que la institución se encuentra acéfala.

Las malas noticias en el cine siguieron  en mayo, cuando a fines de ese mes cuatro trabajadores fueron despedidos del Instituto. “En ese momento realizamos movidas y tuvimos varias reuniones con las autoridades exigiéndoles que se los reincorpore, pero no hubo caso y al día de hoy los compañeros están despedidos”, explica Ravanelli. Si bien hasta el momento la situación no volvió a repetirse, en diciembre vencen 300 contratos -renovados por seis meses en julio como resultado de las movilizaciones que inició el sector audiovisual un mes antes-. En este contexto, la Resolución 942 enciende una alarma ya que la merma de producciones conllevaría a una reducción de trabajadores empleados.

Una persona sujetando un cartel que dice "Yo apoyo INCAA"

Los trabajadores cinematográficos llevan adelante una campaña de difusión para explicar qué está pasando, qué reclaman y por qué.

Mes a mes, la situación se fue agravando. En junio, el complejo ArteCinema de Constitución, uno de los espacios INCAA emblemáticos de la ciudad y con cerca de 100 mil espectadores en el último año, cerró sus puertas debido a que las autoridades del Instituto decidieron no renovar el contrato de alquiler de la sala. “El cierre de este espacio va de la mano de toda una serie de políticas de exhibición que concentran las salas en función de grandes distribuidoras extranjeras y de reducir cada vez más las posibilidades del cine nacional de encontrarse con el público”,  señala Ximena González, vicepresidenta de la Asociación de Productores y Directores de Cine Documental Independiente de Argentina (DOCA). Melisa Tabarcache, estudiante de Dirección de Arte Cinematográfica de la ENERC y ex vecina del barrio de Constitución agrega: “Como futura trabajadora de la industria cinematográfica, estoy presenciando cómo estos espacios se van cerrando y con ellos las vías para acceder a la difusión y promoción de películas. Además, estamos privando a personas que por seis mangos podían entrar a ver una película”.

Ya en septiembre, el domingo 24, Luis Majul en su programa La Cornisa sumó una nueva denuncia al INCAA por supuestas “coimas” y “gastos millonarios para películas que nadie ve con dinero que se podría usar para cloacas”. Frente a este argumento, es necesario recordar que el INCAA es un ente autárquico, público no estatal, que se autofinancia a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, contemplado en la Ley de Cine, compuesto por el 10 por ciento de cada entrada de cine vendida y el 25 por ciento de la recaudación del ENACOM, la cual deviene del impuesto a empresas privadas de radiodifusión en el país debido al uso del espectro radioeléctrico. Todavía no se conoce el final de esta película.

González, la vicepresidenta de DOCA, vaticina que habrá una baja notoria en la producción de películas nacionales porque “el presupuesto del INCAA se está sub-ejecutando y no se está liberando plata de créditos y subsidios a películas que están en proceso de producción, lo que demora su realización, rodaje y finalización”. Además, comenta que hace meses es notorio cómo se ponen trabas administrativas y burocráticas en todos los procesos de producción de una película. “El cine nacional está en peligro y cada día que pasa no solo no hay respuestas a ciertos reclamos sino que la situación se agrava”, sentencia.

Actualizado 3/10/2017

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