Por Camila Quesada
Fotografía: Francisco Rodríguez Pérez, Serena Moyano

Este miércoles, tras cinco días de acampe frente al Congreso de la Nación en vísperas al tratamiento en Senado por la prórroga de la ley 26.160, los representantes de más de cuarenta comunidades indígenas finalmente escucharon con alegría y esperanza la respuesta de los legisladores a sus reclamos: habrá prórroga que los proteja de los desalojos de sus tierras. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Cámara de Senadores y ahora pasará a Diputados para su sanción definitiva.

Desde el pasado sábado 23 de julio, decenas de referentes de Pueblos Originarias provenientes de distintos puntos del país habían instalado una carpa frente al Congreso de la Nación para realizar un acampe que se extendió hasta el miércoles 27, en espera del resultado del debate por la aprobación o el rechazo de la prórroga a la Ley de Emergencia 26160 en la Cámara de Senadores. Esta ley, sancionada en noviembre de 2006, establece la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ancestrales ocupadas por los pueblos originarios. Y a pesar de que el plazo para su renovación vence el próximo 23 de noviembre, en un principio el Senado –con votos de parte de legisladores tanto del oficialismo como de la oposición- había rechazado el tratamiento de la ley que tenía previsto llevarse a cabo el 7 de septiembre. Por este motivo, referentes de más de 40 organizaciones de pueblos originarios, unificados bajo el Colectivo Tierra y Territorio, decidieron viajar cientos de kilómetros para instalarse frente al Congreso para que sus voces sean escuchadas y su lucha se haga visible. Decenas de personas, incluyendo familias con niños, pasaron cinco días a la intemperie en una improvisada carpa, bajo las inclemencias del clima y las cambiantes condiciones de la primavera, entre jornadas calurosas, noches heladas, fuertes vientos y lluvias torrenciales.

En diálogo con ANCCOM, Amaru Choque, referente de la comunidad Aimara, originario de las redes del Tahuantinsuyo, explicó las razones que motivaron la medida: “Decidimos instalarnos frente al Congreso para visibilizar nuestra lucha y mostrar nuestra unidad, mostrar que diferentes comunidades y diversas etnias estamos acá unidos por una misma causa. Nos trae acá el compromiso y el trabajo unido de todas las comunidades. Muchos hermanos tienen que darse cuenta de que si la ley 26160 no se prorroga, van a ser desalojados. Y no puede ser que nos saquen de nuevo de nuestro territorio, como ya lo hicieron hace cientos de años. Estamos con el compromiso de luchar por esta ley. Somos millares, porque somos el pueblo argentino. Todas las comunidades a nivel nacional estamos acá: Mapuches, Tonokoté, Wichís, Qom, Aimara, Kolla, entre otros. Muchos hermanos vinieron de distintas regiones, aun cuando no tenemos ningún tipo de financiamiento. Somos auto-convocados y esta lucha sale de nosotros. No somos una gran organización pero tampoco somos unos cuantos indios locos: somos toda una nación haciendo su reclamo.”

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Cámara de Senadores y ahora pasará a Diputados para su sanción definitiva.

En la misma línea, Gerónimo Campos, representante de la Comunidad Indígena de Pozo Mosoj de Santiago del Estero, manifestó: “Es un gran sacrificio para nosotros venir hasta aquí desde tan lejos sin que nadie nos dé una mano. Es costoso, pero esto es tan importante que no podemos dejar de hacerlo, porque el territorio es parte de nuestra vida. Es la única ley que nos protege a las comunidades indígenas de todo el país. Sin esta ley no tenemos ninguna protección, y más allá del abandono que ya de por sí sufrimos, volvemos a la situación de que nos ninguneen y nos pasen por encima con los desalojos. Nosotros venimos como representantes de todo un pueblo, detrás de nosotros hay miles de familias con chicos, hay toda una población. Por suerte siempre recibimos el apoyo de organismos de Derechos Humanos. No estamos buscando ningún interés particular, sino que se cumplan nuestros derechos, marcados por la Constitución Nacional.”

Por su parte, Otolina Zamora, referente del Pueblo Wichí de Salta, aseguró que de no aprobarse la prórroga, miles de familias de comunidades indígenas correrían el peligro de perder sus hogares y ser expulsados de sus tierras ancestrales. “A raíz de la negativa de prórroga (el pasado 7 de septiembre), armamos un colectivo, el Colectivo Tierra y Territorio, conformada por distintos referentes de pueblos indígenas, por medio de la cual reunimos a las organizaciones indígenas históricas de Buenos Aires y los referentes de pueblos originarios del interior y convocamos a realizar este acampe. Me encuentro acá, en esta lucha por la vida, porque si no se prorroga la ley 26160, muchos de nosotros corremos el peligro de perder nuestra vida, porque perder el espacio territorial para nosotros es perder la vida. Es muy triste llegar hasta la instancia de tener que venir a instalarnos en una plaza por un territorio que sabemos que es nuestro y pidiéndole a los invasores un poco de clemencia hacia nuestros pueblos. Nosotros vamos a resistir y nos vamos a defender con sus propias leyes. En esta lucha están acusando a los pueblos indígenas que se organizan de ser terroristas. Yo creo que no hay más terrorista que el mismo gobierno que deja sin trabajo a la gente, que permite la desnutrición dentro de las comunidades indígenas y en los barrios carenciados, que quiere ponerle cambios a la educación de los jóvenes. Esos son actos terroristas”, denunció Zamora, mientras cortaba fruta en la pequeña e improvisada cocina de la carpa para alimentar a decenas de manifestantes. Y agregó: “Estamos viviendo un proceso de un gobierno «disque-democrático» que en realidad es un gobierno dictatorial sin botas. Por eso estamos acá los referentes y las organizaciones, luchando y haciendo visible la persecución que sufrimos día a día los pueblos indígenas y los sectores marginados de la sociedad por parte del gobierno. Este acampe es una manera de visibilizar la lucha, pero también es una reacción ante las persecuciones y las amenazas de desalojo, que es la muerte para la población indígena. Nosotros no lo vamos a permitir ni nos vamos a quedar en silencio ante un gobierno que nos promete pasado por presente, cuando sabemos que el pasado significa invasión, desalojo, despojo, aniquilamiento, sometimiento y genocidio hacia nuestros pueblos; también es falta de trabajo y miseria. Ese es el pasado que prometen y no vamos a permitir que esa promesa se cumpla.”

Entre las exigencias de los representantes del Colectivo Tierra y Territorio, también estuvo permanentemente presente el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado, a quien consideran un hermano por su solidaridad con la causa indígena y que permanece desaparecido desde el 1° de agosto tras un operativo de Gendarmería contra manifestantes mapuches.

Las consignas siempre presentes: el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y de Julio López.

Sobre este punto, Zamora declaró: “Pensamos que lo que paso con Santiago Maldonado es una manera de amedrentar a los hermanos no indígenas solidarios con nuestro pueblo, para que no se solidaricen con nuestras luchas. Se la agarraron con él como una cuestión emblemática, prácticamente como un trofeo de guerra para hacer temer a los demás. Aparte de pedir por la liberación de los hermanos wichís que fueron detenidos en Formosa por reclamar sus derechos territoriales, pedimos también por la aparición del hermano Santiago porque corresponde que en un Estado, supuestamente democrático, no haya desapariciones por cuestiones políticas.”

“El hermano Santiago Maldonado fue a conocer sus tierras, porque son de todos nosotros, y se encontró con una causa, una motivación que lo conmovió. Conoció la historia de los mapuches y se afilió a su lucha, igual que los hermanos que están acá. Por eso queremos la aparición con vida de nuestro hermano”, expresó Choque, y añadió esperanzado: “Ojalá en el Parlamento haya una conciencia de adhesión a nuestra causa como la del hermano Maldonado. Esperamos que les cambie la mirada, que es lo que nos ha enseñado Santiago.”

Las expectativas de los acampantes y los pueblos a los que representan se cumplieron: el Senado aprobó con 62 votos a favor y cero en contra el proyecto para prorrogar la ley 26160 por un plazo de cuatro años. Ahora sólo resta esperar si se ratifica su sanción definitiva en la Cámara de Diputados. De aprobarse en esta instancia, la medida tendrá vigencia hasta noviembre de 2021.

“Si bien la ley no es perfecta, por lo menos nos ampara frente a los desalojos. Se tienen que cumplir las leyes que nos han otorgado, porque están dentro de la Constitución. El artículo 75 habla de los territorios indígenas, y en muchos casos no se respeta. No es algo que estamos inventando nosotros, son tratados que se hicieron entre las comunidades indígenas y a sociedad occidental, y esos tratados se tienen que respetar. Queremos convivir todos juntos, y lo estuvimos haciendo. Pero, ¿qué pasa? Como nuestras tierras, hoy en día, son fértiles y tienen recursos naturales que nosotros hemos cuidado mientras que otros terrenos fueron deforestados y atacadas por la minería y las petroleras, nos las quieren sacar”, aseguró Choque.

“Necesitamos que se prorrogue la ley de relevamiento territorial, con un presupuesto acorde al trabajo que hay que realizar y en lo posible que sea renovable para no tener que estar cada tres meses luchando de nuevo por la renovación de esa ley. Necesitamos trabajar sobre la ley de propiedad comunitaria. El resto de los argentinos quizá no sabe que nosotros somos pueblos milenarios, pero lo dice la historia, los técnicos y los científicos. Hace más de 13 mil años que habitamos esta tierra mientras que el pueblo argentino tiene 200 años. Somos pueblos preexistentes y por esa razón peleamos por nuestra casa”, concluyó Zamora.

Actualizada 28/09/2017