La poli arriba del bondi

Distintos especialistas rechazan las requisas en transportes públicos aplicadas en la provincia de Buenos Aires con la excusa de prevenir delitos. La violación de derechos como política pública.

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Durante las últimas semanas se realizaron requisas policiales dentro de los colectivos en las zonas de La Plata, Berisso y Ensenada, luego de que la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) se manifestara por la muerte del colectivero Carlos Sánchez de la línea 514 en Claypole, quien recibió un disparo proveniente de un tiroteo que sucedía en la calle. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y los Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentaron un Hábeas Corpus, en el que se expresa que estas requisas constituyen una conducta amenazante para la libertad ambulatoria por lo que se requiere un informe para saber si la medida partió desde la Municipalidad o desde el Ministerio de Seguridad. Además solicita al juez interviniente que ordene a las autoridades policiales, municipales y del Ministerio el cese de estas conductas.

El abogado Emanuel Lovelli, integrante de Abogados por la Justicia Social, en diálogo con ANCCOM, explicó que el Hábeas Corpus se presentó porque los operativos policiales dentro de los colectivos remiten a una persecución social, ya que en muchos casos no hay una ocasión que los amerite, sino que se producen de manera selectiva y estigmatizada a varones de entre 15 y 50 años pertenecientes a sector sociales de bajos recursos económicos. “Se baja a las personas de los colectivos, se les revisa sus pertenencias, no se respeta el derecho a la privacidad e intimidad. Estos operativos están fuera de lugar porque surgieron como única medida, a partir de un pedido de un sindicato, la UTA. El Ministerio tiene que tomar medidas con los delitos de inseguridad ciudadana pero no de esta manera, ya que esto únicamente recae en quienes menos  recursos tienen. Hay otras medidas que se pueden llevar a cabo. Pareciera ser un mero control social”, explicó Lovelli. El Hábeas Corpus se enmarca en el artículo 20, inciso 1º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece: “Toda persona que de modo actual o inminente, sufra en forma ilegal o arbitraria, cualquier tipo de restricción o amenaza en su libertad personal, podrá ejercer la garantía de Hábeas Corpus recurriendo ante cualquier juez”. También en el artículo 405 del Código Procesal Penal de la Provincia indica: “La petición de Hábeas Corpus procederá contra toda acción u omisión que, directa o indirectamente, de modo actual o inminente, en forma ilegal o arbitraria, causare cualquier tipo de restricción o amenaza a la libertad personal”.

Dentro de los pedidos de seguridad a partir de la muerte de Carlos Sánchez, el gremio de los colectiveros le marcó al Ministerio los lugares que considera más peligrosos de las zonas por las que transitan. ANCCOM dialogó con Marcelo Pereyra, autor del libro La irrupción del delito en la vida cotidiana junto a Stella Martini, sobre cómo se construyen los territorios inseguros. El académico explicó que en las estadísticas aparece que los delitos a la propiedad son producidos en mayor medida en determinadas zonas, lo que hace que se produzcan estereotipos. “Se hace creer que personas de determinadas zonas de clase social son los únicos que delinquen. Se culpabiliza a la clase baja de los problemas de delito, entonces cuando hay delitos dentro de la clase alta se produce escozor, porque son lugares que se suponen seguros”, reflexionó el licenciado. Además explicó que actualmente en la sociedad se cree que el origen del delito es por falta de prevención y por castigos leves. A partir de esa concepción se piden penas más duras, y más cárceles, y esto lleva a que se naturalice este tipo de discurso. “Los controles son necesarios, hoy en día los conflictos son cada vez peores, hay miedo. Además, la sociedad lo pide. Pero hay casos que son para las cámaras, para mostrar que se está haciendo algo y dejar a la gente contenta. Ni los medios, ni los políticos ven el problema engarzado en la estructura económica. No ven al delito como conflicto social, no lo quieren reconocer porque sería admitir que ellos forman parte de un sistema que produce desigualdades económicas”, sentenció Pereyra.

Mercedes Calzado, autora del libro Inseguros, explicó a ANCCOM que las noticias policiales habilitan la mano dura ya que muestran una espectacularización de la pobreza, y construyen como único futuro cierto para un joven de clase social baja el ‘salir a matar’. Ante esto aparece un Estado que tiene que salir a atacar de manera represiva. La autora, además, explicó que es difícil plantear ‘lo que busca la gente’, porque hay sectores muy diversos: quienes acuerdan con la intervención policial, quienes no, y quienes piden políticas educativas, el sector más interesante de análisis según Calzado. “Hace unos años, las noticias policiales en los medios parecían planteadas como un discurso opositor. Intentaban criticar al Gobierno como inoperante frente a estos casos. Distinto a lo que se pensó, hoy el Gobierno es de otro color político, y no desapareció en los medios el tema de la inseguridad. Esto da cuenta de una manera de los medios de posicionarse frente a estos hechos”, concluyó la autora.

 

Actualizada 02/08/2017

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