Por Tiziana Ortoman
Fotografía: Ana Laura Martín Rodríguez, Francisco Rodríguez Pérez, Serena Moyano, Sofia Genovese

Primero fue la represión a organizaciones sociales en la Avenida 9 de Julio, a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Luego la violenta detención de manifestantes que reclamaban por la libertad de un referente mapuche frente a Tribunales.

En menos de dos semanas, ambos episodios conformaron una preocupante secuencia de disciplinamiento de la protesta social. Organizaciones políticas y sociales advirtieron sobre una “escalada”  del accionar represivo de las fuerzas de seguridad. “Se dieron dos hechos muy claros de represión. Hay que preguntarse de dónde viene esta aparición fuerte de la Policía. Todo indica que hay un mensaje muy claro para que la gente se sienta intimidada y deje de marchar”, resumió Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los hechos

El miércoles 28 de junio varias organizaciones sociales fueron reprimidas por la Policía cuando se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir un plan de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria, tarifas sociales en fábricas recuperadas, clubes de barrio y comedores, y la plena restauración de las pensiones por discapacidad, entre otros puntos. Gases lacrimógenos, balas de goma y hasta dos camiones hidrantes fueron las respuestas que recibieron Quebracho, la Agrupación Villera Piquetera y el Frente por la Dignidad Milagro Sala. Hubo varios heridos y la Policía detuvo por casi 12 horas a ocho personas, entre ellas dos menores. La fuerte presencia y el accionar de efectivos de civil fue la marca distintiva del amplio operativo de seguridad.

“Fue una cacería. Tenían el objetivo de reprimir”, subrayó a esta agencia Sabrina Roth, vocera del colectivo Frente por la Dignidad Milagro Sala. Y amplió: “Este modelo no sirve, no cierra, sin represión. No tiene otra respuesta para los sectores populares”.

Días más tarde, la Policía detuvo a siete manifestantes por reclamar la liberación del jefe mapuche de Chubut, Facundo Jones Huala. La manifestación frente a Tribunales estaba integrada por no más de 40 personas que, para visibilizar el reclamo, quemaron algunas llantas de goma. El justificativo de aquella represión fue que hubo “lesiones, intimidación pública y resistencia a la autoridad” por parte de este colectivo.

Manifestación frente a la Casa de Misiones en pedido de justicia por Victoria Aguirre y Selene Aguirre.

Argumentos

La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María Carmen Verdú, puntualizó que estos hechos de violencia fueron “simplemente la continuidad de una avanzada que empezó hace un año y medio”. Además, resaltó que “la represión siempre se profundiza en épocas de crisis. No hay semana en la que no estemos denunciando tres cuatro hechos represivos”, puntualizó.

Verdú advirtió que los mecanismos represivos “no variaron tanto, sino que se profundizaron”. Y completó: “Se aplicaron de lleno y por completo herramientas que ya existían.”

Desde el CELS, Efrón mencionó que las represiones policiales van de la mano con los temas políticos y que pueden ir en aumento. Sin embargo, enfatizó en que “la Policía acciona de esta manera no sólo porque hay una decisión política, sino porque hay un Poder Judicial que lo permite.”

Para el abogado, “el problema no es de legislación, (que podría ser mejor, sin ninguna duda), sino de cómo se aplica la ley penal y cómo el poder político responde ante una protesta.”

Efrón subrayó que “protestar nunca puede ser un delito”. Y concluyó: “Quien corta una calle lo hace porque el Estado no lo escucha hace mucho tiempo y es un problema muy grave”.

Como contracara, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, afirmó que no había ningún tipo de negociación posible o vía de diálogo» en ambos casos por lo que «se intervino con la Policía».

Las declaraciones de Ocampo fueron replicadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien avaló la represión. Para él “no había un reclamo claro”. El argumento también fue refrendado por la Casa Rosada. “Nunca nos quedó claro qué estaban pidiendo, por eso también nos dimos cuenta que no había una voluntad concreta de resolver la situación”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sobre el reclamo por la situación de 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio.

Marcha del día del periodista, desde el Obelisco al Congreso de la Nación.

 

Los y las docentes estaban armando una carpa itinerante para visibilizar su reclamo dando clases ahí y fueron reprimidos por la policía a la noche del domingo 9 de abril.

Actualizada 12/07/2017