Un gendarme por cada trabajador despedido. Más de 500 efectivos de la Gendarmería desalojaron con un violento operativo a los empleados de la planta de Pepsico de Vicente López que reclamaban por sostener su fuente laboral. Macehatazos, gases, barretas, golpes por doquier en una nueva muestra represiva que ya es marca registrada del gobierno de Cambiemos: hace unos días, con igual metodología, desalojaron a los movimientos sociales que manifestaban en la 9 de Julio y a integrantes de pueblos originarios que reclamaban por la detención de uno de sus referentes frente a Tribunales.
Esta vez, la Gendarmería ejecutó la orden que dio la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentaste. Numerosos trabajadores quedaron lastimados, otros fueron detenidos a la rastra y, con saña, los efectivos desmantelaron las carpas que los despedidos habían montado para ocupar el predio a la espera de la reincorporación.
Los días previos a la represión
“Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de su producción en otro establecimiento (…), se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes”. Palabras más, palabras menos, este es el comunicado con el que se encontraron los trabajadores de la central de Vicente López de PepsiCo, el 20 de junio pasado. Una hoja blanca, trazada por seis líneas y colgada en la puerta de la instalación, hacía saber la decisión de la empresa, sin previo aviso. “Es fuerte encontrarte con un cartelito, con las persianas bajas, en un feriado”, cuenta Martín Olivetto, uno de los despedidos. “Fue bastante sorpresivo y me pregunté qué iba hacer. Sentí mucho miedo al principio”, asegura Patricia Mora, delegada de la comisión interna, sobre el cierre de la planta de PepsiCo en Florida.
“Lo único que queremos es trabajar”, comentan los trabajadores despedidos en el acampe en la puerta de la fábrica.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. Las calles que la conforman dan muestra de una ciudad fabril: furgonetas que cargan y descargan mercadería, ciertas oleadas de humos que se pierden por el aire y nada de comercios. Luis Medina, uno de los delegados de los trabajadores de PepsiCo, sostiene: “Cuando me enteré de la decisión, sentí una total indignación y preocupación. Hace 23 años que estoy acá así que me puse a trabajar con los compañeros para contenerlos y organizarnos. Nunca habíamos tenido una situación como la que estamos viviendo. Por todo lo que represento, tengo que garantizar que todos mis compañeros estén con la moral bien alta para seguir dando esta pelea”. Se nota en el semblante de Luis la fortaleza de la que está hecho como buen representante. Mientras relucen sus sensaciones sobre el conflicto, en la esquina de Posadas y la callecita Justo José de Urquiza, algunas operarias desayunan en una de las carpas montadas delante de la fábrica. En la mesa, hay galletitas al tiempo que un mate pasa de mujer en mujer. “Lo único que queremos es trabajar. Nos organizamos para garantizar la presencia en los portones durante todo el día. Seguimos trabajando en pos de que la fábrica vuelva a abrir sus puertas”, comenta Medina.
Todos los perjudicados por el cierre de la central solo quieren una cosa: trabajar. Saben que la indemnización del 200 por ciento por muy jugosa que parezca, es, al fin de cuentas, pan para hoy y hambre para mañana. “No queremos el arreglo supuestamente fabuloso que (Rodolfo) Daer piensa. La plata no te dura nada y en esta situación, menos. Solo queremos trabajar”, explica Patricia. Es que Rodolfo Daer, Secretario General del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), pactó con la empresa la resolución del conflicto, cerrando cualquier posibilidad de lucha con PepsiCo. Medina y todos los despedidos también coinciden en el análisis: el cierre es político. “Siento indignación y bronca por la patronal, por el gobierno de turno, porque el Ministerio de Trabajo dejó correr el preventivo de crisis, que la empresa lo debería haber presentado treinta días antes, con los compañeros trabajando”, dice el representante gremial.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. En la foto, la basura que se acumula en las calles.
Para los despedidos, el trabajo lo es todo. Así lo hace saber Patricia: “Tenía mi vida organizada y de la noche a la mañana, me cambió todo. Tengo una bebé de diez meses y una nena de quince años; al estar separada de mi marido, soy sostén de mi familia. Si llego a perder el trabajo, no podría sostener la casa”. Consultada por cómo vive la lucha, expresa: “Se hace difícil, tedioso, porque te comen los nervios y la angustia”. De fondo, su bebé llorisquea cuando es alzada por una compañera. “Antes cobrábamos guardería que nos ponía la empresa y ahora, de repente, no la tengo más así que tengo que andar con mi bebé a cuestas. De todos modos, otra no me queda porque soy sostén de familia, entonces necesito, sí o sí, mantener mi puesto de trabajo”, agrega la delegada.
Un patrullero se encuentra en el cruce de Posadas y Roca, frente a la puerta de la planta. De vez en cuando, un auto pasa por delante del acampe, situado a cuarenta metros de los policías, mientras que los trabajadores, vestidos todos con buzo polar azul, conversan en diferentes puntos de la concentración. “La moral entre los compañeros está muy alta, la solidaridad nos sube las expectativas. Todos los compañeros que se acercan a la planta nos dan fuerzas. Acá se necesitan dos cosas para seguir en vilo: moral y plata. Por suerte, se está recaudando bastante con los festivales que organizamos”, señala Olivetto, el empaquetador. Martín tiene un hijo y como Patricia está separado y es el principal sostén de su familia. Además, no tiene casa asegurada porque alquila: “Es complicado quedarse sin plata porque uno necesita para comer y para alquilar la vivienda”, indica con tono pausado. “No tener casa es una presión que te come la cabeza todo el día”, enfatiza.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata. Sin embargo, no hay razón para tamaña decisión y así lo cuenta Luis Medina: “Lo que están haciendo es subir los ritmos de producción, desdoblar el trabajo. Los compañeros y compañeras están dejando el cuerpo al lado de las máquinas, porque la de allá es una fábrica nueva, donde no tienen una cultura de organización gremial” y continua su explicación sosteniendo que “lo que quieren es abaratar costos en pos de los trabajos de los compañeros. La fábrica de Florida fue productiva hasta el día del cierre, así que materia prima hay. Está todo dado para que sigamos trabajando”.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata.
El 7 de julio último, la patronal pidió a la justicia, mediante el fiscal Gastón Larramendi, que desaloje a los trabajadores de la fábrica. Para hacer frente a la situación, el sábado, los operarios de PepsiCo llamaron a una reunión con organizaciones para sumar apoyo a su lucha y reclamo. Desde la comisión interna se emitió un comunicado sobre el nuevo episodio: “Se trata de un pedido temerario de una empresa que está en la ilegalidad más abierta y que ya fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación”. Además propusieron movilizarse hasta el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, para reclamar que no se acepte el requerimiento de desalojo del fiscal Larramendi. La madrugada del lunes 10 de julio, los despedidos de PepsiCo acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y diputados del frente de izquierda, entre otros, se movilizaron hasta Juzgado. La jueza los recibió pero se negó a otorgar las garantías para que el desalojo no sea violento. La noche del martes, un helicóptero comenzó a merodear la zona de la fábrica con un notable aumento de fuerzas policiales en el perímetro de la planta. Los trabajadores denunciaron que la jueza Rodríguez Mentaste ratificó que dará curso al desalojo en horas nocturnas, como lo solicitó el fiscal.
En este marco, los abogados de los trabajadores explicaron que la empresa cerró la planta de manera ilegal, ya que obvió la apertura previa del Procedimiento Preventivo de Crisis. Además, denunciaron la incompetencia de Rodríguez Mentaste, ya que es pública su amistad con el intendente Gustavo Posse y mantiene otras relaciones personales con funcionarios de Cambiemos. Lo más llamativo es que ahora, la excusa que la patronal utiliza para desalojar a los operarios, se basa en un supuesto peligro de contaminación dentro de la planta. Lo que resulta absurdo, porque de ser cierto, la misma empresa amitiría que hasta hace unos días estaba funcionando en infracción.
A pesar de la represión, los trabajadores aseguran que continuarán resistiendo y reclamando por recuperar sus puestos laborales. Los delegados, por su parte, denunciaron que en Córdoba se están importando productos PepsiCo de Chile, por lo que prosiguen con la ferviente campaña de “No comprar productos de PepsiCo”, lo que incluye marcas como Lays, Pep, Twistos, Gatorade, Mirinda, Doritos, Pehuamar, Pepsi y Paso de los Toros, entre otras.
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Mirá la fotogalería de ANCCOM sobre la concentración en el Juzgado de San Isidro para frenar la orden de desalojo sobre la planta:
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Camilo Mones, delegado de la Comisión Interna de PepsiCo.
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Nicolás del Caño y Myriam Bregman.
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Actualizada 13/07/2017