La Justicia falló por segunda vez contra la revista Barcelona, instándola a pagarle 70 mil pesos a Cecilia Pando, la activista que defiende a los genocidas de la última dictadura. La mujer, esposa del Mayor (re) Pedro Rafael Mercado, acusó a la publicación de haber afectado su honor. El fallo, tildado de arbitrario por diversas instituciones, abogados y especialistas en comunicación, pone un límite peligroso a la libertad de expresión.
La causa se origina cuando en agosto de 2010 la revista publicó en una contratapa una foto trucada de Pando que la mostraba desnuda y atada, en obvia y satírica referencia a las mujeres que, lideradas por ella, se encadenaron al Edificio Libertador para pedir la libertad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Mariano Lucano, diseñador gráfico, ilustrador y director de la revista, muestra su preocupación: “Estoy realmente anonadado. A lo mejor este fallo no es otra cosa que un ejemplo de humor absurdo. Tantas veces he dicho que la revista hace periodismo lisérgico, y quizás ahora estemos bebiendo un poco de nuestras propias drogas.” Y agrega, ya más serio: “Se debe llevar este caso hasta las últimas consecuencias, ya que lo que está en juego es, además de la continuidad de la publicación, la libertad de prensa.”
De hecho, la sentencia en segunda instancia dictada por la Sala D de la Cámara Civil de Apelaciones, aumenta en 30 mil pesos el monto indemnizatorio fijado en el fallo anterior. “70Setenta lucas para un medio grande no es nada, pero para un medio autogestionado es la quiebra”, comenta Pablo Marchetti, ex director de Barcelona y editor responsable en el momento en que se publicó la contratapa en cuestión. Y defiende el estilo de la revista: “Una cosa del fallo que me llama muchísimo la atención es lo del exceso de ironía. ¿Cómo se mide eso? Siempre me preguntan si hay un límite para el humor y ahora, con este fallo, parece que sí. Es un precedente de mierda, muy muy jodido”.
Andrés López Cabello, abogado miembro del equipo de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pone el foco en la autocensura que puede suceder a este tipo de decisiones judiciales: “Es un precedente preocupante y un retroceso en materia de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Suprema han dictaminado que las sanciones civiles tienen un efecto inhibitorio igual o más fuerte que las sanciones penales”. Y continúa con su explicación: “Puede llevar a que los periodistas como personas naturales y las revistas como personas jurídicas se autolimiten y autocensuren al momento de tocar determinado tema o hacer una sátira”. Sobre este punto, Fernando Sánchez, periodista y co-fundador de Barcelona aclara: “No podemos autocensurarnos, este es el laburo nuestro. Si vamos a pensar dos veces antes de hacer una parodia, no hacemos más la revista y listo”.
López Cabello, además, critica el fallo de la Cámara: “Carece de una fundamentación sólida, por un lado, de la razonabilidad de la condena, y por otro, de la existencia del daño.”
Sobre esta arbitrariedad del fallo también opina Martín Becerra , Doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET, quien afirma que los jueces de cámara Patricia Barbieri, Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María Brilla de Serrat no comprenden la importancia decisiva que tiene la regulación en materia de libertad de expresión. “Esta cámara es muy ignorante, y no lo digo peyorativamente sino en términos descriptivos. Han sido muy poco atentos a esta tradición que citan, y comentan fallos que van en contra de lo que resuelven”.
A su vez, Analía Eliades, abogada, periodista y especialista en Derecho a la Comunicación, sostiene que por sus múltiples contradicciones el fallo contra Barcelona tiene vicios de sentencia arbitraria, y que la revista puede buscar allí un fundamento para que sea revertido en el Tribunal Superior. Muchos de los fallos citados en la sentencia, por otra parte, son de la década de 1990, cuando existía una Corte Suprema de Justicia muy cercana al presidente Menem. Y, según comenta López Cabello, “son fallos que luego terminaron en la CIDH por violaciones a la libertad de expresión. Un ejemplo es el caso de Fontevecchia que aparece allí, y terminó con una condena durísima contra la Argentina”.
El CELS, según López Cabello, mira el caso muy de cerca y eventualmente participará como amicus curiae. “Si bien la Corte tiene mucha jurisprudencia sobre libertad de expresión, sobre los límites de la parodia política tiene muy poco, y eso puede ser muy importante”, advierte el abogado.
Otro organismo que expresó su preocupación respecto del tema es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que emitió un comunicado luego de conocida la sentencia. Andrés D’Alessandro, su Director Ejecutivo, opina que es un fallo de características preocupantes, ya que deja jurisprudencia y afecta la continuidad de un medio de comunicación. “Analizamos el fallo y vimos que se contradice. Barcelona tiene otro tipo de vinculación con la realidad, que es a partir de la parodia, pero es periodismo”.
Autoridades de la revista informaron a ANCCOM que el martes último se presentó una nueva apelación a la Cámara Civil, y de no ser aceptada, se presentará un recurso de queja para poder elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Actualizado 12/04/2017