Con el cielo cada vez más cubierto y el pronóstico amenazante de lluvias, cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre. El histórico Puente Pueyrredón es el epicentro de una jornada de protesta que se completa también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en el centro porteño, e incluye ollas populares en distintos puntos del país. La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reúne a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tiene como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social -sancionada en diciembre del año pasado y reglamentada por Mauricio Macri el pasado viernes 10 de marzo- y medidas urgentes para contener las demandas sociales de los sectores más golpeados por el estancamiento de la economía.
Las respuestas del gobierno ponen el viento en contra: cuatro meses de estancamiento de las medidas prometidas y una fila de efectivos de la Gendarmería preparados para desalojar a los manifestantes. Horas después llegaría la convocatoria al diálogo. El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a abrir una mesa formal de discusión la semana próxima.
El histórico Puente Pueyrredón fue el epicentro de una jornada de protesta que se completó también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denuncia Roxana, trabajadora de la Municipalidad de Avellaneda, que asegura ver más comedores y merenderos que nunca en su barrio. “La convocatoria es de cada uno, venimos porque vemos que todo está muy mal”, agrega. Y recuerda que si bien ella todavía tiene trabajo, muchos de sus compañeros fueron despedidos entre el año pasado y lo que va del 2017.
La urgencia en la implementación de Ley de Emergencia Social se basa en las medidas que prevé necesarias para enfrentar la situación que atraviesan los trabajadores de la economía informal y desocupados. Entre ellas, la creación de 400.000 puestos de trabajo y el establecimiento de una canasta básica alimentaria de 6300 pesos para todos los programas de trabajo.
Cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre.
Después de veinte minutos de espera al pie del Puente Pueyrredón, los efectivos armados forman y caminan rumbo a tres de sus vehículos, dejando paso a la multitudinaria columna de trabajadores. Más de cuarenta organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) son protagonistas de la jornada de protesta y pueden avanzar pese a la tentativa de desalojo, previamente anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Cristian Cervera, del Frente Popular Darío Santillán, afirma que la reglamentación llega demasiado tarde, y que la idea es evitar que la implementación siga el mismo camino. Lleva a su hija atada en el pecho entre dos telas que hacen de cuna artesanal, y mientras la cubre del humo de un cigarrillo, agrega: “Hay un diálogo abierto que el gobierno habilita porque tiene que buscar formas de dispersar las movilizaciones, pero después reacciona así, poniendo policía”.
La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reunió a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tuvo como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social.
A la denuncia se suma Caly Flores, integrante de la CTEP. “La reglamentación fue un manotazo de ahogados que el gobierno tuvo que hacer para frenar el avance del pueblo”. Al respecto de la urgencia por las medidas que contempla la norma, Flores afirma que desde diciembre no aumentan los salarios de los trabajadores de la economía popular, que ganan alrededor de cuatro mil pesos por mes, suma que no alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia. “Nos dicen que estamos gordos, pero estamos mal alimentados, con una dieta sin proteínas a base de fideos y arroz”, concluye.
En medio del Puente y ya llegado el mediodía, un grupo de mujeres cortan papas y abren latas de arvejas, mientras otras preparan el fuego para la olla popular. La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales. Pablo, empleado en una cooperativa, también se autoconvoca al corte de calles para visibilizar su situación económica: “Desde el 2010 que cobro 4.000 pesos por mes”, denuncia y reclama salario digno y obra social para los trabajadores de cooperativas.
“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denunció una trabajadora.
Además de la implementación de la Ley, las distintas organizaciones llaman al paro nacional. En representación de muchas de ellas, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acompaña la jornada del miércoles en los cortes de calles y llama a un paro general para el 30 de marzo. José “Pepe” Peralta, secretario general de la CTA Autónoma Capital, opina que la Ley de Emergencia salió muy tironeada y todavía está la duda de que realmente se ponga en vigencia. Además, apunta contra la CGT por no haber definido la fecha del paro general la semana pasada: “Esto no es una cuestión de dirigentes, se trata de las necesidades que tiene el pueblo”.
El corte de calles concluye a media tarde en la Ciudad de Buenos Aires, cuando finalmente la tormenta estalla sobre el cemento y las organizaciones se ven obligadas a desconcentrar. Pasada la tarde, la jornada concluye con un “ruidazo”, en distintos puntos del país, en protesta por el aumento en las tarifas de los servicios de luz, agua y gas. Y, como respuesta, se escucha una nueva promesa de diálogo.
La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales.
Actualizado 16/03/2017