Organizaciones campesinas protagonizaron una asamblea en el centro porteño para reclamar por el desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar.

Con más o menos números en el kilometraje, los representantes de las distintas agrupaciones que conforman el Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (CAFCI) llegaron al barrio porteño de San Telmo para discutir sobre el futuro de su trabajo. “En el campo no estamos acostumbrados a movilizarnos, somos uno más detrás de la tranquera”, confiesa Daniel Bareilles, productor de Cañuelas y representante del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA), contento por el encuentro entre colegas. Pasada la intensa mañana de debate, los agricultores llegan a la puerta del Ministerio de Agroindustria para hacer visible su reclamo por el desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, seguida de la renuncia del secretario Oscar Alloatti.

Entre la puerta del Ministerio y la camioneta de la Policía, la asamblea continúa y un plato con bizcochuelo, amarillo por los huevos de campo, pasa de mano en mano. Agricultura Familiar es el término que el Banco Mundial eligió para definir a los pequeños productores. “Agricultura familiar es todo”, dice Eduardo Sorazabal, representante de la Agrupación Grito de Alcorta (AGA) de Santa Fe. “Los productos de horticultura, la elaboración de pastas, el 80% de las frutas y verduras viene de pequeños productores”, argumenta.

El problema aparece en un eslabón de la cadena en el que tanto el productor como el consumidor salen perdiendo: la comercialización. El negocio de las grandes cadenas de supermercados es justamente comprar los alimentos perecederos a muy bajo costo a los productores y venderlo con grandes márgenes a los clientes. “En los tomates, por ejemplo, se paga $130 el cajón de 20 kilos, y nosotros lo compramos a $35 o $40 cada kilo”. Ese matiz de un mismo conflicto se reclamó en aquellos “verdurazo” y “frutazo” que llenaron de alimentos la Plaza de Mayo unas pocas semanas atrás.

En diciembre se cumplirán dos años desde la aprobación de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, una norma que además de intentar resolver esta amplia diferencia entre las ganancias de vendedores y productores, exige un seguro integral por los desastres climáticos que sufre el campo, y un crédito especial accesible para los pequeños productores. Pero la ley aún no puede ponerse en práctica porque la reglamentación, que fue presentado por el CAFCI en julio de este año, todavía no tiene la firma del Presidente. “Alloatti recibió mucha resistencia de parte del Consejo”, asegura Bareilles. Y cuenta que las reuniones que tuvieron con él eran vacías de contenido y con un formato escolar. Sin secretario y con un recorte de presupuesto para el 2017, los agricultores suspiran cada vez más largo y aprietan cada vez más las cejas.

Según Sorazabal, el proyecto apunta a que la producción no sea un negocio sino un modo de vida. Hoy unas pocas empresas en el mundo dominan el negocio de las semillas, de seguir así se pueden reducir a dos o tres: “Es una bomba más poderosa que la bomba atómica, tener el alimento es tener el control de la humanidad”.

Retrato del Verdurazo en Plaza de Mayo el último 14 de septiembre de este año.
Retrato del Verdurazo en Plaza de Mayo el último 14 de septiembre de este año.

 

Actualizado 27/10/2016