Morón quería cazar “Belenes” y se arrepintió

El Área de Salud comunal ordenó a los médicos que denunciaran a las pacientes que presentaran “sospechas de aborto”. Ante el repudio generalizado, dio marcha atrás.

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Colaboró Débora Campos

El cartel pegado en la pared despabiló al personal de la unidad sanitaria Nº 1 Dr. Springolo, de El Palomar, en la mañana del sábado. Con logo del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) y del municipio de Morón, comunicaba a los médicos que, “de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia policial obligatoria” ante la “sospecha de aborto”. En la comuna que gobierna el ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, la directiva oficial despabiló, además, a organizaciones de mujeres, partidos políticos y sindicatos que rápidamente denunciaron la caza de brujas y lograron, tres días después, el apartamiento de dos médicos a los que se responsabilizó por la campaña.

“Prueban con estas acciones. Si pasa, pasa y lo formalizan con una norma. Si no, eluden las responsabilidades y dicen que fue un error”, explica Romina Pereyra, secretaria de Género de la CTA, zona oeste. Pero no fue un error.

“La directiva provino de un funcionario designado por este gobierno y expresa la decisión política de una administración claramente conservadora que busca, por todos los medios, retroceder en los derechos logrados durante los últimos años”, denuncia el concejal por el Frente para la Victoria de Morón Hernán Sabbatella. Además, el referente kirchnerista presentó un pedido de informes y una declaración de repudio que buscará que sean tratadas sobre tablas por el Concejo Deliberante moronense este jueves.

Las primeras reacciones, apenas horas después de la aparición de los carteles con la directiva oficial, fue la de los médicos y la de las organizaciones feministas del Oeste. “No existen leyes ni reglamentos que obliguen a hacer tales denuncias, que violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud, garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, las leyes de derechos del paciente, de violencia contra las mujeres, de protección integral de derechos de los/as niño/as, protocolos de atención, entre otras”, denunciaron a través de un comunicado de prensa.

“El movimiento de Mujeres del Oeste y Las Rojas salimos inmediatamente a hacer una campaña informativa”, completa Manuela Castañeira, militante de Nuevo Mas, ex candidata a presidenta en 2015 e impulsora de la lucha por el aborto legal en la Argentina. “Es importante insistir en que es ilegal obligar a los médicos a realizar una denuncia policial. Además, hay sobrada jurisprudencia en el país que protege la intimidad de las pacientes, impide la criminalización y señala que no se puede detener a una mujer que abortó”, agrega.

La referencia al caso Belén, entonces, es inmediata. Sobre todo, porque la directiva apareció pegada en las paredes apenas horas después de que la justicia de Tucumán liberara a la joven de 27 años que estuvo presa durante dos años por un aborto espontáneo. “Es claro que no se puede separar la ilegalidad de la interrupción de un embarazo y la criminalización de las mujeres. Este tipo de directivas cristaliza y evidencia la política del Estado”, remata Castañeira.

Apenas se conoció la comunicación municipal, las organizaciones de mujeres exigieron la inmediata renuncia de Alberto Daniel Araujo y Marco Marine, coordinador administrativo y coordinador médico del centro de salud de El Palomar, entre otros funcionarios provinciales. Tres días después, con una presión creciente y la repercusión en los medios que comenzaba a multiplicarse, Tagliaferro pegó un volantazo, se deshizo de dos funcionarios y le echó la culpa a la gestión anterior.

A través de un comunicado oficial, el Municipio informó que había inciado un sumario administrativo y separado de su cargo al coordinador médico del centro de El Palomar, el médico Mario Marine, sobre el que, aclararon, “se desempeña como profesional en el Municipio hace veinticinco años”. También el coordinador administrativo, Daniel Araujo, corrió la misma suerte.

Además de apartarlos, la administración del ex marido de Vidal se desvinculó de lo sucedido: “Esa política no representa las opiniones ni las políticas sanitarias del Municipio de Morón”, apuntaron y señalaron que el responsable de haberla impulsado no era otro que el coordinador médico Marine y su compañero Araujo.

Pero, además y en el mismo texto, buscaron explicar que los carteles “que instaban a denunciar las sospechas de aborto son parte de una burda operación política por parte de quienes, durante el gobierno anterior, no hicieron más que atentar contra la salud pública”. Es decir: la culpa es de los médicos nombrados por Tagliaferro y, además, de la oposición política. De todos juntos y al mismo tiempo.

Pero Romina Pereyra, de la CTA, amplía la mirada y explica que la política municipal de Morón es clara: ajuste y desguace de áreas y programas sanitarios y de inclusión. “Reduce el presupuesto y con eso achicaron las posibilidades de intervención de las consejerías (creadas en 2014) para reducir riesgos en situación de embarazo no planificado. Por primera vez, encontramos que vecinas de Morón vienen a atenderse a La Matanza cuando, tradicionalmente, el flujo era el inverso”, revela.

“Ya han tenido problemas porque esta es una gestión que no acepta los avances logrados en materia de derechos de las mujeres”, completa Sabbatella. “Despliegan políticas discriminatorias y estigmatizantes. Ante una situación de presunta violencia, en vez de seguir implementando el protocolo de atención a las víctimas se recurre a la denuncia compulsiva sin la intervención profesional pertinente”, cuestionó.

Mario Marine y Daniel Araujo están en sus casas suspendidos de sus cargos. El cartel fue retirado de la unidad sanitaria de El Palomar. Pero la organización Mujeres del Oeste denuncia que faltan anticonceptivos y misoprostol (necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo). Se está desmantelando el servicio de dudas en el Hospital de Morón, y no mandan médicos al consultorio de diversidad. Si pasa, pasa. Y en Morón, parece que son demasiados los derechos que quedan en el camino.
Actualizado 24/08/2016

 

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