Por Leandro Rojas Soto
Fotografía: Valentina Bellomo

La empresa de capitales mexicanos FEMSA, distribuidora de los productos de Coca-Cola en Buenos Aires y alrededores, fue intimada por la Justicia a reincorporar a un trabajador que había sido despedido luego de organizar entre sus compañeros la marcha del 24 de marzo, fecha que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y de ser señalado por integrar una lista gremial combativa. Esta reincorporación, efectivizada finalmente el viernes pasado, se suma a otras también ordenadas por el Poder Judicial, y ocurridas en las plantas de Pompeya, en la Capital Federal, y de Monte Grande, en la Provincia de Buenos Aires.   

José Agustín Gómez, de 55 años, trabajaba en la compañía desde 2003, en el puesto de operador de movimiento interno. El lunes 28 de marzo –inesperadamente para él- sus superiores le notificaron que lo echaban de la empresa bajo la acusación de integrar una “organización rompeconos” que se dedicaba a la rotura sistemática e intencional de estas guías de señalización.

Gustavo Intrieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh) que representa a Gómez, afirma que el fallo del Juzgado Laboral N° 30 dejó asentado que las pruebas presentadas por los asesores legales de Coca-Cola-FEMSA no tienen validez alguna. “Se lo terminó acusando de la rotura de más de 15 conos, pero solo presentaron la rotura de uno solo, la cual se sabe que sucedió el 18 de marzo a las 20.00. Pero quedó asentado que en ese momento José se encontraba en otro sector”, explica el abogado. El letrado sostiene que la supuesta rotura de conos fue un montaje de la empresa para tratar de sacarse de encima al trabajador, a causa de su actividad gremial y de su participación en la convocatoria al acto del 24 de marzo.   

El abogado cuenta el último manotazo de ahogado que intentó hacer la empresa de “la gaseosa de la felicidad”: “Pretendió revertir la cautelar del 14 de julio (la cual obliga a la reincorporación del operario despedido) mediante la presentación de documentos y testigos falsos”. Y se explaya en su explicación: “Como pruebas entregó dos fotos en las que quiere demostrar que José está participando del hecho, pero se observa que se trata de otra persona distinta. Incluso las fotos presentan fechas distintas y un cono en lugares distintos, con lo cual no puede tratarse del mismo hecho. Hasta esa torpeza cometieron”.

Traiciones

A los dos días del despido, los compañeros de Gómez organizaron una asamblea de la que participaron unos sesenta trabajadores en horario laboral para que los abogados del sindicato intercedieran a su favor. “Incluso se ofrecían a pagar los conos magullados”, asegurá el trabajador ahora reincorporado.   Bajo esta presión, dos días más tarde, el viernes 1º de abril, intermedió la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA), a través del subsecretario Américo Romero. “El representante gremial –recuerda José- me da la razón y me dice que la acusación resultaba inverosímil. Igual yo le dije que no se quedara con mi testimonio, que investigue a fondo para dar cuenta de la verdad”.     

No obstante, el 6 de abril Romero le presentó a Gómez un telegrama en el que aceptaba formalmente su desvinculación de la empresa. “Yo había ido para que verifiquen que las acusaciones eran falsas y para que luchen por mi reincorporación, y el señor Romero me comunica que no iban a rever mi caso porque -para él- el sindicato no está para interceder en estas cosas. Pero si los sindicatos no están para ayudar al trabajador, ¿entonces para qué están?”, se pregunta con tono de impotencia.

La vuelta de los años 90

Durante el neoliberalismo de los años 90, las grandes empresas fueron favorecidas por una serie de leyes que flexibilizaban el empleo y precarizaron las condiciones de trabajo. Intrieri esclarece la situación en la Coca-Cola de aquellos años: “Los trabajadores carecían de representación sindical de base, ni siquiera había afiliados al sindicato. No se podía criticar nada”.

Y se explaya en cómo se dio el cambio: “Producto de una organización interna, los trabajadores de Amancio Alcorta lograron imponer la representación gremial, que luego se trasladó a la planta de Monte Grande. Pero el sindicato recién nombró a los delegados en 2012, para protegerse antes de que surgieran representantes más de base, y en 2014 los trabajadores presentaron una lista más representativa, la Lista Bordó, que se oponía al accionar de las directivas mafiosas del sindicato de FATAGA, donde no se convoca a asamblea ni se toman decisiones de modo democrático. Cuando gana la Lista Bordó comienza el ataque a los empleados de la comisión interna de la planta Monte Grande”, relata Intrieri.          

Más tarde, según Intrieri, este disciplinamiento fue aplicado por los directivos de Coca-Cola-FEMSA a su central de Pompeya, donde los trabajadores estaban organizados en la Lista Marrón, una agrupación se define como clasista y está integrada mayoritariamente por miembros que tienen afinidad o que militan en el Partido de los Trabajadores Socialistas.

José Gómez, militante de esta lista, no tiene dudas de que los gerentes de Coca-Cola-FEMSA buscan desprenderse de los miembros más activos y organizados en la defensa de derechos. “Nosotros luchamos por derechos que creemos justos, como -por ejemplo- dejar de cobrar el día simple cuando trabajamos en día feriado, o exigir que no nos cambien de serie y de puesto, o que no nos cambien de horario. Siempre le fui fiel al trabajo y nunca le fallé a la empresa, pero parece que luchar por derechos laborales para ellos es ser mala persona”, advierte.

La desvinculación estratégica de trabajadores que están organizados no es nueva en la empresa de la gaseosa más publicitada del país: “Los compañeros de la Agrupación Marrón veníamos sufriendo despidos desde agosto del año pasado, pero despedían con otro método: sin causa y con indemnización”, declara Gómez.

Otros casos

Cristian Durán protagonizó la primera reincorporación de esta serie dictada por la Justicia. Su despido de Coca Cola fue en agosto de 2015 y ocho meses más tarde una cautelar judicial, que aún aguarda sentencia firme, ordenó su vuelta al trabajo en la planta de la calle Amancio Alcorta, en Pompeya.

“Era sabido en la planta que yo soy activista de la agrupación Marrón, la cual busca defender los derechos de los trabajadores que todavía al día de hoy se siguen vulnerando. Nosotros hemos denunciado a la empresa y también al sindicato por no defender al laburante”, declara Durán.  

Otras sentencias que han salido favorables a los trabajadores son las de Sandro Giménez en la planta de Monte Grande y de Jonathan Mendoza, Gabriel Zapata, Walter Lell, Mario Fernández y Gastón Borda en la de Pompeya. A estos se suman dos casos más de empleados que han preferido, por desgaste emocional, no reincorporarse a Coca-Cola-FEMSA.   

Por lo pronto, en el caso de Gómez, el más reciente de esta serie de trabajadores despedidos y reincorporados por orden judicial, pudo reingresar a su trabajo el viernes pasado.

 

Actualizada 16/08/2016