Por Mariale Adler
Fotografía: Gaspar Galazzi, Mariale Adler

La jornada del jueves en el juicio por la desaparición forzada de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo y su privación ilegítima de la libertad en la RIBA (Regional de Inteligencia Buenos Aires de la Fuerza Aérea Argentina) parecía desenvolverse con la normalidad habitual: ingresaron a la sala las querellas con sus abogados, el público, y, finalmente, los imputados Omar Rubens Graffigna (Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea desde fines de diciembre de 1975 hasta enero de 1979) y Luis Trillo (que se desempeñaba como titular de la RIBA en el momento de las desapariciones). Francisco Gómez, que trabajaba en la Regional y es responsable de la sustracción del hijo menor de Patricia y José, Guillermo Pérez Roisinblit, en esta oportunidad, no concurrió. Luego de que la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidiera perpetuas para todos los imputados y la secretaría de Nación penas de entre 20 y 25 años, los Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo presentaron evidencias y una denuncia que llevó al imputado Luis Trillo a la cárcel común, por violar el beneficio de la prisión domiciliaria.

Los alegatos

A las 10.35 comenzó el primer alegato. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se sumó al pedido de Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez (hija mayor del matrimonio), de condenar a los imputados con la figura de “desaparición forzada de personas”, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. Éste crimen se incluyó en el código penal en el año 2011 y, como Patricia y José Manuel continúan desaparecidos, la Secretaría de DDHH de la Provincia considera que esa ley puede aplicarse en este caso. La querella, además de remarcar que otras víctimas, como Gabriel Pontnau, socio de José Manuel, secuestrado también el 6 de octubre de 1978, no reciben justicia con este proceso, reflexionó sobre qué significa estar desaparecido: “Lo que la desaparición no dijo es la muerte, es una negación de la muerte”, señaló el abogado Maximiliano Chichizola tras retomar el testimonio de Mariana Pérez acontecido el miércoles 4 de mayo. En este sentido, la hija de Patricia y José declaró a ANCCOM: “Este es un buen comienzo para seguir profundizando e investigando más, pero no termina de dar cuenta de la totalidad de lo que pasó, ni con mi familia, ni con el socio de mi papá que sigue desaparecido”. Por esa razón, solicitó para los tres imputados cadena perpetua.

“Este es un buen comienzo para seguir profundizando e investigando más, pero no termina de dar cuenta de la totalidad de lo que pasó, ni con mi familia, ni con el socio de mi papá que sigue desaparecido”, afirmaba Mariana Eva Pérez.

“Este es un buen comienzo para seguir profundizando e investigando más, pero no termina de dar cuenta de la totalidad de lo que pasó, ni con mi familia, ni con el socio de mi papá que sigue desaparecido”, afirmaba Mariana Eva Pérez.

Luego de un cuarto intermedio tras las dos horas de exposición del primer alegato, la Secretaría de Derechos de la Nación pidió penas por “privación ilegal de la libertad y tormentos”. Ambos delitos poseen aquí agravantes por ser las víctimas perseguidos políticos y por el hecho de que Patricia, en el momento del secuestro, estaba embarazada de 8 meses de Guillermo. Las penas solicitadas, en este caso, fueron de 25 años para Trillo y Graffigna, y de 20 años para Gómez.

El fin del beneficio

A las 12:50, una vez finalizada la exposición de las querellas, parecía que el Presidente del Tribunal iba a dar por finalizada la audiencia. Alfredo Ruiz Paz le preguntó a los abogados de la defensa cuánto tiempo consideraban que demandarían sus alegatos (programados para la próxima audiencia) y, en ese momento, el representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, pidió permiso para presentar una incidencia. Iud relató que el martes 9 de agosto, la Asociación que representa recibió un llamado anónimo de un vecino que manifestó haber visto a Trillo circulando por la calle. Al día siguiente, el fotógrafo Gaspar Galazzi, tomó imágenes del imputado paseando a un perro y mirando un teléfono celular en la vía pública. Mientras les daba una copia de las imágenes a los jueces, el abogado querellante alegaba que “se debe revocar el beneficio (de la prisión domiciliaria) cuando se incumplen las condiciones” de la misma. Además, agregó que el fotógrafo se encontraba en la sala por si necesitaban hacerle alguna pregunta y, acto seguido, el presidente del tribunal pidió a Galazzi que declare.

 “se debe revocar el beneficio (de la prisión domiciliaria) cuando se incumplen las condiciones” de la misma, alegaba  el abogado querellante.

“se debe revocar el beneficio (de la prisión domiciliaria) cuando se incumplen las condiciones” de la misma, alegaba el abogado querellante.

 

En ese instante, Trillo rompió con su mirada dirigida siempre al frente y giró completamente en busca del fotógrafo que se encontraba en el fondo de la sala. Por su parte, Graffigna que había estado mirando a un punto fijo desde el comienzo de la audiencia, pareció despertarse: “A Graffigna le movieron el mousse”, se escuchó entre risas, en la sala.

El Presidente del Tribunal ordenó que se cortara inmediatamente la transmisión en vivo de la audiencia y el defensor de Trillo aprovechó para pedir un receso de cinco minutos. Durante ese lapso, en la sala todos comentaban lo sucedido, los abogados entraban y salían, los celulares sonaban. Se percibía tensión en el ambiente.

“Estoy muy contento de haber hecho las fotos desde arriba del auto, ese perro parecía malo”, relató Galazzi.

“Estoy muy contento de haber hecho las fotos desde arriba del auto, ese perro parecía malo”, relató Galazzi.

 

 

Una vez retomada la sesión, todos los abogados tuvieron la oportunidad de interrogar a Galazzi sobre la hora, el lugar y las condiciones en las que había tomado las fotografías: “Estoy muy contento de haber hecho las fotos desde arriba del auto, ese perro parecía malo”, relató. El Presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, pidió pasar las fotos en formato digital para que todos en la sala pudieran verlas, mientras se registraba la fecha y hora de las mismas. El abogado defensor solicitó le entregaran las fotos y el Tribunal se negó a hacerlo hasta que terminara con sus preguntas a Galazzi: “¿Sabe cuál es el departamento de Trillo? ¿Esto está tomado desde un lado de la calle, del otro lado ¿está la autopista? ¿Este trabajo es rentado? ¿Abuelas le paga por esto?”, fueron las indagaciones que formularon a Galazzi antes de solicitar otro receso.

A las 13.50 los asistentes vuelven a ingresar y el abogado de Trillo afirmó que el de las fotos era su cliente que “tuvo que salir unos segundos del departamento para atender a una urgencia fisiológica del perro, que sino se pone agresivo” y agregó el antecedente de la mordedura del animal que había sufrido el acusado en otra oportunidad que lo había llevado a trasladarse al Hospital Duran de manera urgente sin poder avisar al Tribunal. Alfredo Ruiz Paz le preguntó a Trillo si quería decir algo y la respuesta fue lisa y llanamente: “No”.

“Es un caso más que pone en evidencia la necesidad de que exista algún organismo que controle las prisiones domiciliarias, cosa que hoy no existe”, agregó la representante de Rosa y Guillermo.

“Es un caso más que pone en evidencia la necesidad de que exista algún organismo que controle las prisiones domiciliarias, cosa que hoy no existe”, agregó la representante de Rosa y Guillermo.

Finalmente, los jueces anunciaron un cuarto intermedio para deliberar y, una hora después, le revocaron la prisión domiciliaria a Luis Tomás Trillo. Tras esta decisión, Alan Iud, en diálogo con ANCCOM afirmó: “Es muy valiosa, tanto la rápida redacción del Tribunal para decidir, como para resolver la manera de abordar nuestro planteo” y rescató la importancia de que “hayan decidido tomarle declaración al fotógrafo en el momento, de manera pública, permitiendo a todas las partes escucharlo y preguntar”.

Una vez terminada la audiencia, Iud, representante de Rosa y Guillermo agregó: “Es un caso más que pone en evidencia la necesidad de que exista algún organismo que controle las prisiones domiciliarias, cosa que hoy no existe”.

 

Actualizada 12/08/2016