Arranca la mañana en el aula magna de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Sin clase magistral, ni médicos, ni especialistas del campo. El aula, coronada por un domo gris, está repleta de chicos y chicas de escuelas medias de los barrios del sur porteño. Asisten al acto de otorgamiento de las Becas de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda que la Universidad entrega desde hace cinco años como parte de sus actividades de extensión. Luego de las palabras de cierre de las autoridades, se abre el espacio a las preguntas de los asistentes y desde un asiento de las primeras filas una mano sale disparada al aire. Una de las jóvenes becarias presenta una consulta acuciante: “¿Es verdad que la UBA cierra a mitad de año?”.
El fantasma de una crisis profunda en la mayor universidad pública del país volvió a convertirse en tema de agenda este año cuando, a mediados de mayo, el presidente Mauricio Macri se reunió con un grupo de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para negociar la adjudicación de una partida presupuestaria de 500 millones destinada a mitigar los crecientes gastos de funcionamiento registrados en las instituciones educativas por los tarifazos en los servicios públicos y una inflación creciente que estimaciones de diversas consultoras privadas sitúan para este año en torno al 40%.
La Universidad de Buenos Aires había expuesto su situación particular en la resolución 4.664 del 27 de abril cuando el Consejo Superior declaró la emergencia presupuestaria de la Universidad y consideró como provisionales —e insuficientes— los recursos del Tesoro Nacional otorgados a la UBA para desarrollar normalmente las funciones de docencia, investigación y extensión.
ANCCOM dialogó con los decanos de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires para comprender el modo en que se compone el presupuesto universitario nacional, los montos que corresponden a la UBA, cómo se distribuyen entre las diferentes unidades académicas, y el impacto que la crisis presupuestaria puede tener no sólo para el conjunto de sus unidades académicas, sino también para todo el sistema universitario nacional. El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires fue consultado para la realización de este artículo pero no dieron respuesta.
El presupuesto destinado a la Universidad de Buenos Aires para 2016 fue de unos 8.689 millones de pesos, casi el 17% del total del presupuesto universitario nacional estimado en la Ley de Presupuesto, algo que tal vez no resulte sorprendente, ya que con más de 30.000 cargos docentes es la universidad más grande del país. Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, explica que esta posición de poder otorga a la UBA un lugar incómodo en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales y se encarga de negociar con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) el presupuesto que el Estado destinará a las instituciones de educación superior. “Es que se trata de 51 universidades nacionales, y la UBA se lleva el 17% del presupuesto”, subraya.
Los números de la UBA fueron uno de los factores determinantes al momento de negociar una partida adicional -500 millones de pesos- para paliar el aumento de los gastos de funcionamiento, especialmente a partir del impacto del tarifazo.
Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, recuerda que cuando se resolvió otorgar dicho monto, el rector Alberto Barbieri declaró que la UBA se llevaría 150 de esos 500 millones, mientras que el CIN consideraba que esa suma no debía ser superior a los 70 millones, lo que a juicio del Consejo correspondería a la UBA proporcionalmente. “Algunos creen, de hecho, que fue gracias a la presión de la UBA que se consiguió ese dinero”, explica Postolski.
Juan Carlos Reboreda, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, declaró que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento.
Esos fondos se complementarán con la llegada de la partida destinada a solventar los gastos operativos de los cuatro hospitales universitarios de la UBA (el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari, el Instituto de Oncología A. Roffo y el Hospital Odontológico), cuya adjudicación era un reclamo permanente, y que recién se materializó como un gesto hacia esta universidad cuando el saliente gobierno kirchnerista dispuso su inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto. Este monto permitiría a la Universidad devolver a su función el dinero destinado a cubrir el gasto de los hospitales, hasta ahora financiados con fondos de la partida destinada a educación y cultura.
La UBA estima que 711 de los 1.000 millones destinados a la función salud para las 51 universidades nacionales (suma cuya ejecución quedó supeditada a la voluntad política del jefe de Gabinete de Ministros), le corresponden. Sin embargo, la casa de estudios fue notificada mediante una nota presentada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que recibiría 500 millones de esa partida. Fue horas antes de que multitud marchara desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada en reclamo de mayor presupuesto para las universidades, mejoras salariales para los docentes y el establecimiento de un boleto universitario.
Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, afirmó:»Hay una intención de ir arreglando, una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes».
Morgade y Postolski coinciden en señalar que el gobierno mantiene con el conjunto de las universidades nacionales una estrategia de concesiones que tienen el propósito de desactivar las tensiones inmediatas. “Creo que hay una intención de ir arreglando, de ir haciendo acuerdos parciales, de darle a algunas universidades algo de lo que piden; una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes”, afirma Morgade. Postolski lee la situación en términos similares, y asegura que bajo este gobierno “no hay una política universitaria clara. Y enfatiza: “Hay una ideología, un proyecto de país que está yendo hacia otro lado”.
Para el decano de Sociales, algunos funcionarios del área “cuentan con un grado de astucia al momento de la negociación, saben a qué actores cooptar para bajar los niveles de conflictividad”.
“Cuando hay algún movimiento capaz de interpelarlos políticamente -subraya- buscan alguna clase de acuerdo: ni bien la universidad presentó una potencial tensión política, la descomprimieron” con una oferta de dinero para paliar las deficiencias presupuestarias que el incremento de los gastos supuso para el mantenimiento de las diversas facultades de la UBA.
La complejidad del panorama se incrementa si se considera que cada una de las Facultades que integran la Universidad de Buenos Aires tienen reclamos y necesidades propias. Juan Carlos Reboreda, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, explica que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento. Un porcentaje similar maneja el Hospital de Clínicas, y el restante 70% es controlado por el Rectorado de la Universidad, con el cual las facultades tienen que negociar a la hora de solicitar arreglos estructurales y reformas edilicias. En la Universidad de la Plata, esa distribución es exactamente la inversa. “Es materia de discusión”, explica Reboreda, “el grado de centralización o descentralización que debe tener la Universidad de Buenos Aires en lo que hace a su parte administrativa; es una discusión pendiente. Pero lo que hubo en los últimos 15 o 20 años es una centralización cada vez mayor que hace a las facultades fuertemente dependientes del Rectorado”.
Para el desarrollo de sus funciones de extensión e investigación, las Facultades cuentan con aportes provenientes del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y becas que el Rectorado otorga y son ganadas por concurso. Pero, además, las facultades pueden celebrar distintos convenios con instituciones estatales. Esta estrategia de financiamiento autónomo de las facultades ha sufrido un golpe importante luego de la sanción del decreto 336/2016, que determinó, a partir del 1 de abril de este año, la suspensión de todos los convenios celebrados entre organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, y universidades nacionales, provinciales o privadas.
Estos convenios resultaban esenciales “en el marco de un proyecto político que consideraba a las universidades nacionales actores privilegiados a la hora de hacerse cargo de tareas y proyectos que el Estado tercerizaba”, explica Morgade. Los ingresos provenientes de estos convenios representan para la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, la posibilidad de financiar la Editorial Universitaria de esa facultad —encargada de imprimir y distribuir una serie de títulos vinculados con las carreras que allí se dictan—, y de continuar con las tareas de investigación y articulación territorial del Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Acción Comunitaria (CIDAC) presente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. De estos convenios, cuenta Morgade, la Facultad mantiene dos: uno con el Ministerio de Educación, y uno con el Ministerio de Trabajo. La perspectiva a largo plazo resulta incierta.
Glenn Postolski. decano de la Facultad de Ciencias Sociales, contó que se suspendieron convenios con el Ministerios del Desarrollo Social y de Trabajo y con la AFSCA y la AFTIC.
Algo similar sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales. Postolski cuenta que los convenios suspendidos se habían establecido con diferentes áreas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, y con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) —disueltas por el decreto de necesidad y urgencia 267 presentado a fines de diciembre del año pasado. En total, la celebración de estos convenios aportó unos 12 millones de pesos en recursos propios con los que esta Facultad ya no cuenta. Una parte importante de esos fondos iba directamente a la financiación y ejecución de los convenios, pero un resto quedaba en sus manos para decidir cómo gestionarlos. “Nosotros estamos tratando de que todo lo que haya sido firmado, nos lo paguen”, explica Postolski. “Intentamos abrir el juego: estamos convencidos de que esta Facultad puede producir conocimiento y generar una serie de tareas para el Estado; no vamos a renunciar a eso, aunque tal vez sea algo que a este gobierno no le interese”, agrega.
Tratar de especificar o conocer qué es lo que sí interesa al gobierno en materia de políticas universitarias no resulta tarea sencilla. Postolski aporta algunos elementos para comprender esta dinámica. Por un lado, diagnostica “un alto grado de imprevisibilidad y hasta de improvisación” en materia de generación (o hasta de comprensión) de políticas universitarias. Acaso prueba de ello fuera la propuesta y el casi inmediato arrepentimiento del productor televisivo Juan Cruz Ávila como secretario de Políticas Universitarias. Para Postolski, “los encargados de la política universitaria pueden tener una visión de hacia dónde quisieran ir, pero esta visión no se condice con la realidad que presentan los actores y su dinámica en el escenario actual”. Pero hay aún otro elemento de importancia, quizá el que permita comprender mejor qué es lo que sucederá en el futuro: “La UBA tiene, desde la época de Guillermo Jaim Etcheverry como rector, una política de negociar con el gobierno por fuera del Consejo Interuniversitario Nacional. Esta estrategia de negociar por encima del CIN, a la UBA le resultó mejor este año que en los dos anteriores. Con el gobierno anterior, existía una estrategia política destinada al sector universitario en donde la UBA no ocupaba un lugar central. Pero desde el 10 de diciembre pasado, es muy probable que la estrategia del nuevo gobierno esté destinada a desactivar una serie de conflictos negociando con algunas pocas universidades”, concluye el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Es aquí donde podría jugar un papel preponderante la extracción política del actual rector de la Universidad, Alberto Barbieri, afín al radicalismo, partido que es aliado e impulsor del actual gobierno macrista en el marco de la alianza Cambiemos.
Para Reboreda, el debate sobre la cuestión presupuestaria agita varios fantasmas. Es que en nombre de la eficacia o eficiencia de la universidad o sus gastos comienzan las discusiones a propósito del número de ingresantes, o incluso del arancelamiento. Anticipando posibles cuestionamientos, Reboreda realizó una breve comparación entre el gasto por alumno que tienen otras dos grandes universidades: la Universidad de São Paulo, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La primera, con un presupuesto de 1.323 millones de dólares y cerca de 90 mil estudiantes, registra un presupuesto por alumno estimado en 15 mil dólares; para la UNAM, con 325 mil estudiantes y un presupuesto de 2.300 millones, el valor estimado para cada estudiante es de 7.000 dólares. En la Universidad de Buenos Aires, ese valor es de 2.150 dólares, cuando se contemplan su presupuesto de 600 millones de dólares y su matrícula de 280 mil estudiantes.
Actualizada 13/07/2016