La facultad policial para detener personas en la vía pública y pedir documentos, el uso de las pistolas Taser que producen descargas eléctricas sobre los cuerpos humanos, la emergencia en materia de seguridad y el protocolo antipiquetes. La enumeración forma parte de una lista de medidas de la gestión de Cambiemos que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió como un nuevo marco para facilitar posibles detenciones arbitrarias.
A 25 años del caso Walter Bulacio –un crimen que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia policial-, la CORREPI lanzó una Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias junto a un conjunto de organizaciones sociales. También denunció que, desde diciembre de 2015, se ampliaron y profundizaron las facultades policiales para demorar a personas sin causa alguna. “Ya no tenemos la opción de pensar si lanzamos o no una campaña nacional, sino que tenemos que hacerlo en defensa propia. Hay que poner en evidencia un mecanismo que funciona aceitadamente por dos características: la naturalización hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilización hacia el afuera”, explicó María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI , en diálogo con ANCCOM.
Cada año, la CORREPI realiza un documento oficial -Archivo de Casos- que certifica que este accionar no sólo aplica en la actualidad, sino que tiene una larga trayectoria. En su última actualización de fines de 2015, la organización subrayó que, desde el asesinato de Bulacio, alrededor de 500 jóvenes menores de 18 años murieron en comisarías, donde nunca deberían haber estado.
Esos datos tienen historia propia. Desde diciembre de 1983 hasta la actualidad, según CORREPI más de 47 mil personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. El 40% de esas víctimas estaban detenidas en cárceles y comisarías. Del total de las personas que resultaron muertas en ese ámbito, la mitad no estaban allí por delitos, sino por averiguación de antecedentes, para identificación, por contravenciones o razzias.
Las modalidades de represión utilizadas son el gatillo fácil, el asesinato de personas detenidas, casos de conflictos intrafuerza o intrafamiliares donde el autor utiliza para “resolverlos” los recursos represivos que le provee el Estado, la desaparición forzada, los asesinatos en movilizaciones o protestas y las causas fraguadas. El blanco fácil es la juventud. En el 52% de los casos, las víctimas son personas menores de 25. En el análisis de la implicancia de las diferentes fuerzas de seguridad, los estudios de CORREPI afirman que un gran número de los casos recae sobre los servicios penitenciarios y las policías provinciales, con más de mil y de dos mil víctimas, respectivamente. Continúa la Policía Federal Argentina que supera los 400 y le siguen otras fuerzas -seguridad privada, Gendarmería, Prefectura y Policía Metropolitana-, con menos cantidad registrada, pero no exentos de participación.
Nuevo escenario
Un dato adicional al nuevo estado de cosas proviene del interior del país. Verdú advirtió que muchos distritos modificaron sus legislaciones contravencionales: describen conductas que no son delitos pero que son tratados como si lo fueran para habilitar y justificar la detención. “Todas acciones que tienen directa relación con la necesidad de generar control social, en un marco de ajuste, de saqueo, que da motivo a que la gente salga a la calle a protestar y, por lo tanto, deba ser disciplinada de manera mucho más dura”, agregó.
La campaña fue presentada con una conferencia de prensa en la Legislatura porteña y luego ampliada con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Se cumplía el vigésimo quinto aniversario de la detención, tortura y muerte a manos de la Policía Federal Argentina de Walter Bulacio, un joven de 17 años que aguardaba en el ingreso del Estadio Obras Sanitarias para disfrutar de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A la iniciativa se adhirieron cientos de organizaciones de derechos humanos, barriales, estudiantiles, sindicales, culturales, partidos políticos y familiares de víctimas.
“Es una de las peores herencias de la dictadura”, definió Enrique “Cachito” Fukman, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, durante la rueda de prensa. Y advirtió: “Una persona puede ser detenida por portación de cara y, de ahí en más, su destino pasa a estar en manos de las fuerzas de seguridad”.
Por su parte, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda, expresó que “el Estado manifiesta su esencia represiva más que nunca cuando actúa de modo arbitrario, cuando reprime, agrede y mata a un joven simplemente por estar ejerciendo su papel directo de violentador de la vida y la libertad”, subrayó.
Verdú completó el argumento: “Las detenciones arbitrarias son ese enorme sistema que faculta a la Policía y a todo el conjunto de las fuerzas a detener a cualquiera, en cualquier momento y lugar, solamente porque se le dio la gana a ese funcionario de seguridad”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado argentino terminar con este sistema de detenciones arbitrarias el 18 de septiembre de 2003, pero desde la CORREPI denuncian que esa sentencia sigue sin cumplirse y atraviesa absolutamente a todas las gestiones hasta la actualidad. Como titula su último documento oficial, “Los gobiernos pasan, la represión queda. La lucha también”.