Por Azul Tejada
Fotografía: Néstor Beremblum, Valentina Bellomo

El futuro de fábricas y empresas recuperadas está en riesgo. Debido al aumento desmedido en las tarifas de luz y gas, la devaluación creciente, y la suba en los transportes públicos que encarecen el traslado de los trabajadores a su lugar de empleo, algunas cooperativas podrían tener que cerrar sus puertas. El martes 20 de abril, representantes del  Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (MNER-CTEP) tomaron el Ministerio de Energía y Minería para exigir que se los incluya dentro de la tarifa social. Por otra parte, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) se reunió el jueves con el legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, para presentar un proyecto de ley similar.

Eduardo Murúa, presidente del MNER y trabajador del IMPA, explicó a ANCCOM que desde que se conoció la resolución de aumentar los servicios, las cooperativas agrupadas han solicitado una audiencia al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Ante la falta de respuestas, decidieron movilizarse y tomar las instalaciones. “Logramos tener una reunión con el subsecretario de coordinación administrativa Sebastián Scheimberg, que entendió el reclamo pero no dio ninguna solución”, explicó. Si bien el planteo inicial de MNER-CTEP era volver al monto anterior a la suba, lograron que se firme un acta de acuerdo donde el Ministerio se comprometió a crear un registro para rever la situación de cada una de las empresas recuperadas del país, con la finalidad de acceder a una tarifa diferenciada de servicio eléctrico. “Nosotros le pedimos hacer el esfuerzo de seguir conversando durante los próximos diez días para ver si se podía hacer algo en común, y no algo que contemple a cada una por separado. Pero bueno, en principio es lo que conseguimos”, aclaró Murúa.

Las fábricas y empresas recuperadas son fruto de la crisis política, económica y social que explotó en el país en 2001, pero que venía gestándose principalmente desde la dictadura del 76. Destrucción del Estado garante de derechos, reducción salarial masiva, concentración de la riqueza, endeudamiento externo desmesurado, desocupación y obediencia a las recetas del FMI son algunas de las medidas que se iniciaron en aquel entonces y que, durante el menemismo, se llevaron al extremo hasta que muchas empresas quebraron o fueron vaciadas por sus dueños.

Según explica el colectivo lavaca en su libro Sin Patrón –que recoge la historia de 166 empresas recuperadas en Argentina– en la década del noventa la estrategia de la represión se cambió por la del desempleo y la exclusión social: la desaparición económica de las personas. Con el trabajo flexibilizado y los despidos masivos, nació una “no” clase, sin derechos y solo preocupada por la mera subsistencia. En ese contexto, que terminó de complejizarse durante la presidencia del radical Fernando De La Rúa, fábricas y empresas empezaron a vaciar y cerrar sus establecimientos. Ante esa situación, los despedidos tomaron sus lugares de trabajo, y volvieron a ponerlos en funcionamiento a través de cooperativas.

Carlos Saso, presidente de la Cooperativa Maderera Córdoba, recuperada por sus trabajadores durante sus tareas en los galpones de la Ciudad de Buenos Aires, 21 de abril de 2016. Fotos de Néstor J. Beremblum / ANCCOM

Carlos Saso, presidente de la Cooperativa Maderera Córdoba, recuperada por sus trabajadores.

¿Por qué una cooperativa? lavaca esboza tres razones. En primer lugar, porque de esta forma no son heredadas las deudas, delitos y penas del anterior propietario: solo se recupera la producción. En segundo lugar, son organizaciones que reconocen el trabajo y la solidaridad como capital suficiente para iniciar una empresa. En tercer lugar, construir una sociedad en Argentina tiene un costo económico mucho mayor que darle forma legal a una cooperativa. Además, tienen dos características fundamentales. Por un lado, sus miembros no cobran un salario, sino que se reparten los excedentes. Y por el otro, los socios que se retiran no tienen derecho a reclamo indemnizatorio, ya que el único valor de la constitución es el trabajo. Incluso, si la sociedad entera se disolviera, el estatuto determinará a quiénes deberán donar los fondos.

La tradición del veto

Mauricio Macri, durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó dos normativas que beneficiaban a las fábricas y empresas recuperadas. El régimen de protección de estas cooperativas, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó en 1999, a partir de la ley 238 promulgada por Aníbal Ibarra, que se prorrogó hasta 2011 mediante otras dos leyes –la 1529 y 2970-, sancionadas en 2004 y 2008 respectivamente. En 2011, Macri vetó la ley 4008 aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, que establecía extender la protección unos años más, como lo hicieron las normas anteriores. Pese a eso, los distintos bloques trabajaron y redactaron una nueva norma, la 4452, con el propósito de resguardar esas experiencias productivas colectivas. Pero también terminó en el veto macrista.

A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se modificó la Ley Nacional de Quiebras y Concursos. Esa reforma facilita que los trabajadores organizados en cooperativas se hagan cargo de la empresa, tomando como moneda de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.

En los últimos meses, la situación de los trabajadores de las empresas recuperadas ha ido desmejorando. Las ventas han decrecido y los servicios y bienes necesarios para vivir aumentan cada vez más. La suba de la luz, según dijo Murúa a ANCCOM, en algunos casos llegó a siete veces más que la tarifa anterior.El conjunto de medidas del gobierno actual no solo provocó una caída en las ventas de las empresas recuperadas, sino también una devaluación que afecta directamente al salario de los trabajadores y una recesión en toda la economía”, opinó el presidente de MNER.  

El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952.

Gráfica Patricios

El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952. En marzo de 2003 comenzó la toma y posterior recuperación del establecimiento, ya que desde 1998 Raúl Gonzalo, su antiguo dueño, no pagaba a sus empleados lo correspondiente (en la Navidad de 2002 llegó a darles un paquete con diez monedas de un peso). Durante 2002 y 2003, no solo se incumplían los salarios, sino que comenzó el vaciamiento de la fábrica despidiendo a los empleados y traspasando trabajos que habitualmente se imprimían en la gráfica a otra que tenía el propietario. En noviembre de 2003, la Legislatura porteña expropió de manera definitiva las máquinas a favor de la cooperativa, y en 2004 hizo lo mismo con el edificio, el que están pagando en cuotas que se extenderán hasta veinte años después del nacimiento de la cooperativa.

Gabriel Rojas, uno de los asociados de la gráfica, opina que “estamos entrando en este momento en lo que era el 2001. Se empieza a desactivar la economía atacando a las empresas públicas y después las privadas empiezan a ver que también pueden despedir gente”. Además de la luz, el aumento de tarifas que más les afectó fue el de gas, ya que las rotativas tienen un horno. Otro costo fijo que creció durante el 2016 fue el papel: “Cuando asumió Macri fue lo primero en subir, un 30 o 40 por ciento. Tenemos que ver qué es lo que pasa, ya que nuestro trabajo bajó bastante. No sabemos qué es lo que va a venir y qué capacidad de respuesta podemos tener. Llegaron ellos, llegó el neoliberalismo, los precios subieron y los salarios no”, consideró Rojas.

004_Grafica Patricios, Ciudad de Buenos Aires, 20-04-16. Foto Valentina Bellomo _ ANCCOM12 copy

Maderera Córdoba

Debido a una mala administración y al efecto de la crisis económica, la maderera fundada por Vicente Biglia –y manejada posteriormente por su hija–, entró en 2001 en convocatoria de acreedores y siguió trabajando dos años de modo cada vez más precario. En 2003, decretada la quiebra, los trabajadores fundaron la cooperativa en una casa vecina donde funcionaban las oficinas, ya que el local estaba con faja de clausura.  En julio de 2004 consiguieron la expropiación temporaria del inmueble y las máquinas, y actualmente tienen la expropiación definitiva con cargo a pagar en veinte años.

“No nos llegó la nueva factura de luz”, dijo preocupado Carlos Saso, presidente de la cooperativa. ”Estábamos pagando 2.000 pesos en diciembre y en febrero llegó una boleta de más de 6.000. Con las máquinas usamos el servicio permanentemente”, aclaró. Saso contó a ANCCOM que a causa de la devaluación sus excedentes se han reducido un 50 por ciento. “Hay algunas empresas que aumentaron el salario un 20 por ciento a sus trabajadores. En cambio, acá no llegamos ni al 15, porque no podemos. Como la venta cayó se nos hace imposible. Y teniendo en cuenta que el nivel de vida es cada vez más caro, que los servicios también aumentaron en cada una de nuestras casas, como así también los transportes, esto es cada vez peor. Yo vivo en Moreno, cargaba 100 pesos la SUBE y me duraba toda la semana. Ahora no me dura ni dos días”, explicó.

 

Alé Alé

Alé Alé es una cooperativa gastronómica de las más recientes. Nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012.  En ese año, cerró La Zaranda, otro restaurante del grupo OJA –también dueño de Don Battaglia, Los Chanchitos, Mangiata, y La Soleada, todos actualmente recuperados–, y eso fue lo que los alertó. “Cuando nos enteramos que la próxima era Alé Alé empezaron  los conflictos. Ya veníamos con varios meses sin cobrar y además era muy obvio que iban a cerrar. Vaciaron las oficinas, la mercadería no era la misma. Estaban echando a la gente, querían bajar la clientela y demostrar que el restaurante no era viable”, contó a ANCCOM Andrés Toledo, presidente de la cooperativa. En enero de 2013 tomaron el local, y durante ese año tuvieron cinco intentos de desalojo. Superado el último, a cargo de la Policía Metropolitana, los trabajadores de la cooperativa se reunieron con los dueños. “Recibimos el apoyo del gobierno nacional de ese momento. Nosotros necesitábamos un tiempo para mudarnos, y el Estado se comprometió a hacerse cargo, cuando encontráramos el lugar, de las refacciones, traslados y equipamiento. Yo les pedía un año y los propietarios querían tres meses. En ese tiempo no podíamos hacer nada, así que terminamos arreglando ocho. El Estado nos transfirió el dinero a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, explicó Toledo. Finalmente, inauguraron la nueva sede en septiembre de 2014.

Respecto a su situación actual, el presidente de la cooperativa informó que cayeron un 30 por ciento los excedentes. “La gente no sale. Los costos fijos crecieron mucho, más del doble. De luz nos venía entre 7500 y 8000 pesos, y ahora estamos pagando 22000. El gas aumentó el triple aproximadamente. Y no podemos trasladar todo a los precios, porque la gente no solo busca calidad y cantidad. No los tocamos desde noviembre. Es preferible llevarnos menos dinero, y no que los clientes dejen de venir”, agregó.

La cooperativa Alé Alé nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012.

La Casona

La pizzería ubicada en Corrientes y Maipú, nació como cooperativa en julio de 2014. Durante los meses anteriores, la empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios. Los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar. Los trabajadores tomaron el establecimiento, y al día siguiente el dueño de New Nort S.A. les entregó la llave y comenzaron a funcionar como cooperativa.

Sin embargo, actualmente tienen un problema con la empresa Mercedes S.C.A., propietaria del inmueble. Los primeros días de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto que declara preocupación por la  continuidad laboral de los trabajadores. “Tenemos un problema con el tema del alquiler”, contó a ANCCOM Daniel Fernández, socio fundador de la cooperativa. “Nos dijeron: hagan buena letra que nosotros en diciembre, que se vencía el contrato con la empresa quebrada, les empezamos a cobrar a nombre de ustedes. Cuando llegó ese mes, nos dijeron que a partir de la fecha nosotros éramos ocupas, y nos iniciaron un juicio de desalojo. Ellos tendrían que haber ido a la quiebra a cobrar los meses de alquiler que todavía les adeudaba New Nort S.A., y como vieron que no iban a sacarle un mango, nos empezaron a cobrar a  nosotros con la promesa de renovarnos  el contrato”, explicó Fernández. Mario Romero, presidente de la cooperativa, agregó: “Si en julio de 2014, cuando arrancamos, nos hubieran dicho que no iban a alquilarnos más, la cooperativa hubiese tomado otro rumbo. Con  toda esa plata que se destinó en alquiler podríamos habernos ido a otro lado”. En este momento, según explicó otro trabajador de la cooperativa, Gonzalo Ruiz, están clausurados ya que al no estar el alquiler a su nombre, tampoco lo está la habilitación.

La empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios y los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar.

El aumento en los servicios es otro de los motivos que dificultan el funcionamiento de la cooperativa. Según expresó Daniel Fernández, pasaron de pagar 8000 pesos de luz a 42000: “Ese fue el primer sartenazo que nos pegaron. Y después hay que pensar que aumentó todo, la mercadería, el colectivo. Van cuatro meses y todavía no vemos un panorama que ayude al trabajador, y menos teniendo en cuenta los despidos que hubo en el sector público y privado. Los excedentes bajaron muchísimo, ya que todos esos aumentos son menos retiros que podemos hacer. Lo que queremos es abrir y trabajar. Que la cooperativa funcione”.