Por Adrián Olstein
Fotografía: Romina Morua

Entre el mito del arma sobre la mesa de la gestión de Guillermo Moreno y la confianza en la buena voluntad de los empresarios que proclama el gobierno de Cambiemos, la Secretaría de Comercio desarrolló desde 2013 hasta finales de 2015 diferentes programas para el control de precios y la protección de los consumidores que, en las últimas semanas, fueron desmantelados con despidos masivos en el área.   

Por estos días circulan por las redes sociales videos que retratan la reducción de personal que ya afectó a 400 trabajadores. El modelo se repitió en dos oportunidades, en diciembre y marzo: un supuesto gerente de elegante sport sale de su oficina a encontrarse con la multitud de trabajadores, a punto de ser despedidos algunos, con la noticia confirmada otros. Al principio silencio y brazos cruzados, hasta que los primeros se animan con voces entrecortadas que desafían al poder. Una de las chicas sale del grupo y la cámara gira hacia ella:

– Desde el 10 de diciembre en esta Secretaría no se homologó un sólo acuerdo, no se pagó una sola…

– No se pagó ni una sola multa –la interrumpe otra, completando la idea- porque vienen las empresas y dicen ‘informen un CBU, quiero pagar la multa, ¿dónde deposito la plata?’ ¿Y qué se le contesta? Que en el proceso de cambio de cambio de Ministerio responsable, de Economía a Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. No hay una caja donde depositar la plata, por eso no se cobran las multas…

https://www.youtube.com/watch?v=nnAAKGEujkQ&feature=youtu.be&t=3m28s

Las multas del diálogo son los cargos que las empresas deben -o debían- pagar cuando la Justicia falla en contra de una compañía en una mediación por incumplimiento en acuerdos de precios. Esas multas se enmarcan en el programa de consumo protegido, uno de los planes cuyo equipo de trabajo fue desarticulado por la gestión macrista. Y tienen historia.

“El gran avance en materia de defensa de los derechos de los consumidores fue la sanción de la Ley que crea el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, que dio lugar al programa Consumo Protegido”, explica el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa, en diálogo con ANCCOM.

El programa creó un mecanismo rápido y eficaz de conciliaciones obligatorias ante conflictos relacionados con actos de compra-venta de bienes y servicios.

“El principal objetivo de nuestra gestión fue dotar de mayores herramientas a los consumidores para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Hay que tener en cuenta que durante la década del ´90 millones de argentinos fueron marginados de los circuitos de producción y consumo y vieron disminuida su capacidad de hacer valer sus derechos ante los abusos empresarios”, completa el ex funcionario.

Las denuncias en la Secretaría del Comercio por incumplimiento de los empresas habían pasado de 1000 a 50 mil en menos de un año.

A cargo del área desde noviembre de 2013 hasta el final de la gestión kirchnerista, Costa asegura que “en menos de un año, las denuncias en la Secretaría de Comercio respecto a incumplimientos por parte de las empresas pasaron de 1000 a más de 50 mil, lo que muestra el gran éxito que tuvo el sistema.”  Y subraya: “Los consumidores comenzaron a discutir cara a cara con las empresas”.

El programa “Precios Cuidados” fue una de las grandes víctimas de la nueva política de vaciamiento en el área. El plan contemplaba un acuerdo tripartito entre proveedores, cadenas de supermercados y Secretaría de Comercio para garantizar el abastecimiento de ciertos productos a un precio determinado y con una renovación trimestral. “Con los diferentes programas de Precios Cuidados (supermercados, almacenes y comercios de barrios, motos, construcción, telefonía celular) los consumidores recuperaron referencias de precios para poder tomar sus decisiones de consumo”, resume Costa a esta agencia.

En su inicio, el 6 de enero de 2014, el programa contaba con 194 productos pertenecientes a 60 empresas. Para diciembre de 2015, la canasta llegaba a 512 productos de 112 compañías proveedoras. Hoy, el convenio bajó a 300 productos, pero no tiene relevadores ni inspectores que controlen que el acuerdo se cumpla.

También se reemplazaron algunas primeras marcas por segundas. Es el caso de la leche: hasta diciembre la marca que participaba del convenio era ‘La Serenísima’, con un precio de $10,50 el sachet. Una segunda marca (‘Santa Brígida’), fuera del programa, tenía un precio de $8,50.

En la última actualización y primera de la gestión de Miguel Braun, tras reemplazar la primera marca por la segunda que ingresó con un precio de $11,20 (+32%), se liberó el camino para que la primera marca (ahora fuera del programa) defina libremente su precio, hoy en $15,50, 55% por encima de su precio en diciembre.

Falsas promesas, empresas ganadoras

“En la transición entre una gestión y la otra se habló de la necesidad de mantener y extender estas herramientas, que ya se habían incorporado a la vida cotidiana de los consumidores”, recuerda Costa.

Sin embargo, la realidad posterior desmintió los acuerdos y promesas políticas. “Lamentablemente, las nuevas autoridades vinieron con otra idea y desarticularon o le restaron impacto a la mayoría de los programas, respondiendo más a la agenda empresaria y de las grandes corporaciones que a las necesidades y derechos de los consumidores”, subraya.

En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal, desde aquellos que se sentaban a negociar un precio con las empresas, hasta los que iban supermercado por supermercado a controlar la presencia de los productos en las góndolas y de los carteles que indican el “precio cuidado”.

El desmembramiento de la Secretaría de Comercio, incluido el programa de Precios Cuidados, se hizo en tres etapas. La primera fue, tras la renuncia de Augusto Costa y los directores nacionales, con el pedido de renuncia a subdirectores y directores de áreas.

Luego hubo dos etapas de despidos masivos. La primera fue el 15 de diciembre con la desvinculación de 150 empleados. La segunda se produjo el  el miércoles 2 de marzo. Ese día -cuando fue grabado el video que rescata esta crónica- fueron despedidos otros 250 trabajadores.  Algunos  no estaban en el listado original, pero fueron despedidos días después por haber filmado o  discutido con directores nacionales por el ajuste en la planta.

Uno de los despedidos de la segunda etapa es Guillermo Rabinovich. Es economista, tiene 32 años y trabajaba en la Secretaría de Comercio desde hacía cinco. A partir del nombramiento de Costa, tuvo a su cargo la negociación con algunas de las empresas que trimestralmente firmaban el acuerdo de un listado de precios. “En enero de 2014 se creó toda una estructura para gestionar y administrar el programa. Yo participaba de la negociación con empresas pero al mismo tiempo tenía otras tareas”, reflexiona.

Las funciones del equipo que trabajaba en Precios Cuidados eran múltiples: la negociación con las empresas, actualización del listado de productos y precios, la relación con las cadenas de supermercados y de un sistema llamado “Alerta temprana” que permitía a los supermercados poner un sustituto cuidando el precio de convenio, ante una falta de abastecimiento. El equipo de relevadores e inspectores era otra pieza fundamental: tenía poder de policía para multar fallas en la señalética, desabastecimientos no informados o cualquier incumplimiento del convenio.

En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal.

“Hoy casi no existe ‘Precios Cuidados’ en todas sus variantes y el cumplimiento del limitado esquema vigente es muy pobre”, reflexiona Costa.

Y completa: “No existen inspectores ni relevadores de precios en las calles que puedan garantizar el cumplimiento de los acuerdos, eliminaron las normativas que obligaban a las empresas a informar los cambios en los precios; y se frenó el programa Consumo Protegido, que pasó de atender 300 casos diarios a menos de 20”.

Más allá del programa por el control de precios, las nuevas autoridades también discontinuaron otros planes clave como el de “Fiscalización de rótulos” que apuntaba a evitar que los consumidores sean engañados por pequeños cambios en las etiquetas y que obligaba a que un producto tenga por lo menos un 20 por ciento de la superficie de la etiqueta distinto al anterior.

También quedó sin aplicación el conocido como “SUBEneficio”, un convenio entre la Secretaría de Comercio y algunas empresas (comida rápida, cines, heladerías, indumentaria) para que ofrecieran descuento a los usuarios de la tarjeta SUBE (sistema único de boleto electrónico). Y tampoco sobrevivió el “Sistema Informático del Régimen Informativo de Precios” (SIRIP), un esquema de monitoreo de la cadena de valor de los productos de consumo masivo que permitía saber de forma aproximada cuál era el costo de producción de algunos productos y, en la comparación entre ese costo y el precio de venta al consumidor, evitar los márgenes abusivos. La Dirección Nacional de Precios, a cargo de este programa, también fue desintegrada.

El nuevo gobierno también desmanteló el denominado “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” (COPREC) que buscaba articular un sistema de resolución de conflictos entre consumidores y empresas por compra de productos defectuosos o con fallas. El equipo fue desarticulado y los 12 mil reclamos acumulados y pendientes de mediación quedaron archivados.

Actualizado 05/04/2015