Una línea de policías tras el vallado que forma parte del paisaje habitual en la Plaza de Mayo, una fila de mujeres de la Infantería con escudos y trajes y un camión hidrante estacionado, con el motor apagado. Un poco más allá, un grupo de uniformados que apenas interrumpe su charla cordial para mirar la explosión de bombas de estruendo que surgen desde la base de la Pirámide de Mayo. El promocionado debut del nuevo Protocolo de Seguridad quedó finalmente desdibujado en una discreta presencia policial en la movilización convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para rechazar los despidos en la gestión pública y protagonizar la primera protesta laboral contra la gestión de Mauricio Macri.
La resolución del denominado “Protocolo Antipiquetes” fue aprobada la semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior dependiente del Ministerio que encabeza Patricia Bullrich. Sin embargo, horas antes de la movilización, el gobierno anunció que las fuerzas de seguridad no interferirían en el desarrollo de la marcha. Tampoco se formalizaría el cuestionado experimento del corralito para la prensa. Las competencias de juridiscción con la Ciudad de Buenos Aires -el reglamento es válido para fuerzas federales- y la demorada publicación de la nueva normativa en el Boletín Oficial terminaron de dar forma a la estrategia oficial.
Desde el comienzo del ¿debate? del Protocolo, el gobierno defendió las nuevas reglas como una herramienta de equilibrio entre dos derechos: el de protestar y el de transitar. Esa idea inicial cobró cuerpo en la resolución aprobada la semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior. “En una jornada histórica para el Consejo de Seguridad Interior, con el 80% de adhesión de las provincias, logramos poner en marcha el `Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas´», anunció en su portal el Ministerio de Seguridad.
Si bien el Protocolo afirma que “manifestar en la vía pública, es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente” y luego considera que “quienes no participan de una manifestación en la vía pública, no vean afectados sus derechos a circular libremente”, las declaraciones posteriores de Bullrich -”si no se van a los cinco minutos, los sacamos”, amenazó- fortalecieron el argumento de que el Protocolo pretende privilegiar el derecho de libre circulación por sobre el de la protesta social.
La aprobación generó la reacción de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “esta decisión limita derechos de manera inconstitucional al poner a la libre circulación por encima de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta y a la libertad de expresión”. Además, puntualizó que el documento no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego.
Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió “la aprobación del `nuevo protocolo para manifestaciones públicas´ por parte del Consejo de Seguridad Interior, por orden del presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich.” Y fustigó especialmente la asignación de una “zona determinada” para la cobertura mediática. “Los trabajadores de prensa no aceptamos liberar la zona para que la policía reprima sin que queden evidencias”, afirmó el sindicato en un comunicado. Como parte de ese argumento, recordó que el accionar de reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas fue vital en la resolución de casos como los asesinatos de los militantes Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Mariano Ferreyra.
Con el protocolo en vigencia y el paro y movilización de ATE confirmados, el modo de intervención policial había generado expectativa. El lunes, dirigentes gremiales de ATE fueron citados a una reunión en el Ministerio de Seguridad para acordar el modo en que el Protocolo se pondría en marcha. Horas después, la seccional porteña de ATE intentó impedir la aplicación de la normativa con la presentación de un habeas corpus que, luego de ser aprobado por una jueza de Capital, fue revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
A los motivos iniciales de los miles de despidos de empleados estatales, se sumó la consigna contra la criminalización de la protesta que disparó la aprobación del Protocolo. A pesar de la multitud que marchó desde diferentes puntos del centro hacia la Plaza de Mayo, interrumpiendo totalmente el tránsito a su paso, no hubo disturbios ni intervención del operativo policial.
La desconcentración de la marcha comenzó pasadas las 15:00, con un calor agobiante. Cuando la Avenida de Mayo ya estaba despoblada, casi vacía de gente, un joven padre de veintipico le explicó a su hijo de unos tres o cuatro años: “La calle es tuya”.