Por Delfina Corti
Fotografía: Daniela Yechua, Romina Morua

El 23 de noviembre del 2015, la periodista Marcela Ojeda le preguntó a Mauricio Macri en una conferencia de prensa cuál era su posición frente a los juicios a los represores. “La Justicia tendrá plena independencia para seguir trabajando”, fue su respuesta. Esta afirmación anticipó la política de Derechos Humanos del actual gobierno: la Justicia, únicamente, estará presente. Las políticas de derechos humanos no se limitan únicamente al juicio y su sentencia ya que existe un contexto en el cual las víctimas, cuyos derechos fueron violados, deben ser acompañadas y respaldadas. Es ahí donde el Estado tiene un rol fundamental y un efecto reparador. El Estado, y no solamente el Poder Judicial deben estar presentes.

En la Argentina, hasta hace una década, el Estado no había asumido su rol en el acompañamiento y reparación de las víctimas. Sin embargo, al asumir el presidente Néstor Kirchner, el Estado Nacional modificó su rol: “Nosotros percibimos que el Estado tiene un efecto reparador en el plano simbólico. En ese sentido, las víctimas pueden descansar en que hay alguien que ha asumido la búsqueda y el compromiso de justicia”, afirma Julieta Calmels, ex directora del Centro Ulloa.

Sin embargo, al no participar el Estado con sus tres poderes, ese rol desaparece. En el libro Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, editado en noviembre de 2015 por el Centro Ulloa, se afirma: “(…) para salir de la escena del horror se requiere de tres movimientos. Por un lado, la interrupción de los hechos de violencia (materiales y simbólicos), y por otro, un movimiento del sujeto para pasar a otra escena. Pero también es necesario un movimiento de las instituciones del Estado. Si la violencia se interrumpe y el sujeto realiza un movimiento para posicionarse de modo diferente, pero las instituciones no asumen lo ocurrido como algo que también les concierne, el hecho queda meramente en la interioridad de cada persona y las posibilidades subjetivas de cada quien”. Es decir, para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto. Ese exterior es el Estado con sus tres poderes.

«Para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto».

“Sin su presencia, el sujeto no tiene, simbólicamente, dónde apoyar su vida para poder recomponer esa situación traumática. Los organismos en su momento cumplieron ese rol, pero es un rol distinto. Una cosa es el Estado con todo su andamiaje de recursos económicos, simbólicos, jurídicos e institucionales, y otra cosa son los organismos que forman parte de la sociedad civil, enfatiza Calmels. Actualmente, hay un corrimiento del Estado. Atrás de un despido, hay una política pública y una situación de desamparo para las víctimas”.

Corrimiento del Estado

En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad. “Cualquier Estado debe escuchar a los destinatarios de una política pública para poder llevarla a cabo. Caso contrario, tiende a fracasar porque se pierde una parte nuclear de lo que es la política. Si no se escucha a las víctimas, cómo sabemos quiénes son los responsables”, sostiene Natalia Federman, ex directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.  

Durante estos dos meses, Macri aún no se juntó con los organismos de Derechos Humanos, en su lugar envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Haber mandado al Jefe de Gabinete para entrevistarse con los organismos es simbólico. Si uno compara a quiénes estaba atendiendo ese día – empresarios de AEA, entre ellos, Héctor Magnetto – ve la importancia que va a tener la política de Derechos Humanos. Eso es lo que preocupa”, afirma Federman. “Uno puede tener una agenda apretada, pero la decisión de delegar ese diálogo y ver con quiénes se juntaron muestra que no es una prioridad para la gestión”, agrega.

En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad.

La Justicia, únicamente

“Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante tantos años tantas atrocidades”, afirmó Néstor Kirchner en el 2003. A partir de allí, el Estado argentino, a través de los tres poderes, asumió la responsabilidad en torno a la historia.

La política de Derechos Humanos en general, y la política de Memoria, Verdad y Justicia en particular, no se pueden desarrollar si no es a partir de los tres poderes en conjunto. Es así que las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo son importantes como políticas integrales. Por ejemplo, una de las tareas del Ejecutivo es ser querella en los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, el Programa Memoria y Justicia se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad. En definitiva, es a partir de una política integral que el Poder Ejecutivo cumple su rol reparador.

“Ante hechos tan graves como las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar debe ponerse en funcionamiento la justicia y la reposición de la ley transgredida para reconocer las responsabilidades y hacer valer las consecuencias: la sanción. Pero incluso estando eso, también es necesaria una segunda operación: la inscripción de las víctimas en la comunidad, que puedan filiarse a una genealogía social común que no las excluya, las segregue o las estigmatice. Este movimiento le concierne también al Estado”, explican en Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública. Es decir, el Estado debe posicionarse y presentar una sanción social que provoque no solo efectos en la víctima, sino también en la sociedad. Por lo que excede a la Justicia, únicamente.

Parálisis y desarme

“Existen dos formas de vaciar una política: la parálisis del trabajo y el despido”, afirma Calmels. Ambas, presentes en los últimos dos meses en las políticas de Derechos Humanos del nuevo gobierno.

La subgerencia de Derechos Humanos del BCRA, durante el último año,  investigó cuál fue el rol del Banco en relación al plan económico de la última dictadura militar. Relevó actas y documentación secreta para abordar la responsabilidad civil en los delitos. “No quedó nadie trabajando. El área ha quedado vacía”, sostiene Federman quien participó en la subgerencia. “En el Ministerio de Seguridad, aún, no hay un panorama claro. Una de las personas que llevaba una parte importante de las competencias del área de Derechos Humanos -que tenía que ver con la extracción de ADN de niños y niñas que hubieras sido apropiados y hoy son adultos- fue despedida. Esos allanamientos se hacían de una manera supervisada y colaborando en forma adecuada con la Justicia. Hay que atender adecuadamente y no hay que olvidar que la persona allanada es una víctima más allá de que no desee hacerse el ADN. En ese contexto, se había creado un grupo específico que era coordinado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Era un grupo idóneo”, agrega.

«Juicio y castigo», una de las consignas promovidas por los organismos de DDHH.

Por otro lado, está el caso del Centro Ulloa que asiste integralmente en salud y acompaña en todo el país a víctimas de violaciones a los derechos humanos: del Terrorismo de Estado, de violencia institucional, y en el último tiempo, la incorporación de la atención a víctimas de Cromañón y el acompañando a juicios como el de encubrimiento al atentado a la AMIA. “Los profesionales que despidieron atienden a personas que están en estas tres situaciones donde el Estado está comprometido. Cuando llega alguien o nosotros nos acercamos a ofrecer el acompañamiento es porque ya hubo una violación de los derechos humanos. Primero hay que crear en la víctima una relación donde el Estado asume la culpa de ese delito que cometió contra ellos y está dispuesto a acompañarlos para arreglarlo. Si la decisión es vaciar esos programas, como efecto simbólico se produce el efecto contrario”, cuenta Calmels.  

También está el caso del Programa Verdad y Justicia, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hubo despidos en las tres áreas: Abogados, Investigación e Implementación Operativa. Un caso que refleja las consecuencias de esta política es el despido de Natalia Vaca, perteneciente al área de Abogados en Salta. “El juicio en Salta era el primero que se reanudaba en febrero. Ese juicio es importante porque es el primero que se realiza a un empresario. Se juzga su participación y responsabilidad”. Tras su despido, ya no es el Programa el encargado de notificar a los testigos. “Eso implica que sean re-victimizados al ser notificados por las fuerzas de seguridad -relata Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida-, al mismo tiempo hubo una parálisis en el Programa. Por ejemplo, en Salta se complicó porque no tenemos los viáticos para viajar”.

A pesar de todo, que la Justicia tenga plena independencia para seguir trabajando es una buena noticia, pero no es suficiente. “La posición que asume el Estado a través de sus tres poderes es determinante. Cuando el Estado se desentiende, no imparte justicia, no ampara ni repara. Cuando esto pasa, cuando hay ausencia del Estado, de las políticas de Estado para con las víctimas, éstas quedan libradas meramente a su singularidad, sostiene  Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, nada más liberal en última instancia que el corrimiento del Estado, así como nada más democrático que la potencia de su aparición”.