Por Alicia Miño
Fotografía: Daniela Yechua, Deborah Valado, Romina Morua

A dos meses de asumir como presidente, Mauricio Macri y su equipo dejaron sin trabajo a más de 25.000 empleados públicos, según el recuento que realiza el “Despidómetro”, un espacio construido en las redes sociales a partir de denuncias directas de los afectados. Esto desencadenó en múltiples movilizaciones populares en defensa de los desempleados, las más emblemáticas fueron las “ñoquiadas” en apoyo a los despedidos del Centro Cultural Kirchner y las movilizaciones hacia el Congreso Nacional.

Ante la consecuente avanzada del Gobierno contra los derechos de los trabajadores, y ante la falta de respuesta a los reclamos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció para el próximo 24 de febrero un paro nacional y movilización pidiendo el cese de los despidos, la reincorporación de los trabajadores desvinculados y la apertura a negociar las paritarias por encima del 25%, tal como explicó el secretario general de la gremial, Hugo Godoy, en conferencia de prensa.

En una entrevista para el diario La Nación, el nuevo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expresó: “En los últimos tiempos hubo una incorporación de empleados al Estado sin una función específica. Durante los primeros días hubieron muchos fantasmas que ante este escenario ni siquiera vinieron a reclamar por su condición laboral”. El argumento repetido por los funcionarios de Cambiemos dice querer gobernar con una planta estatal más chica como sinónimo de eficacia, pero según los datos de la Dirección Nacional de coordinación fiscal con las provincias (DNCFP) dependiente del Ministerio de Economía; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período 2007-2013 -bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno- la cantidad de empleados de la Ciudad aumentó un 38.72%, situando a CABA en el segundo lugar a nivel nacional. El primer lugar corresponde a la provincia de Buenos Aires, con un incremento de 24.81%. Si consideramos que Buenos Aires quintuplica en cantidad de habitantes a CABA, el porcentaje se vuelve menor. En la misma línea, la provincia de Santa fe, con una cantidad similar de habitantes a la Ciudad de Buenos Aires solo incrementó un 15.81% la planta estatal en el mismo período.

Según el licenciado en Economía Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el empleo público durante los gobiernos Kirchneristas creció al mismo nivel que el empleo privado. Analizando los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con los que cuenta el CESO, en 2015 se registraron 3.928.159 empleados más que en 2003, de los cuales 2.805.467 corresponden a empleo privado y solo 1.122.692 son empleados públicos. Este incremento se debió a que los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner “plantearon políticas para reducir el empleo informal en el Estado, por ejemplo bajando el cuentapropismo. Hubo más Estado porque creció la economía y hubieron más empleados públicos tanto como hubieron más privados”, agrega Asiain.

La justificación a los despidos que repiten los funcionarios del nuevo gobierno nacional es que durante el Kirchnerismo aumentó excesivamente la cantidad de empleados públicos costándole a la Nación millones de pesos. Sin embargo, tal como analiza Asiain con los datos con los que cuenta su centro de Estudios, en 2003 el 11.5% del presupuesto nacional fue destinado a remuneraciones del plantel estatal y en 2015 este número se mantuvo en un 11.6%.

Sin dar números oficiales, un segundo argumento habitualmente esgrimido por la administración de Mauricio Macri relaciona el aumento de la cantidad de empleados con la incorporación de “ñoquis”. Ante esta situación, quienes aún continúan en la planta estatal transitoria o contratados viven con miedo no solo de perder su empleo, sino también de sentirse vigilados por las nuevas autoridades tanto en el ámbito laboral como en el privado ante la posible estigmatización.

Tal es así que varias fuentes consultadas de diferentes organismos estatales -algunos con más de 15 años de antigüedad en su puesto de trabajo- tienen temor de hablar con la prensa para denunciar el acoso laboral que viven día a día. “No somos ñoquis, trabajamos como cualquier otro”, agrega una fuente que pidió no ser revelada por miedo a perder su empleo.

Para Andrés Asiain, esta política de despidos del nuevo gobierno tiene como objetivo el disciplinamiento de los empleados en dos sentidos: “Por un lado, un disciplinamiento político e ideológico para evitar cierta resistencia de los empleados públicos del antiguo gobierno a las directrices nuevas. Y por otro lado, un disciplinamiento económico respecto de las paritarias estatales, para que ante el miedo de perder los empleos los sindicatos no pidan demasiado aumento”. Sin embargo, el disciplinamiento también está dado por la falta de asignación de tareas, tal es el caso de los trabajadores del Programa Conectar Igualdad, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, quienes no tienen tareas ni coordinador desde el 10 de diciembre y sus casi 80 trabajadores del equipo central y los casi 900 en todo el país asisten a sus puestos de trabajo diariamente, aún en medio de la acefalía y la falta de información permanente.

Al ser consultado acerca de cuál debería ser el tamaño razonable del Estado, el director del CESO entiende que esa es una decisión política y no económica. Existen casos de lo más variados en todo el mundo; desde países africanos con un 10% del PBI destinado al gasto público hasta países europeos desarrollados que le destinan el 40%, “la evidencia muestra que el tamaño del Estado no se relaciona con el nivel de desarrollo. Hay países desarrollados con un Estado grande y países desarrollados con un Estado chico. Países pobres con Estados grandes y países pobres con Estados chicos”, agrega Asiain.

Lo que parece quedar de lado en el debate es hacia dónde se orienta este aumento del gasto público, es decir, a qué áreas del aparato estatal beneficia. Por ejemplo el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2012”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que para 2008 Argentina ocupaba un 24% del PBI en gasto público (del cual un 6% se destinaba a educación, el 11% a seguridad social, 2% a vivienda y 5% a salud), porcentaje total que se asemeja al 26% presentan en promedio de los países europeos nucleados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (OCDE), como por ejemplo Noruega, Dinamarca y Alemania. Al respecto, un informe de CONICET elaborado en 2014 entiende que las políticas de empleo público promovidas por los gobiernos Kirchneristas se deben a “las políticas orientadas hacia la recomposición de la infraestructura económica, el desarrollo científico técnico y la inclusión social”. Si se desagregan los datos del informe, éstos indican que en los años ’80, el el 42% del gasto se dedicó a empresas del Estado y universidades y la mayor porción (58%) al sector administrativo. Luego de las privatizaciones de los años ’90, la crisis económica de 2001 encontró al Estado con un gasto en el área administrativa del 67% y sólo el 33% destinado para empresas Estatales y universidades. Finalmente en los años 2010, con un país en vías de recuperación, el gasto público invertido en empresas estatales y universidades correspondía al 50% y la partida destinada al sector administrativo del Estado el 50% restante.

En resumen, el dinero que destina el Estado para su propio funcionamiento puede ser visto como un gasto o como una inversión. Un análisis meramente estadístico basado en conjeturas de cuántos empleados públicos debería haber, cuántos hay o cuántos había antes implica concebir a los trabajadores como un “gasto”. Por eso, como argumentó Asiain, frente a estos argumentos es necesario identificar a qué sectores fueron destinados los incrementos y tomar en cuenta ciertas políticas concretas como por ejemplo la estatización del sistema de AFJP, el 51% de YPF, la inversión pública en investigación y la creación de ARSAT como apuestas de inversión estatal y no un simple “gasto” de recursos.

La propuesta de achicar la inversión del Estado mediante despidos en el sector público que sostiene el gobierno de Macri a sólo dos meses de asumir la conducción del país, no puede separarse de otras iniciativas como la liberación del dólar, el cese de las retenciones al campo y los aumentos de tarifas que parecen indicar en el futuro una desvinculación del Estado respecto de su rol social. Como explica Asiain: “Cambiemos representa un Estado que no quiere involucrarse en las actividades productivas y financieras sino simplemente dedicarse a la administración, la justicia y la represión. Responde a la bien conocida lógica liberal que dice: todo lo que pueda hacer el privado no lo tiene que hacer el Estado”.

Actualizado 10/02/2016