Tres historias de trabajadores estatales despedidos. ¿Qué hacían? ¿Qué se pierde junto a sus puestos de trabajos? ¿Cómo los contrataron? Hablan los nuevos desocupados del Estado.
El miércoles 13 de enero, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró en conferencia de prensa que el nuevo gobierno encontró “un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido”. Así fue como justificó los despidos masivos a trabajadores estatales que se realizaron a lo largo de enero. Aunque los números aumentan a diario, y todavía no se pueden conocer con precisión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calcula que ya son cerca de 20 mil los nuevos desempleados.
Bajo el remanido discurso del “Estado ineficiente”, de los supuestos “ñoquis” y del “exceso de gasto fiscal”, las políticas neoliberales del macrismo buscan reducir del Estado a la mínima expresión. Entre los trabajadores recientemente despedidos, tres profesionales aceptaron contar su historia a ANCCOM: Bárbara Pistoia, encargada de Comunicación del Centro Cultural Kirchner; Verónica Almada, antropóloga y trabajadora en el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación; y Juan Allende, Técnico territorial de Conectar Igualdad en Córdoba.
“No nos están echando porque no hicimos nada, nos están echando justamente porque lo que hicimos responde a algo que ellos no quieren. Hicimos un montón de cosas, hubo mucho trabajo que está disponible en redes para que cualquiera que tenga ganas de informarse lo vea. Esas cosas no se hacen solas”, dijo Bárbara Pistoia, una de las 600 personas que trabaja en el Centro Cultural Kirchner (CCK) desde que abrió sus puertas, en mayo de 2015. Pistoia se enteró, mediante una conocida suya, que en el Centro estaban buscando gente y acercó su currículum. Después de las entrevistas habituales, pudo entrar a trabajar en el Centro Cultural. Es escritora, trabajó en medios de comunicación y dictaba talleres de artes visuales y letras. Por su desarrollo en el área, entró a trabajar como encargada de Comunicación: “El laburo era buenísimo, se hacían 400 actividades gratuitas mensuales. Se habilitaban los nueve pisos que tiene el edificio, en simultáneo, todos los fines de semana. Los jueves, que eran los días más tranquilos, venían cinco mil personas; y de viernes a domingo la cifra aumentaba hasta llegar a diez mil visitas con picos de 40 mil, como en la noche de los museos. Y en vacaciones de invierno que llegaban diez mil personas todos los días”, contó Pistoia.
Una explicación común sobre los despidos, en todas las áreas, fue que serían desplazados todos los contratados durante 2015. “Nos dijeron que no podemos exigir continuidad laboral porque ingresamos en 2015. Ingresamos en 2015 porque el Centro Cultural abrió en 2015. Aunque también hay un porcentaje de trabajadores que viene laburando desde antes, porque hay que hacer toda una organización y una estructuración de un lugar de esta dimensión para poder abrirlo”, aseguró.
El sábado 2 de enero, el primer día hábil del año, los trabajadores asistieron a sus puestos y se enteraron, en la puerta del Centro, que no podían ingresar porque “la nueva gestión había decidido que iba a estar abierto de lunes a viernes por temas administrativos, y que no iba a estar abierto al público”. El lunes 4 volvieron pero la mayoría no pudo entrar. Se les informó que el Centro estaría cerrado hasta el 4 de febrero y en ese período se revisarían sus contratos. “No nos oponemos absolutamente a nada de eso –aclara Pistoia-. Entendemos y comprendemos que hay una nueva gestión y nos tienen que conocer. El tema es la hipocresía que hay en esa situación. No nos están dejando ingresar a trabajar, todavía no nos recibieron, no tuvimos ninguna instancia de diálogo ni nosotros, ni los gremios”. Según la comunicadora, en el CCK muchos trabajaban entre 8 y 10 horas, de lunes a lunes: “Más allá de querer cumplir con nuestro laburo, había una convicción, un amor por el lugar que abrimos y que vimos crecer”. Por otro lado, se refirió a la situación precarizada de sus contratos: “Tienen la gran oportunidad de modificar esa situación y dar el ejemplo. De hacer algo que sería muy interesante, poder mejorar las condiciones laborales. Nosotros no somos responsables de la precarización laboral, están estigmatizándonos por la ideología y por la gestión política anterior”.
“Se pone en riesgo la continuidad de los juicios”
Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, funciona desde el año 2007 –luego de la desaparición de Julio López¬– el Programa Verdad y Justicia. Extendido en todo el país, se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad, contra los represores de la última dictadura cívico-militar. Otra de las funciones primordiales consiste en proteger a testigos, víctimas y querellantes que son parte de cada juicio. El miércoles 13 de enero, cuatro trabajadores del Programa llegaron a sus puestos, como de costumbre, y al intentar ingresar el usuario de sus computadoras descubrieron que no estaban habilitados. Luego de una mañana de incertidumbre y preguntas, les informaron al mediodía que los usuarios habían sido bloqueados desde el área de Recursos Humanos porque habían sido desvinculados de sus labores. También les avisaron que luego les llegarían los telegramas, cosa que en distintos casos aún no sucedió.
Al día siguiente, los despedidos ya eran diez en total. “Es loco porque yo pude entrar con mi huella digital como todos los días en la entrada, pero cuando llego a mi puesto de trabajo no puedo acceder a mi computadora. Me pareció muy violenta la forma. Además no lo imaginaba. La angustia de ese momento, cuando me enteré que el bloqueo fue porque estaba despedida fue chocante. Nos fuimos enterando de a poco, cuatro el primer día, otro día otros, es como despidos por goteo. Y a mí, por ejemplo, todavía no me llegó el telegrama de despido, a otro compañero tampoco. A otros compañeros no les bloquearon el usuario pero directamente les mandaron el telegrama. Eso es un poco lo que nos está desconcertando”, contó Verónica Almada, antropóloga recibida en la UBA, que trabajó durante cuatro años en los archivos de las Fuerzas Armadas y realizó investigaciones sobre derecho penal, además de dar clases en la cárcel de Ezeiza.
En noviembre de 2014, Almada recibió un mail en el que buscaban “antropólogos que hagan estadísticas”. Pensó que podría ser un trabajo útil para ampliar su panorama y crecer profesionalmente. En abril del 2015 consiguió el trabajo: “Entré porque hacía falta alguien que lleve adelante toda la parte estadística de los juicios. La idea también era empezar a evidenciar nuevos indicadores para identificar problemáticas sobre los procesos judiciales en particular. Había que saber un poco de derecho y yo ahí entraba muy bien”, describe Almada.
Al igual que en el CCK, la primera explicación fue una excusa: “Cuando empezamos a protestar, nos dijeron que todos los que ingresamos en 2015 íbamos a ser despedidos. Lo cual en realidad era mentira porque también despidieron compañeros más antiguos, algunos ingresaron en 2010 y también los despidieron. Después nos dijeron que el empleador tenía derecho a prescindir de nosotros, entonces nosotros tenemos también el derecho a reclamar porque no hay razones para los despidos. También es cierto que el Programa no tiene mucha gente para el trabajo que hacemos. Entonces, despedir diez personas para un programa que tiene 53 es un número muy significativo. Nos corta un montón la capacidad de acción y de trabajo”, aseguró Almada.
El Programa cuenta con tres áreas que funcionan en conjunto: un equipo de abogados, un equipo de investigación que se encarga de la búsqueda de documentación y un equipo de Implementación Operativa, encargado de elaborar los informes de riesgo sobre víctimas y testigos: “Evaluamos el nivel de exposición de cada testigo. Por supuesto que esto está muy invisibilizado, porque como es información sensible, no tienen conocimiento público. Se presentan a los tribunales y a los organismos de protección de testigos, para que en función de nuestros informes implementen medidas de acción”, explicó Almada.
Verónica Almada participa en los informes de riesgo y también en la investigación judicial: “En febrero se reanudan un montón de juicios y nosotros tenemos trabajo. Hay testigos que contactar. Hay que hacer un seguimiento, ver si necesitan asistencia… Y eso no se puede hacer de un día para el otro. No es fácil para mucha gente declarar en un juicio”, explicó.
Por último, la antropóloga hizo referencia a la posibilidad de que el Programa sea desarticulado o funcione con menos trabajadores: “Si todos estos espacios están siendo mermados en sus trabajadores, ahí es cuando la labor empieza a ser deficitaria. No sabemos si no van hacia un vaciamiento. Se ponen en juego la continuidad de los juicios. Yo entiendo que lamentablemente hay un montón de gente a la que no le importa, pero el Estado tiene la responsabilidad. No es relevante si te importa o no, si no que el Estado tiene esa responsabilidad. La reparación a las víctimas no es solo una contraprestación como si fuese un seguro, sino que además tenés que tener una política de justicia para que esa reparación sea correcta, y una política de memoria para garantizarle a la sociedad que eso no se va a volver a dar”.
“Es un despropósito romper las relaciones establecidas”
Juan Allende vive en Villa de Soto, en la provincia de Córdoba. Trabaja en el equipo técnico territorial del Programa Conectar Igualdad, desde su lanzamiento en 2010. Antes había integrado el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU TIC). “En Conectar Igualdad yo tenía un radio de acción que contemplaba doce escuelas, en las cuales se trabajaban cuestiones técnicas, pedagógicas y de gestión. También, por supuesto, todo lo que tenía que ver con capacitación. Córdoba ha venido siendo una de las provincias que más ha desarrollado el Programa. Los integrantes del equipo trabajaron muchísimo en la adaptación de los materiales, que se elaboraban muchas veces en Buenos Aires, los adecuaron a nuestra región. Para lugares con conectividad y para lugares sin conectividad. Sigue siendo un equipo muy activo, muy productivo el Conectar Córdoba”, dijo Allende en conversación por Skype con ANCCOM.
Según el delegado de ATE del Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, lo que pasó con Conectar Igualdad es que se descentralizó el Programa, que fue establecido a través de los convenios colectivos en el Consejo Federal de Educación: “Lo han descentralizado hacia las provincias, dependiendo el financiamiento a través de ellas”.
A partir de esta situación, Allende explicó que la normativa de Córdoba no permite que un trabajador tenga dos cargos provenientes de la misma fuente: “Ahora, si ya tenés otro contrato de la provincia, hay incompatibilidad. Creíamos que nosotros no entrábamos en esa incompatibilidad, pero los casos se empezaron a suceder entre muchos de los compañeros del Conectar Igualdad, que ya teníamos otros desempeños, porque claramente con un solo honorario difícilmente se pueda vivir. Tuvimos la oportunidad de charlarlo con gente de Córdoba, para manifestar nuestro descontento. Por ejemplo, a una compañera se le daba una incompatibilidad por tener tres horas en la Universidad de Córdoba, donde su sueldo no llegaba a los 1800 pesos. No hablamos de una persona que se estaría enriqueciendo por tener dos cargos. Le pedimos a la Provincia que considere esa incompatibilidad, así como cada una de las nuestras. Mi otro cargo tiene que ver con el trabajo en escuelas de la zona rural, que es la zona donde habito, con el plan de Mejoras”.
Por el momento, los trabajadores no tuvieron ninguna comunicación oficial y aún no saben si el Programa Conectar Igualdad dejará de funcionar o pasará a formar parte de otro programa educativo. Permancen con la incertidumbre, a la espera de saber si les renovarán sus contratos. Se trata de 892 personas que trabajan desde 2010 en la entrega y formación continua de equipos directivos, docentes y alumnos de 11.252 escuelas públicas de todo el país. Ya se entregaron 5.361.917 netbooks a estudiantes y docentes. Además, 7.080 escuelas primarias recibieron Aulas Digitales Móviles (ADM) en 2015 para 858.844 alumnos.
Allende contó, además, que los avances en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación sirvieron para que desde las escuelas se generara conocimiento: “A mí particularmente me toca trabajar con muchas escuelas rurales, y sería un despropósito que se rompan esas relaciones establecidas. Este año, con el lanzamiento del Plan de Inclusión Digital Educativa, se pudo ver todo ese trabajo terminado en cortometrajes de altísima calidad que realizaron las escuelas. Empezamos a trascender ese manejo instrumental para encontrarnos con la parte pedagógica, con la parte que va más allá inclusive de las fronteras de la escuela, porque hablamos de documentales que hablan de toda la comunidades, ya no solamente lo escolar”. Y concluyó: “Esperamos que el Programa continúe, creemos que es posible llevar adelante una mejora de educación con calidad. La posibilidad de acceder a una computadora para un chico de una zona rural o en lugares de la Ciudad donde no es fácil acceder a un equipo de esas características, les permitió acceder a un conocimiento que no estaba dado para todos”.
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado
Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida. Foto: Noelia Pirsic
Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress