“¿Qué persona te pide un mazo de cartas para poder jugar al truco en la celda y minutos después se suicida?”, pregunta Graciela Cardozo, madre de Ezequiel Palacios, un joven de 21 años que apareció en 2009 colgado de una sábana atada a un tirante del baño de la única celda que tiene la comisaría segunda de San Martín. El caso de Palacios no es el único. Desde el año 2009, en las cárceles federales hubo 164 muertes violentas, entre las que se cuentan suicidios, asesinatos y accidentes. En las prisiones bonaerenses, entre 2008 y 2014, hubo 897 decesos, de ellos 437 fueron, según la jerga policial, “muertes traumáticas”.
“En su mayoría, las familias de las víctimas no tienen acceso a un abogado. Los propios carcelarios, que por acción o por omisión son responsables de las muertes, entregan el informe oficial de los fallecimientos en las cárceles”, explica Andrea Casamento, miembro de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien además sostiene que los familiares, agotados por el dolor de la muerte, optan en un primer momento por no investigar las causas.
En los informes entregados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal a la Comisión por la Memoria figuran causas de muerte como las riñas. Sin embargo, no hay condenados por cometer esos asesinatos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria reúnen cientos de denuncias que piden que la justicia investigue causas cerradas como suicidios, debido a que sospechan que esa carátula encubre un crimen.
“Mi hijo murió el 12 de febrero de 2009. Cinco días después me entregaron el cuerpo, que enterramos ese mismo día. Veinte días después del crimen, nos entregaron la resolución de la autopsia que decía que fue un suicidio y el dictamen del fiscal que no explicaba por qué mi hijo tenía golpes en los brazos en señal de defensa. Si hubiéramos apelado, para investigar las causas de la muerte tendríamos que haber desenterrado el cuerpo, pero el dolor nos impidió hacer eso”, explicó Cardozo, quien además contó que la causa de Ezequiel Palacios quedó cerrada y que los doce detenidos que estaban junto a su hijo, hacinados en una comisaría no habilitada para alojar presos, no aceptaron a declarar por temor a una represalia.
Los organismos de derechos humanos creen que los decesos en las cárceles son más de los que publica el Servicio Penitenciario Bonaerense. No hay ninguna posibilidad de que la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo no gubernamental con más presencia en los penales, tenga acceso a todos los casos. El gobierno provincial debe informar y, sin embargo, desde la Comisión denuncian que hay cifras negras: muertes que nunca son denunciadas y presos que desparecen de los registros penitenciarios sin ser reclamados.
“En las cárceles federales no pasa lo mismo, porque en el año 2013 se comprometieron a darnos las cifras correctas y, hasta ahora, nunca encontramos muertes que no hayan sido informadas. Lo que si vemos es que muchos casos declarados como suicidios en verdad son homicidios. A veces, además, el aviso de una muerte nos llega cuando ya no hay posibilidad de investigarla”, explica Ramiro Dual, coordinador del equipo de registro de fallecimientos de la Procuración Penitenciaria.
Entre 2008 y 2014 murieron aproximadamente 768 personas a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países.
129 muertes
En 2014, en las cárceles bonaerenses se registraron 129 muertes, las víctimas fueron 124 hombres y 5 mujeres. El promedio de edad de los fallecimientos fue de 36 años y la cantidad de decesos violentos fue de 40: 28 homicidios, 10 suicidios y 2 accidentes.
Entre 2008 y 2014, cada año murieron, en promedio, 128 personas que estaban a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Es decir que durante ese período, por año, fallecieron cuatro presos por cada 1.000 personas detenidas. Si se toman datos oficiales de los servicios penitenciarios de Europa, se observa que esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países. Mientras que en Inglaterra, España y Estados Unidos el índice de mortalidad carcelaria es de dos presos cada mil personas detenidas, en México desciende a uno.
Las cifras alarman aún más si se tiene en cuenta que, como sostuvo Dual, muchas organizaciones denuncian que algunos casos cerrados como suicidios en verdad ocultan un asesinato. Es el caso de Florencia Cuellar, una mujer de 21 años que -según el Servicio Penitenciario Bonaerense- se suicidó en el baño del Complejo Federal 4 de Ezeiza en diciembre del 2012. “Dicen que mi hija se suicidó con el cordón de la zapatilla. Eso es imposible, porque pesaba más de 80 kilos. La autopsia nunca me la dieron, porque me querían hacer firmar el suicidio. Cuando la velamos vimos que ella no tenía marcas en el cuello, pero tenía golpes en todo el cuerpo”, explica el padre de Florencia, Alfredo Cuellar, quien además sostuvo que la causa, a la que pudieron cambiarle la carátula de suicidio a muerte dudosa, está paralizada. “Otras presas vieron como la torturaron y la exhibieron por todas las celdas, pero la Justicia no hace nada”, sostiene Cuellar, que aprieta un papel con bronca.
“De Florencia dijeron que se había ahorcado, porque era depresiva. Nosotros la veíamos venir al taller con entusiasmo, soñar con qué haría cuando saliera de la cárcel, donde no le quedaba mucho tiempo. Luchaba por lo suyo, es imposible que le haya pasado por la cabeza quitarse la vida”, sostiene María Medrano, miembro de Yo No Fui, una ONG que se dedica a llevar talleres de poesía, dibujo y fotografía a la cárcel de mujeres como una forma de resocializar a través del arte.
Agonizar a la sombra
“Mi hijo estuvo preso un mes en el infierno de Olmos. Desde esa vez, tiene problemas en los bronquios. Le caminaron ratas por el cuerpo, había cucarachas en la celda y la comida era poca y algunas veces estaba vencida”, describe Marta Aizcorbe, madre de Matías que estuvo detenido en 2012.
Olmos es la cárcel que más muertes registró en los últimos tres años y casi todas fueron el desenlace de una enfermedad. Los presos consultados describen que hay pocos médicos para la población carcelaria, las personas que necesitan un tratamiento especial, debido a que pueden resultar contagiosas no son aisladas. En 2013 y 2014, las personas que fallecieron en todas las cárceles bonaerenses por problemas de salud fueron 155, de las cuales treinta perdieron la vida en este penal.
José Fleita fue detenido a los 19 años en agosto de 2010 y murió por tuberculosis en septiembre de 2014, en la cárcel 41 de Campana. La enfermedad la contrajo privado de su libertad por el contacto con otros presos, los traslados forzosos y después de recibir varias palizas que le dejaron secuelas mal sanadas. Fleita tenía un teléfono en su celda y le avisó a su madre de la enfermedad por un mensaje de texto que todavía conserva.
El joven agonizó en su celda, junto a sus dos compañeros que lo atendieron y que quedaron expuestos al contagio. Sólo cuando estuvo inconsciente, con su ropa orinada y defecada, fue sacado de la cárcel para ser trasladado a un hospital donde murió. “Este tipo de muertes es definida como no traumática, algo que supone que no se investigue y que no se responsabilice al sistema penal. La cárcel produjo su enfermedad y el abandono de personas hasta su muerte”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria en un informe del caso.
El HIV y la tuberculosis, enfermedades que se propagan por contagio, son las principales causas de los decesos en las cárceles bonaerenses. En el penal de mujeres Los Hornos, las presas, como forma de depilarse, utilizaban en 2014 máquinas de afeitar que eran provistas por familiares que les ponían nombre. Los guardias se las entregaban para el uso y luego las retiraban y las guardaban todas juntas en una bolsa de plástico hasta la semana siguiente, cuando se las volvían a dar, siempre y cuando alguna no se hubiera lastimado o cortado porque en ese caso se suspendía la entrega para todo el pabellón. Una de las mujeres muy preocupada refirió: “Acá hay chicas que tienen VIH, ¿qué pasa si a una maquinita se le borra el nombre o si se confunden ellos?”
Las malas condiciones de higiene y la mala comida profundizan los problemas de salud. En las prisiones federales, entre 2009 y 2015, las personas que perdieron la vida por enfermedades fueron 218, la mayoría por HIV y la cárcel con más decesos fue el Complejo Federal de Ezeiza.
“Nosotros –explica Dual- nos damos cuenta que los responsables de las prisiones federales demoran lo más posible en sacar a los presos a un hospital. Casi siempre lo hacen cuando los obliga el sistema judicial, porque la enfermedad es irreversible. En el primer trimestre del año, cuando hay feria judicial, se da la mayor cantidad de muertes en cárceles, debido a que no hay jueces que presionen para que los atiendan”.
El suicidio, una forma de acabar con la tortura
“¿Si una persona sometida a la tortura, mal alimentada, excluida de su familia, se ahorca porque sabe que le quedan muchos años más de sometimiento en la cárcel, eso debe tomarse como un simple suicidio o es una inducción a quitarse la vida?”, pregunta Casamento para abrir el debate. Los registros de las cárceles bonaerenses muestran que en 2014 hubo ocho suicidios, mientras que en las prisiones federales hubo diez en 2015 y fue la principal causa de muerte.
En muchos casos los presos mueren en un accidental método de protesta. “El tema del suicidio es tan complejo que nosotros tuvimos que cambiar el término para contabilizarlo”, sostiene Dual, quien después explica: “Muchas personas privadas de la libertad son excluidas y no atendidas, entonces como forma de protesta dañan su propio cuerpo, incendiando su celda o haciendo un simulacro de ahorcamiento, para intentar que los guardias los atiendan. El problema es que los guardias, en muchos casos, los dejan morir”.
El 13 de noviembre de 2014, Walter Cayumán pidió que lo saquen del pabellón de castigo de la Unidad 15 de Batán. El preso dijo que el trato era injusto y prendió fuego el colchón de su celda. Las llamas lo quemaron y, pese a sus gritos, según consta en la declaración judicial de los testigos, no fue auxiliado hasta que pasó media hora. Cuyumán murió dos días después en un hospital. Por esta causa no hay penitenciarios presos. “Otro intentó prender fuego un colchón ese mismo mes y un joven se colgó, aunque logró sobrevivir”, detalla una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en esa misma unidad de Batán.
Un caso resonante fue la muerte de Mauro Pérez Ugarte, quien tenía 30 años cuando se suicidó en la Unidad 1 de Olmos en 2013. Había recibido a su madre y estaba de buen humor, hasta que el guardia penitenciario Cristian Gauto le dijo que su hijo había muerto. Pérez Ugarte empezó a gritar y a pedir que lo saquen. Se cortó los brazos y advirtió que iba a quitarse la vida. El penitenciario Leonardo Villafañe -que estaba de guardia en el lugar- se le rió, según los testigos. Gauto se ahorcó en la celda individual, frente a los demás presos que no podían hacer más que gritar y prender fuego para que lo rescaten. Los guardias llegaron una hora más tarde.
El de Pérez Ugarte es el único caso de suicidio de los últimos tres años que tiene penitenciarios detenidos. A Gauto y a Villafañe se los acusa de abandono de personas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No son investigados por inducir al suicidio.
También niños
En 2014 se registraron dos muertes de niños en cárceles bonaerenses. En ambos casos se denunció la negligencia de las autoridades penitenciarias y la falta de intervención de los médicos. Santino Villalba tenía 21 días de vida cuando murió extrañamente ahogado en la Unidad 33, la cárcel de mujeres de Hornos, el 13 de febrero de 2014. Las pericias indicaron que su madre no tuvo la culpa. Ella también fue sobreseía en la causa judicial por la que estaba encerrada. Tras la pérdida de su hijo, la mujer presenta un cuadro psiquiátrico grave.
En mayo de 2014 murió una niña recién nacida en la Unidad N° 54. Su madre presentaba un embarazo de riesgo y por ello era tratada en la Unidad Nº 33 que, a veces, tenía médicos que realizaban visitas. El problema es que la mujer fue agredida por otras presas y debió ser trasladada a la unidad 54. Tras parir, la beba presentó problemas respiratorios y fue atendida por un médico que le hizo respiración boca a boca. Recién cuatro horas después, la niña fue trasladada a un hospital, donde murió.
“En la cárcel de Los Hornos, que se supone debe estar equipada para alojar madres, no hay guardias pediátricas, ni ginecológicas. Algunas presas son obligadas a parir esposadas y se les niega la prisión domiciliaria, pese a su condición de madres. ¿Por qué los niños deben estar presos si no cometieron ningún delito?”, reflexiona Larisa Zerbino, quien recorre las cárceles de mujeres para relevar denuncias en la Asociación Pensamiento Penal.
¿Pena de muerte?
En la provincia de Buenos Aires hay 30 mil presos y, al año, en promedio mueren asesinadas 28 de ellos. Si se cruzan los datos, entonces puede decirse que la tasa de homicidios en prisiones bonaerenses es casi de un crimen cada 1000 habitantes.
En las calles de la provincia de Buenos Aires, la tasa de homicidios cada 1.000 habitantes es de 0,0837. Esto quiere decir que una persona encerrada en una cárcel bonaerense, estando las 24 horas bajo estricto control del Estado, en un ambiente donde están prohibidas las armas de todo tipo, donde las personas son requisadas diariamente, tiene quince veces más posibilidades de ser asesinada que una persona en la calle.
Ni las autoridades federales, ni las provinciales atienden consultas sobre fallecimientos. Se escudan en que no tienen permisos para hablar sobre causas de muerte. Los únicos testimonios de los responsables penitenciarios figuran en los expedientes judiciales, en los que –obligados por un juez- sostienen que las muertes por enfermedades se deben a falta de presupuesto y dicen desconocer los casos de torturas denunciados todos los años.
Las organizaciones de derechos humanos alertan que la violencia en la cárcel es un impedimento para la resocialización, además de una flagrante violación de los derechos humanos. Al respecto, Casamento sostiene: “Los discursos de mano dura destruyen la idea de la reinserción y la realidad de las cárceles pone de manifiesto que la prisión existe para castigar, no para impedir que un delito vuelva a pasar. ¿Cómo puede una persona privada de la libertad volver a la sociedad y respetar las leyes, si en la cárcel vio cómo el Estado asesinó presos, dejó morir a los enfermos y torturó a otros?”.