El Senado aprobó, el pasado 25 de noviembre, la creación de una Comisión Bicameral para investigar las complicidades empresarias en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura cívico militar.
La creación del organismo fue aprobada por los legisladores del FPV y parte del interbloque socialista liderado por Rubén Giustiniani. El PRO y la UCR, en cambio, se retiraron del recinto.
La nueva comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría. El cuerpo se propondrá confeccionar un documento que identifique a «los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza». Además, la norma crea, dentro del ámbito del Parlamento, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con el objeto de poner a disposición gratuita del público toda la documentación vinculada al tema, utilizada por la bicameral.
El autor del proyecto recientemente convertido en ley fue el diputado nacional del FPV Héctor Recalde y la Cámara Baja lo había aprobado en noviembre pasado. En diálogo con ANCCOM, Recalde dijo que es necesario hablar de la participación y complicidad de los empresarios con los militares, ya sea “marcando” a trabajadores o aportando infraestructura o logística que permitió la violación de los derechos humanos. Según el legislador, estas maniobras tenían un triple fin: ideológico, económico y de sometimiento. “Ideológico porque estaban de acuerdo con el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, económico porque maximizaban la rentabilidad empresarial, y de sometimiento porque era mucho más fácil para ellos conducir una empresa con trabajadores que no reclamen nada”. Además, especificó: “Hay ejemplos muy claros, uno es Carlos Blaquier, del ingenio jujeño Ledesma, y el otro es Vicente Massot, directivo del diario La Nueva Provincia”.
Hector Recalde en la Carpa de la Resistencia ubicada frente al palacio de tribunales en la plaza Lavalle durante el repudio nacional a «La noche del apagón» ocurrido en Ledesma el 20 de julio de 1976.
Recalde enumeró otros posibles casos a investigar, algunos de los cuales ya ingresaron en la justicia: Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Grupo Bunge y Born, Editorial Atlántida –especialmente las revistas Para Ti, Gente y Somos-, La Veloz del Norte, Celulosa, Grafa, Sociedad Rural de Junín, la ceramista Lozadur Cattaneo, los astilleros Mestrina y Astarsa, y la metalúrgica Bovapi.
Walter Bosisio, sociólogo y co-autor del libro La dictadura del capital financiero, explicó a ANCCOM que la única manera de poder investigar judicialmente las complicidades del sector civil es que aparezcan atadas a delitos de lesa humanidad, dado que no prescriben.
Participación civil
Según Bosisio, el armado de la estructura económica y el manejo de los recursos financieros del Estado estuvieron a cargo de civiles que representaban los intereses del capital privado, tanto nacional como extranjero. A su vez, el autor comentó que el proyecto económico de la dictadura había tenido antecedentes en el gobierno de facto anterior y en las políticas económicas del ex ministro de Economía de Isabel Perón, José Celestino Rodrigo. Pero, subraya, que a partir del 76 se acabaron los escrúpulos: “Esta vez estaban dispuestos a todo. Los derechos humanos se vieron afectados, no solo en el plano civil y político, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales porque no había garantía de nada, ni siquiera del derecho a la vida, ni al trabajo”. En esa misma tónica, Eduardo Codianni, investigador y miembro de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central (BCRA), coincidió con la postura de enfocar la cuestión desde otro ángulo: “La teoría puede ser distinta: el poder económico usó a los militares para imponer un nuevo sistema. La única forma que había para derrumbar la organización de los trabajadores existente en ese momento era mediante la represión.”
Santiago Kosiner, politólogo y también miembro de esa Subgerencia del Central, amplió respecto de la vinculación de las violaciones de los derechos humanos con el sector civil: “Colaboración y complicidad son sinónimos, pero de lo que nosotros hablamos es de participación civil concreta. Acá están Santiago Soldati, Juan Alemann, Alfredo Diz, personas de distintos grupos económicos que estuvieron en el directorio del BCRA, todo el sector privado manejando el órgano de control financiero y haciendo una reforma profunda del sistema desde el Estado que beneficia a los privados”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
En la conformación del gabinete de Martínez de Hoz puede verse el tejido de alianzas con las grandes corporaciones. Bosisio especificó la continuidad con el presente: “Personas muy cercanas a Martínez de Hoz, como Guillermo Walter Klein -jefe de la Cámara Argentina de Comercio- y Héctor Maidal -abogado especializado en defender a multinacionales-, quedan a cargo de sectores importantes de la economía nacional”.
Estos dos funcionarios se asociaron en un estudio jurídico y hoy forman parte de los bufetes más importantes del país. Entre sus clientes se encuentran corporaciones como Citibank o CEO de multinacionales como el flamante ministro de Energía, Juan José Aranguren. Bosisio explicó que Maidal y Klein tenían un doble juego:, mientras ocupaban cargos públicos, defendían desde sus estudios jurídicos a las multinacionales y sobre todo a bancos extranjeros.
Otro nombre rutilante acusado de complicidad con los militares es el de Jorge Zorreguieta -padre de Máxima, la reina de Holanda-, quien fuera miembro de la Sociedad Rural, a cargo de la Secretaria de Agricultura. También pueden agregarse el primer interventor del BCRA, Alfredo Cassino, y su sucesor, Alfredo Diz, un economista neoliberal discípulo de Milton Friedman. También formaron parte del aparato económico estatal el dueño de la fábrica de electrodomésticos Longvie, Christian Zimmerman, quien fuera viceministro de Economía; Narciso y Juan Ocampo –autoridades del Banco Ganadero Argentino- que asumieron al frente del Banco Nación y Juan Alfredo Echebarne –mano derecha de Martínez de Hoz y amigo del por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy- que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores.
Los Ocampo, además, fueron investigados por el secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino, empresarios que fueron extorsionados para desprenderse de sus bienes económicos. Por su parte, Echebarne se encuentra actualmente en prisión por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad en el caso Banco de Hurlingham. La situación de este último funcionario fue estudiada a fondo por Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Bosisio en una investigación publicada en 2013 por la Comisión Nacional de Valores. Estos aportes permitieron documentar que Echebarne presenció torturas y extorsiones: “Empresarios secuestrados reconocen las voces de Echebarne y René Garris, y si bien no saben si aplicaron ellos las torturas, estuvieron presentes y preguntaban. Por ende, son partícipes de delitos de lesa humanidad. Los militares sabían qué preguntarle a los militantes, pero no a los empresarios, entonces llegaban los técnicos y participaban. Veían un cuerpo torturado, cómo se violentaban los derechos humanos y no decían ni hacían nada para detener eso porque son partícipes”, detalló Bosisio, y agregó: “Con el informe que nosotros armamos, mostramos con pruebas cómo hubo participación directa en la toma de decisiones de favorecer a una empresa u otra. Cabe suponer que beneficiaron a algunos grupos y hasta aprovecharon la información extraída bajo tortura para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, la justicia pudo obrar y meterlo preso a Echebarne, pero a Garris todavía no, y uno puede suponer que como él hubo otros personajes similares”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
Casos notables
Entre los casos paradigmáticos, aparecen en primera instancia los vinculados directamente a Martínez de Hoz como empresario: la siderúrgica Acindar y la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. En la primera firma, Martínez de Hoz abandona el directorio dos semanas antes de que se diera el golpe y deja en su lugar al general retirado Alcides López Aufranc a cargo de la empresa. López Aufranc –fallecido en abril de este año- participó de la represión en una huelga ocurrida el año anterior a su asunción y poco después se jactaba de que 23 empleados ya no darían problemas porque “estaban bajo tierra”. “En el caso de la Ítalo –explica Kosiner- Martínez de Hoz era uno de sus accionistas. Y en un momento en que la política militar se caracterizaba por reducir el gasto público, decidió contradictoriamente estatizar la empresa y pagar cuatro veces más de lo que valía. El Estado compró cables viejos que no tenían ningún valor, hicieron un negociado enorme”.
En el caso del Banco de Hurlingham, veintinueve personas correspondientes al directorio de la entidad fueron secuestradas y llevadas a Campo de Mayo. Allí fueron torturadas e interrogadas por miembros de la Comisión Nacional de Valores, dato que fue corroborado por el juez federal Daniel Rafecas en 2010, a partir de una nota en la cual el Teniente Coronel Raldes agradecía al organismo por los servicios prestados de cuatro técnicos de esa institución.
El caso de Papel Prensa –que permitió el despegue de Clarín hasta obtener una posición dominante en el mercado- también es paradigmático. En ese caso, Lidia Papaleo de Graiver denunció haber sido secuestrada y obligada a vender a precio vil su paquete accionario, tanto ella como los demás socios. Casos como los de las automotrices Ford y Mercedes Benz, donde desaparecieron obreros sindicalizados y militantes, también marcan una clara participación entre los civiles y los militares para la violación de derechos humanos.
Futuro
Celeste Perosino, titular de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central, opina que es necesario continuar abriendo la agenda de los derechos humanos: “Hay que saldar deudas históricas y mirar para la dictadura, porque aquellas políticas proyectaron continuidades en democracia. De hecho, por ejemplo, en la CNV muchos de los que llegaron con los militares siguieron trabajando hasta los 90”. Codianni complementó: “Cuanto más se hable de las cuestiones, más se abran los archivos, más servirá. Aunque sea para la historia y para que las cosas no se repitan. Y, por supuesto, se juzgue lo que tenga que juzgarse”.
El proyecto de Recalde recientemente aprobado había recibido el rechazo de las grandes corporaciones: los primeros en quejarse fueron UIA, IDEA, AEA y la Cámara Argentina de Comercio. Una de las críticas fundamentales fueron que se buscaba perseguir y estigmatizar a los empresarios y que el Poder Legislativo buscaba suplir funciones del Judicial. “La comisión bicameral –respondió Recalde- no juzga, ni lesiona garantías constitucionales ni afectan la división de poderes establecida por la Constitución”.
“Uno podría preguntarse por qué ahora –completa Perosino- Me parece que tiene que ver con una cuestión histórica, hubo otras urgencias de investigar antes de meterse en la pata económica. Hubo que tapar otros baches, tratar de avanzar por lo más urgente, y me parece que eso también tiene que ver con un cambio de poder y hurgar en la pata cívica del asunto”.