Toda persona mayor de edad que lo solicite puede acceder a un tratamiento de fertilización de baja o alta complejidad sin costo alguno. En esa frase se sintetiza la Ley 26.862, que implica que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado deben cubrir ese tipo de intervenciones. ANCCOM dialogó con especialistas en fertilidad y bioética y representantes de organizaciones sociales, para evaluar el grado de cumplimiento de la norma y las asignaturas pendientes.
Isabel de Rolando, directora de Concebir, un grupo de apoyo para personas con trastornos en la reproducción que hace 16 años trabaja para conseguir una código integral sobre derecho reproductivo, resalta: “Fundamos la ONG con otras mamás que habían tenido sus hijos con éstas técnicas. Nosotras luchábamos porque que salga la ley, porque no era democrático que el que tuviera plata pudiese hacer un tratamiento y el que no tuviese plata, no.” La Ley 26.862, sancionada en junio de 2013 y aprobada un mes después, garantiza el acceso gratuito a técnicas de fertilización para concebir un hijo a toda pareja o mujer mayor de edad, sin diferenciar orientación sexual o estado civil. Una persona puede acceder a un máximo de cuatro tratamientos anuales de baja complejidad y hasta tres de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre ellos. Actualmente, un procedimiento con el último tipo de técnicas supera los 60 mil pesos de costo, una barrera determinante para miles de familias.
En Buenos Aires, la ley 14.208 del año 2010 fue la base sobre la que se ampliaron estos derechos a nivel nacional. Las provincias de Río Negro y Córdoba -aunque de manera más restrictiva- contaban con normativas similares.
De todos modos, desde Concebir observan que algunas empresas de medicina prepaga han incluido el tratamiento en el plan médico aunque no lo cubren al cien por ciento, como ordena la ley. Explica Isabel de Rolando: “Lo toman como cualquier medicamento, entonces según el plan te cubre el 40 o el 50 por ciento y no es así.” Reclamos similares se han registrado contra obras sociales sindicales.
Tener códigos
Entre las técnicas reproductivas, las hay de baja y de alta complejidad. Dentro de estas últimas, existe la que implica donación de esperma o de óvulos. En ese sentido, se advierte la falta de una ley específica que defina cuestiones básicas a tener en cuenta. Desde Concebir, De Rolando señala que la Ley dejó sin aclarar los conceptos concernientes a la regulación de la entidad del embrión y del registro de donantes. Al respecto, explica: “La idea original era hacer una ley integral con cobertura, regulación y reglamentación, como veíamos que sucedía en otros países. Pero por cuestiones políticas, acá se desdobló.”
Con la flamante entrada en vigencia del nuevo Código Civil, se regula la voluntad procreacional, que es la facultad de ejercer la maternidad o paternidad en los casos de niños que nacen por medio de técnicas de fertilización artificial en las que se utilizan gametos donados (óvulos o espermatozoides). Pero los derechos que enmarca el Código Civil no se pueden aplicar si no sale una ley especial. Aclara De Rolando: “Es una incongruencia, tendría que haber salido esta ley antes del Código. Somos de la idea de un registro único que garantice el derecho a la identidad de los chicos nacidos. Nosotros luchamos por el derecho a la identidad. Porque la pareja que tiene que ir a donación es adulta y elige, el médico lo ofrece y el donante es donante y sabe lo que hace, pero los niños no.” Este registro garantizaría el libre acceso de la persona nacida a través de estas técnicas a conocer el nombre del donante de gametos para su procreación, sin que esto implique ninguna responsabilidad legal para aquel.
Gustavo Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), analiza la problemática: “La ley terminó siendo una ley de cobertura, sobre quién financia el tratamiento, pero nunca habló de las prácticas de la fertilidad y del embrión. La norma está bien, porque hizo que las prepagas tuvieran que dar cobertura, pero dejó vacante estos temas. Tiene que salir una ley que nos diga a nosotros qué es un embrión, qué se podría hacer con él, cuándo comienza la vida, cuándo se puede donar, qué pasa cuando la paciente se muere, cuantas veces puede donar espermatozoides una persona. Y agrega: “Tenemos mucho miedo que el 10 de diciembre, cuando cambie la Cámara, el proyecto de ley que espera en un cajón del Senado se caiga, y hay altas posibilidades de que eso pase.”
El director del centro de Bioética, Persona y Familia, Nicolás Lafferriere, plantea: “Han sido los laboratorios de fertilización in vitro los que se han visto más beneficiados con esta legislación. Ya que, al no legislar exhaustivamente acerca de las técnicas y parámetros científicos necesarios, se brinda una especie de vacío legal en cuanto al destino de los embriones generados en el laboratorio”. Laferriere también observa una carencia de voluntad política para discutir estos asuntos: “La manipulación para investigación, experimentación, alteración genética e inclusive su destrucción y conservación son materia pendiente de debatir socialmente.”
No cabe dudas que la ciencia ha avanzado muchísimo y enfermedades genéticas que años atrás no eran posible de ser tratadas hoy se pueden prevenir con técnicas de reproducción. Pero, aspectos como el derecho a solicitar el sexo del niño e inclusive, hacer inseminaciones de acuerdo a características genéticas de los dadores de los gametos, son circunstancias muy sensibles que requieren un análisis profundo de varios sectores de la sociedad.
Lucrar en salud
En un reciente informe, la SAMER, el organismo que acredita a los centros privados que realizan tratamientos de fertilización, alerta respecto al modelo de negocio que algunas empresas proponen. Resalta Gustavo Martínez: “Las cinco prepagas más grandes están trabajando en forma corporativa para bajar los costos al máximo. Al ofrecerle volumen de pacientes a los centros privados, disminuyeron el precio de los tratamientos. El problema que vemos en eso, es que el médico puede verse en el compromiso de decidir entre otorgar la medicación justa al paciente o bajar un poco la dosis para compensar con el mayor costo de los insumos importados.” Es decir, como la prepaga le abona al centro de fertilidad un monto por honorarios y otro por la compra de la medicación, que es importada, queda a criterio del médico responsable la manera en la que distribuye ese recurso. Alguno podría especular con retacear el gasto en ese material para mantener su nivel de ingresos.
Para Martínez, el problema de concentrar los casos en pocos centros, “parece banal, pero no lo es”. Y agrega otra advertencia: “La producción de los embriones se hace en incubadoras, que están con un dióxido especial para mantener el pH interno de los medios de cultivo y el pH de los embriones. Si yo abro y cierro mucho la incubadora cambia mucho el pH y la calidad de los embriones producidos. La realidad es que si no se invierte, se está bajando la calidad de lo que se produce y disminuyen así las chances de que las pacientes queden embarazadas. Estás trabajando en contra de los pacientes.”
En nuestro país son 35 los centros privados que atienden tanto a mujeres que realizan el tratamiento de forma particular, como a aquellas derivadas del sistema público para fertilización de alta complejidad. En provincia de Buenos Aires, los hospitales provinciales que cubren la fertilización tienen listas de espera que llegan a tres años para cubrir la práctica. Sin embargo, en la ciudad de Bahía Blanca, se inauguró recientemente, el primer centro en reproducción asistida estatal. Según De Rolando: “Estamos mejor que antes, tenemos un arma para que se cumplan nuestros derechos, que es la ley. Pero todavía falta mucho camino. Antes de la ley nacían 10.000 bebés por año y nuestra proyección es que nazcan 25.000”.