Por Lucas Zalduendo
Fotografía: Facundo Galán

Desde el viernes 21 al lunes 24 una carpa azul, de forma circular, se levantó frente al imponente Palacio de Tribunales, en un costado de Plaza Lavalle. El interior estaba decorado con fotomontajes del empresario Luis Pedro Blaquier, en los que aparecía  vestido de preso. Sentados alrededor de una mesa, un grupo de familiares de detenidos y desaparecidos de Jujuy mantenían una vigilia  junto a miembros de organismos defensores de los derechos humanos y de organizaciones políticas y sindicales, como la Tupac Amaru y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Es la forma de protesta que diseñaron para repudiar el fallo de los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Righi, que benefició al empresario azucarero acusado de colaborar con la dictadura militar en el operativo conocido como “La Noche del Apagón”, donde fueron secuestradas 400 personas, 33 de las cuales permanecen desaparecidas.

El polémico fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación dictaminó la falta de mérito de Blaquier, titular del Ingenio Ledesma,  y del entonces administrador de la empresa, Alberto Lemos, en las causas en las que estaban procesados por violaciones de los Derechos Humanos.  Ambos están acusados de colaborar con tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y con otros veinte que se ejecutaron cuatro meses después, entre el 20 y el 27 de julio.  

Desde el pronunciamiento de esta resolución, los organismos de derechos humanos vienen movilizándose y denunciando, en diferentes instancias, la impunidad que garantiza el Poder Judicial frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por empresarios. A principios de este año se suscitaron cuatro fallos similares al de Blaquier, que impiden juzgar a los sectores de la sociedad civil cómplices de la época más oscura de nuestro país.  

Lo que estamos tratando es de fijar una posición respecto a cómo están marchando los juicios, sobre todo el juicio de La Noche del Apagón” explica dentro de la carpa Oscar Alfaro, sobreviviente de los secuestros del Ingenio Ledesma que se suscitaron hace 39 años. Durante esos días de 1976, se montó un operativo que consistió en sucesivos cortes de luz en la localidad de Ledesma, ocasionados intencionalmente por la dictadura con el objetivo de secuestrar militantes políticos y sociales, gremialistas y estudiantes. La vinculación entre el accionar del Ingenio Ledesma y el aparato represivo no se limitó solamente a permitir los cortes de luz sino que además la empresa brindó listas negras y prestó sus camionetas para el traslado de los secuestrados. “En el fallo de la Cámara de Casación de marzo de este año –recuerda Alfaro- se confirma que existieron las camionetas y que hubo gente que fue llevada a galpones de la empresa, pero dicen que el dueño no lo sabía. Con esa excusa le otorgaron la falta de mérito. Pareciera que hay un acuerdo político de la corporación judicial de no avanzar en los causas contra empresarios”. 

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A metros de la puerta de la carpa hay una bandera blanca que lleva inscripta la consigna de la manifestación: “Repudio Nacional a la impunidad Cívico-Empresarial”. Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, explica  el objetivo del acampe: “Venimos a reclamar la falta de justicia y contra los empresarios que han sido la pata financiera que permitió la magnitud que tuvo la masacre de la Noche del Apagón. Montamos esta carpa en frente de Tribunales para interpelar a la Corte Suprema. Viajamos más de veinte mil kilómetros para que esto avance, y para que la Comisión Interpoderes nos dé una respuesta a los pedidos que formulamos”, manifiesta la militante jujeña haciendo referencia al comité que integran el diputado Remo Carlotto,  el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia Julio Alak, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez y Ana Figueroa, presidenta de la Cámara de Casación. En el momento de su creación, en 2008, la comisión dio un firme apoyo a la continuidad de los juicios que investigan los delitos de lesa humanidad. Ahora, los manifestantes le presentaron un documento realizado por 150 abogados querellantes en este tipo de causas, donde denuncian la falta de salas para los juicios orales, la poca frecuencia de las audiencias y la carencia de personal de investigación, entre otros reclamos.

Además del repudio a la falta de mérito a Blaquier y Lemos, los organismos piden celeridad de las causas ya que además de los tiempos institucionales les preocupan los tiempos biológicos: “Es una lucha contra el tiempo, se mueren los genocidas sin ser juzgados y los compañeros sin tener justicia”, marca Peña.

Los organismos convocantes también pidieron juicio político a los integrantes de la sala IV de cámara de casación: “El Poder Judicial tiene que estar al servicio de los más vulnerables, al servicio del pueblo” manifestó Juan Pablo Haddad de la Comisión de Derechos Humanos del SITRAJU, quienes también participaron del acampe frente a Tribunales.

El repudio de estos cuatro días se extendió también a los fallos que a principio de este año frenaron el avance de otras causas emblemáticas que investigan la complicidad civil en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos figura el caso de Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia, la causa que investiga a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la causa Papel Prensa y el juicio a Agustín Bottinelli, ex jefe de redacción de Para Ti, acusado del delito de coacción por publicar en 1979 una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien entonces se encontraba cautiva en la ESMA y era presentada en ese artículo como “la madre de un subversivo muerto”.

Como un efecto dominó, estas causas y la que imputa a Blaquier pusieron al descubierto las dificultades existentes para avanzar sobre los juicios a los cómplices civiles del terrorismo de Estado. Por esa razón, también participaron de la carpa de protesta trabajadores y delegados de los años setenta de Mercedes Benz, Astarsa, Tensa, Ford y La Cantábrica, empresas que también están acusadas de colaborar con la dictadura militar. “Yo fui delegado en Mercedez Benz durante esos años, soy querellante contra la empresa y nos sumamos a esta carpa contra la impunidad empresarial”, explica Julio D´Alessandro, integrante del colectivo que agrupa a trabajadores y delegados de aquellos años. “En la causa contra Mercedez Benz –agrega- están las pruebas concretas de las listas y del financiamiento que hacían las empresas a los grupos de tareas de la dictadura”.
Llegando a las cuatro y media de la tarde del último día del acampe, hora en que se reunieron por primera vez en el año la Comisión Interpoderes, Remo Carlotto, titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, pasó por la carpa y en declaraciones a ANCCOM sostuvo: “No necesitamos que los familiares de Jujuy vengan a Buenos Aires para hacer una demanda, tenemos que tener una justicia abierta y de diálogo con aquellos que vienen demandando hace tantos años justicia”.