Al marcar el 0800-444-2400 se escucha: “Se ha comunicado con la línea telefónica gratuita para alertar situaciones irregulares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor déjenos su mensaje cuando oiga la señal”.
La implementación de esta línea telefónica gratuita por parte del ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, bautizada por los jóvenes como “0800 buchón”, generó gran repudio entre estudiantes y docentes desde su apertura en 2012. Ese mismo año el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) inició una causa en su contra que, a través de una acción de amparo, logró su restricción. Sin embargo, el 24 de febrero último, la justicia porteña hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y permitió su pleno funcionamiento.
El INADI había interpuesto ante el Gobierno porteño (Expediente N° 45359/0) la acción de amparo, aludiendo al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 2145, “por habilitar una línea de atención telefónica gratuita para recibir denuncias sobre ‘intromisión política’ en los colegios, en tanto dicha medida resulta violatoria de los derechos humanos, de libertad de expresión y de participación política de los alumnos, como así también por su potencial empleo para recabar información sobre la opinión de docentes, directivos y alumnos de dichos establecimientos”. Bajo esos argumentos se solicitaba su invalidez y se ordenaba hacer cesar la realización de su actividad. Asimismo, relataba que la implementación de la medida “amenaza de forma inminente el principio de no discriminación”.
Dos años más tarde, y dos meses antes de las PASO porteñas, la acción de amparo fue rechazada por parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires: “Atento a la generalidad y abstracción del planteo efectuado por la actora y toda vez que el agravio resulta hipotético, considero que existe ausencia de un caso en concreto, por lo tanto, no se observa actividad manifiestamente ilegítima por parte de la administración”. Desde entonces el 0800 “buchón” sigue vigente.
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad expresan en dicha resolución que el objetivo de la línea telefónica es contar con un nuevo canal de comunicación con los alumnos, padres, docentes y toda la comunidad educativa en general “y su finalidad es reforzar la conexión entre los diferentes actores del sistema educativo con el Estado”. Sin embargo el “alerta de situaciones irregulares en las escuelas” y el “reforzamiento y conexión” del que habla el Gobierno porteño, al parecer van en otra dirección.
En este sentido, jóvenes militantes en escuelas secundarias alertan sobre los perjuicios de su reapertura. Ignacio Ibáñez, militante del Partido Obrero y Consejero graduado del Consejo Escolar Resolutivo (CER) de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, expresó que esta línea gratuita es “una aberración gigantesca y no tiene ningún tipo de justificación dentro de una democracia (…) que se haya formado una línea para poder denunciar a quienes hacen política es un problema grande.” Por su parte, Laura Marrone, asesora en educación del bloque de la Legislatura del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Legisladora electa en 2013 de la Ciudad de Buenos Aires, declara que “toda la educación tiene una impronta política porque es parte de la vida de la sociedad, de manera que esta persecución realmente es un atentado contra el derecho mismo a la educación”. Y amplía: “Es curioso que la realice un gobierno como el de (Esteban) Bullrich que acepta y promueve la existencia de la educación privada que es el lugar donde el adoctrinamiento ideológico impera por excelencia. Es decir, allí está naturalizado que exista un recorte ideológico del conocimiento en función de aquello que defina la empresa privada o la iglesia que dirige esa educación, sea ésta católica o judía”.
Azul Mosquera, militante del Frente Nuevo Encuentro y estudiante del Colegio Lenguas Vivas desarrolla: “Lo que hace el ‘0800 buchón’ es contrarrestar el laburo que nosotros venimos teniendo en términos de dar la batalla cultural en los colegios. ¿A qué nos referimos con dar la batalla cultural en los colegios? A politizarlos. Esta línea, lo único que hace es impedir el funcionamiento político y que la juventud se meta en política. Pone trabas porque el Gobierno de la Ciudad tiene un objetivo muy claro: la política, que ese término no exista. Eso es lo que quieren implementar con este ‘0800 buchón’ y es lo que vienen promoviendo en los últimos ocho años”. La militante insiste con el tipo de sujeto social que el macrismo fomenta: “Un sujeto no pensante, un sujeto no político y qué mejor que atacar las escuelas públicas, como día a día lo vienen haciendo (…) Es un paralelismo totalmente opuesto a lo que hizo el Gobierno Nacional, el kirchnerismo en los últimos 12 años, su objetivo siempre fue movilizar y concientizar a las masas y más que nada a la juventud”.
Por su parte, Federico Cantaluppi, militante del Partido Obrero en la agrupación la Izquierda al Frente y de los Trabajadores y actual Consejero Resolutivo del CER de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, disiente: “En la Provincia de Buenos Aires, en muchos casos, está totalmente prohibido -pese a que el Gobierno Nacional hace campaña diciendo que ellos son los motores de la organización de los centros de estudiantes- que los estudiantes hagan política partidaria (…) Es una política de conjunto que comparten los distintos gobiernos, de bloquear las iniciativas del movimiento estudiantil y la capacidad de los jóvenes de discutir política, y los problemas tanto educativos como a nivel nacional”.
Por su parte, Ibáñez plantea que “de la mano de esta situación, muchas autoridades (educativas) impiden el desarrollo de los centros de estudiantes y no les permiten desarrollar sus reuniones de delegados, sus asambleas, ni tampoco mantener sus espacios de centro de estudiantes”.
Efectivamente, lo político en las escuelas secundarias se encuentra en disputa. En este sentido, Lorena Pokoik, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y parte integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura Porteña expresa: «Donde Macri ve intromisión política, nosotros vemos participación política porque como dijo nuestra Presidenta: ‘El mejor lugar para los jóvenes es la política'». Y al respecto del 0800 opina: “Implementar un número de teléfono gratuito para denunciar la participación política de los jóvenes es inadmisible, pero viniendo del macrismo es coherente porque nos tiene acostumbrados a medidas persecutorias: señalar con el dedo a alumnos ‘desobedientes’ que se animan a pensar distinto, o confeccionar listas negras de estudiantes decididos a tomar una escuela en reclamo de mejoras edilicias.»
Laura Marrone comparte el rechazo ante la implementación de esta línea y expresa: “He denunciado el uso del 0800 que instaló el Gobierno de la Ciudad a través de su ministerio de Educación para la denuncia de los estudiantes por persecución política e ideológica (…) La campaña de delación vía el 0800 del PRO es un ataque a la juventud, a su derecho a pensar, a discutir sobre política y más, a organizarse por la defensa de sus derechos y propuestas políticas. (…) Nosotros estamos en contra, y creemos que los estudiantes y los docentes tienen derecho a expresarse políticamente y repudiamos esta decisión”. Asimismo declara que no pueden dejar de reconocer que cuando surgió el 0800 se dio el debate con la aparición de un fuerte movimiento estudiantil con tomas de escuelas que defendían los derechos que estaban siendo atacados por el Gobierno.
A dos meses de su reapertura y pese a no conseguir respuestas de Agustín Bavio, vocero del ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, el Gobierno porteño lo describe como un “canal abierto a las comunidades educativas”. Gran parte de esa comunidad espera que dentro de la escuela se cumpla el derecho humano de la libertad de expresión. Como lo manifiesta el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.