En el marco de los 20 años del plan más importante por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Acción Beijing de ONU Mujeres), 164 países presentaron sus informes nacionales detallando avances, retrocesos y tareas.
En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo aún se presenta como una de las causas principales de mortalidad materna y adolescente. En el apartado La mujer y la Salud se menciona que sólo en 2010 representaban el 21% de las defunciones registradas.
Empero, la problemática “no está en la agenda del gobierno”, según anunció el jefe de gabinete Aníbal Fernández, contradiciendo al nuevo ministro de Salud Daniel Gollán, quien se había pronunciado a favor de un debate maduro sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde 1921 -e incorporado para regular los “delitos contra la vida”-, rige en el país la penalización del aborto con permisos por razones de salud de la mujer. El artículo 86 del código penal explicita que excepto en casos de violación sobre una mujer idiota o demente (abortos sentimentales), o bien cuando corre peligro la vida de la madre (abortos terapéuticos), la interrupción voluntaria del embarazo es un delito con pena de uno a cuatro años de cárcel.
Este tipo de legislación, que opera en países como España, Polonia y Perú, comprende al 13,2% de la población actual.
Pero en estos casos la ley no siempre se cumple. Uno de los principales obstáculos es la organización de la República como un Estado Federal: “Cada provincia tiene sus propias guías o protocolos y así a las mujeres que requieren un aborto legal en una provincia les piden ciertos requisitos que no les piden en otras, siendo éstos, obstáculos para acceder a su derecho de manera igualitaria. Lamentablemente, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reiteró en marzo de 2012, el Ministerio de Salud no ha aprobado el protocolo por resolución ministerial de modo que se garantice su aplicación en todo el país. En este momento solo ocho provincias se adecuaron”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), refiriendo al histórico fallo «F.A.L. s/medida autosatisfactiva», el cual exhorta a todas las provincias a cumplir el protocolo hospitalario sobre abortos no punibles especificados en el código penal. De esta forma, aún se trabaja con guías técnicas inexistentes o restrictivas que están sujetas a otro factor de impedimento: la voluntad y el abuso de poder de los objetores de conciencia personificados en jueces, abogados y médicos que no solo se niegan a brindar la información necesaria sino que imponen su moral y creencias religiosas para obstaculizar y retrasar el proceso avalado por la ley.
Consecuencia directa del manejo libertino de las provincias y la punibilidad de los abortos inducidos -que los llevan a convertirse en inseguros y clandestinos- son los pronunciamientos en contra de la Argentina por parte de distintos organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quienes consideran que el artículo 86 vulnera los derechos de las mujeres por atentar contra la vida, la salud, la seguridad y la autonomía. Otro llamado de atención provino a fines del mes de febrero desde Amnistía Internacional, organización mundial que solicitó en una carta abierta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner -quién más de una vez se manifestó en contra del aborto- que el tema se tratase con suma urgencia en la Cámara de Diputados al ser su despenalización un “imperativo de derechos humanos”.
Aún así, el debate no logra imponerse en el Congreso: “El problema es la falta de voluntad política de funcionarios que responden a sectores resistentes, religiosos o no. La sociedad desde hace años empezó a debatir el tema y lo hizo como resultado de una estrategia de las ONG y feministas que promovieron la denuncia de casos denegados con graves consecuencias para las mujeres”, comenta Bianco. La organización que preside -creada en 1989- informa en sus últimos documentos que la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos en la República Argentina se encuentra en aumento desde 1995.
Parte fundamental de esta estrategia colectiva es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, movimiento activo desde 2005 en el cual convergen más de 300 organizaciones sociales, activistas y militantes. Agustina Vidales Agüero, integrante, comenta sobre sus múltiples iniciativas: “Nosotras ponemos toda la lucha y la fuerza en las calles, en todos los ámbitos y espacios pero eso sirve para meter presión y que se debata en donde se tiene que debatir, en el Congreso. Hace un tiempo los medios y los periodistas no hablaban de esto pero hoy es un tema que importa, que está en la agenda de la sociedad”.
Con un único objetivo, y partiendo desde su lema integral “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, La Campaña desarrolló un proyecto de ley compuesto por 12 artículos.
Antecedentes de este tipo, no existen. En la actualidad -y en materia de salud y libertad reproductiva-, Argentina cuenta con dos leyes nacionales: el programa nacional de salud sexual y procreación responsable (25.673), y el programa nacional de educación sexual integral, parte de la enseñanza escolar (26.150).
Sin embargo, ninguna de las dos parece funcionar con la eficacia esperada: “El presupuesto para educación sexual es ínfimo. Es voluntad de los docentes capacitarse”, sentencia Vidales Agüero. “Ni hablar, por ejemplo, del reparto de métodos anticonceptivos… Esas son leyes que tenemos pero por las que seguimos luchando, porque necesitamos educación sexual para tener relaciones más igualitarias, anticonceptivos para decidir cuándo queremos y cuándo no… Pero la ley de interrupción voluntaria tiene que estar. Tenemos que poder decidir sobre nuestros propios cuerpos”, explica.
En vías de ampliar el poder de elección de todas las mujeres, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no apunta sólo a la despenalización sino también a su legalización. No considerar delito a las prácticas abortivas no es suficiente. Se busca que el Estado garantice el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica en los sistemas de salud público y privado, sin autorización judicial previa a las mujeres de todas las clases sociales durante los primeras doce semanas de gestación: “Es una cuestión de justicia social que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de cuidar su vida y su salud”, opina Bianco y agrega que “las que mueren por abortos clandestinos son en general las más pobres. Las que pueden pagar una intervención segura o recurrir a apoyos para lograr un aborto seguro quirúrgico o medicamentoso lo hacen sin problema, el resto arriesga nada menos que su vida”.
Pero si bien el proyecto cuenta con el apoyo de un gran número de diputados, la pelea es abandonada en los momentos clave de discusión: “En estos diez años llegamos dos veces a que se trate en Legislación Penal, la primera comisión. Pero nunca llegamos a Salud y a Familia. Nunca pasamos de ahí”, cuenta Vidales Agüero. La propuesta fue presentada -y cajoneada- ya cinco veces. “Hay firmantes de todos los bloques que luchan dentro de sus espacios pero eso no se traduce en un avance. La última vez fue un bochorno”, relata sobre lo acontecido el 4 de noviembre de 2014. Ese día hubo muchos diputados ausentes. Nos llevaron a un debate en una comisión que no se daba. Algunos se excusaron pero claramente hubo un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo. Parece que firmar el proyecto es un gesto políticamente correcto que hay que hacer. Me pongo el pañuelo, me saco la foto y ahí se acabó, cuando esa palabra debe valer. Están tomando un compromiso con un montón de mujeres, organizaciones y activistas que estamos luchando todos los días para que este proyecto salga”, critica.
Mientras tanto, entre idas y vueltas, con declaraciones que van y respuestas que vienen, miles de mujeres siguen abortando, lo cual demuestra que el intento de invisibilización y castigo no detiene lo que sucede puertas para adentro de una casa o centro clandestino: “Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo hará de cualquier forma. Que el aborto esté penalizado por la ley no desalienta ni disuade a hacerlo. Por lo tanto la criminalización es una medida absolutamente ineficaz. Sólo sirve para obligar a las mujeres a hacerlo en condiciones inseguras e insalubres”, explica Mabel Bianco.
Esas condiciones son las mismas que, muchas veces, matan. Muertes que el proyecto busca evitar: “Porque no importa si son miles de mujeres las que mueren o menos de cien”, enfatiza Agustina y luego, cuestiona: “Si hay leyes que salen como trámites… ¿por qué tanta resistencia con esta? ¿Es darnos demasiada libertad? Es una pelea dura. Pero justamente por eso hay que darla”, cierra.
El próximo round será en 2016.
Las fotografías fueron realizadas por el equipo de reporteros gráficos de ANCCOM integrado por: Romina Morua – Noelia Pirsic – Deborah Valado – Andrés Wittib – Daniela Yechúa